Ciudad Juárez, Chihuahua.— Violaciones al debido proceso, alteraciones a las escenas del crimen, incomunicación de los detenidos, tortura, son algunos de los actos en los que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) incurren en su actuar diario.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua ha documentado que, por lo menos en los últimos cinco años, estas instituciones han ocupado los primeros lugares en violaciones graves a los derechos humanos, por haber cometido diversos actos contra la la legalidad y seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, y libertad, principalmente.
Hasta noviembre, el organismo público autónomo registró 615 quejas ante las oficinas regionales en todo el estado: 265 en Chihuahua, 190 en Juárez, 52 en Parral, 47 en Cuauhtémoc, 31 en Delicias y 20 en Nuevo Casas Grandes.
El visitador titular de la oficina de la CEDH en Juárez, Eduardo Sáenz Frías, aseguró que de las 190 quejas en trámite registradas en el municipio, 98 son en contra la SSPM de Juárez y 50 son en contra de la FGE. Es decir, juntas acumulan el 78 por ciento de los procedimientos contra actos violatorios de derechos humanos en la localidad.
Esa ha sido la tendencia estatal en los últimos cinco años. La FGE aparece como la autoridad estatal que más quejas ha acumulado desde 2017, mientras que la Presidencia Municipal de Juárez (principalmente por las denuncias en contra de la SSPM) se ubica en algunos años en el segundo (en 2020) o tercer lugar (2019, 2018 y 2017)
“Cuando hablamos de Presidencia Municipal, la autoridad que encabeza las quejas es Seguridad Pública, pero también está Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, Contraloría, la Secretaría del Ayuntamiento, que son mínimas las quejas, pero también existen (…) sin embargo, un 80 por ciento se concentra en la Policía Municipal”, explicó Sáenz Frías.
El organismo señala que los principales actos violatorios son el uso excesivo de la fuerza pública; intimidación o amenazas; trato cruel e inhumano; faltar a la legalidad; prestar indebidamente el servicio público; y lesiones.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 (que genera información sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de su libertad en centros penitenciarios) reveló que 4 mil 199 de 9 mil 542 personas recluidas en Chihuahua sufrieron agresiones físicas que fueron permitidas o cometidas por la policía o autoridad en su contra después de la detención. Por otra parte, 5 mil 579 personas sufrieron algún tipo de acto de violencia psicológica que fueron realizados o permitidos por la policía o autoridad después de la detención.
Un ‘hoyo negro’ de violaciones a los derechos humanos
Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas, han presenciado y documentado algunas de las violaciones a los derechos humanos por parte de la FGE y la SSPM, que no solo violentan a las mismas víctimas físicamente, sino que no respetan el debido proceso e impiden el acceso a la justicia y la verdad.
La directora de la asociación civil Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo Nava, dijo que “parece que existe un hoyo negro (en la Fiscalía de Distrito Zona Norte) en el que cualquier acto que pasa ahí, actos de maltrato, tortura, como los que refieren personas que están internadas en los Ceresos (…) una vez que pasas por ahí, no sabes qué más ocurre”.
La defensora comentó que en el caso de la Policía Municipal se han registrado detenciones arbitrarias, detenciones ilegales donde hay corrupción, intimidación con imputarle delitos a personas, siembra de evidencia, casos de tortura, mientras que con la Fiscalía es muy común que realicen detenciones arbitrarias argumentando que están realizando alguna investigación.
Carla Palacios Flores, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), explicó que las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades no siempre son tan evidentes, como en los actos de tortura y detenciones arbitrarias. También existen afectaciones al debido proceso que impiden a las familias de víctimas encontrar justicia y verdad.
“Tenemos completa certeza de que la Fiscalía comete violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada. Es decir, no únicamente tortura, sino toda clase de violaciones a derechos humanos que va desde lo más grave (que son las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la incomunicación de las personas que son detenidas, las exhibición publica de las personas que son detenidas) a cuando se les niega el derecho a participar activamente en sus casos”, sostuvo Palacios Flores.
La defensora de derechos humanos del CDHPN recordó el caso de una víctima de desaparición forzada en 2012 por parte agentes ministeriales de la Fiscalía Zona Norte, en el que la familia del joven solicitó la sábana telefónica (comportamiento telefónico) con la intención de conocer las geolocalizaciones de las llamadas que se realizaron al celular, pero se hizo mal el procedimiento.
“Ministerio Público hizo la solicitud, pero no la hizo con la temporalidad que la familia requería, es decir, lo solicitó desde un año atrás y no solicitó en las fechas de desaparición, y por más que la familia intentó constantemente que el Ministerio Público obtuviera esas pruebas, el tiempo transcurrió y la compañía telefónica eliminó todos los datos de dichos teléfonos y es una prueba que ya no puede ser subsanada. Ese material es imposible obtener”, explicó Carla Palacios
Marrufo Nava explicó que hace algunos años Red Mesa de Mujeres defendió a una mujer que había sido sentenciada por un homicidio, pero en el que la Policía Municipal alteró la escena del crimen y la “declaró culpable” públicamente, violando la presunción de inocencia; por otra parte, dijo que la FGE tenía la consigna de “hundirla”.
“Nosotras pudimos dar todos los argumentos y en segunda instancia los magistrados que conocieron del caso hicieron referencia a todas estas inconsistencias e irregularidades de la actuación del primer respondiente (la SSPM)”, explicó la Marrufo.
Urgen voluntad, sanciones y vigilancia constante
Ambas defensoras s coinciden en que se requiere voluntad política, interponer sanciones y una vigilancia constante para mitigar las violaciones a los derechos humanos por parte de las corporaciones.
Carla Palacios aseguró que es indispensable que se sancione a los funcionarios que no actúan de manera adecuada, con respeto a los derechos humanos, desde las violaciones más graves hasta las menos evidentes, que también tienen un impacto importante en los casos.
Además, sostuvo que las autoridades estatales y municipales deben establecer mecanismos de evaluación de su trabajo.
“(Deben informar) qué están haciendo con los protocolos, pero además qué avances has tenido en tu trabajo, y claro, romper con el silencio cómplice que hay al interior de las instituciones, que no se encubra a las personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como tortura, como desaparición”.
Imelda Marrufo Nava señaló que se necesita compromiso político para hacer cumplir la ley y que se giren las instrucciones necesarias para erradicar definitivamente los actos que violentan a los derechos humanos.
Investigación por una Mejor Ciudad
