Ciudad Juárez, Chihuahua.— Familiares de víctimas de desaparición forzada que integran el colectivo ‘Familias Unidas por la Verdad y la Justicia’ y representantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) se manifestaron hoy frente a las instalaciones del Laboratorio del Servicio Médico Forense (Semefo), para exigir que se les permita verificar los cuerpos que permanecen sin ser identificados.
La manifestación incluyó la instalación de un altar en honor a las personas que permanecen en ese lugar y la colocación de moños negros en la entrada principal del Semefo.
“Lo estamos haciendo en conmemoración del Día de los Muertos, y lamentablemente en estas instalaciones (del Semefo) se guardan muchos cuerpos identificados o no, pero que son cuerpos de seremos humanos. Quisimos el día de hoy hacer un altar en la memoria de esos cuerpos, que muchos de ellos son olvidados y van a parar a fosas comunes”, dijo la directora ejecutiva del CDHPN, Silvia Méndez.
Acto seguido, se dio lectura a un pronunciamiento en el que el colectivo y el CDHPN denunciaron las omisiones de las autoridades investigadoras, así como su inconformidad ante la nula respuesta del Semefo a las peticiones de los familiares de víctimas.
“Este proceso dificulta, entorpece y burocracia el camino en la búsqueda de nuestros desaparecidos. El Ministerio Público no da resultados de investigaciones realizadas, son las familias las que aportan los elementos para la búsqueda”, se lee en el comunicado.
Asimismo, los familiares tomaron la palabra durante la manifestación para exigir justicia y remembrar los casos en los que el Semefo ha fallado en la identificación de correspondencia genética entre cuerpos no identificados y víctimas de desaparición.
“En concreto tenemos la experiencia de dos casos. En uno de ellos el cuerpo de un joven desaparecido permaneció 7 años y medios en estas instalaciones, siendo que sus familias venían casa 8 días a identificar los cuerpos que iban ingresando”, señaló Méndez.
Se trata del caso de Víctor Manuel Baca Prieto, quien en 2009 fue aprehendido por soldados y posteriormente asesinado. Fue hasta 2016 que el Servicio Médico Forense reconoció que había correspondencia genética con uno de los cuerpos que resguardaba.
Por lo anterior, el CDHPN y el colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia demandan:
- Que se informe el número de personas que permanecen en calidad de desconocidas dentro del Semefo desde 2010 a la fecha.
- Que se informe el número de levantamiento de cuerpos y/o restos que el Semefo ha realizado en fosas clandestinas.
- Que se informen los criterios empleados para depositar los cuerpos en fosas comunes.
- Que se cuente con equipo multidisciplinario en el área de odontología forense y otras áreas científicas.
- Que los casos del colectivos sean tratados de forma conjunta.
- Que se abra una mesa de trabajo permanente para revisar todos los cuerpos, objetos, fotografías y prendas de vestir de 2010 a la fecha.
- Que la Comisionada Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada de graves violaciones a los Derechos Humanos atiendan las reuniones de trabajos a las que se habían comprometido.
Las exigencias se sustentan en el artículo 183, fracción VIII, se la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en la que se establece el derecho a “ser informados de forma diligente sobre los resultados de identificación o localización de restos, en atención a los protocolos en la materia“.
De acuerdo con Maricela Vázquez Sánchez, abogada del CDHPN, los familiares buscan que les sea permitido revisar los cuerpos y las evidencias de los casos de forma conjunta y no individualmente, como lo propone el Semefo.
Son 10 las familias que esperan poder revisar los cuerpos, principalmente aquellos que han sido localizados en rastreos realizados por las autoridades en las zonas del Cerro del Caballo, el Arroyo del Mimbre y el Valle de Juárez, donde presumen que sus familiares desaparecieron.
Hasta el momento, el Semefo se ha negado a informar al colectivo y al CDHPN cuántos cadáveres permanecen a su resguardo, ya que, argumentan, es información reservada que debe ser aportada directamente por el Fiscal General.
Investigación por una Mejor Ciudad
