Decretan alerta por violencia de género en Chihuahua

Ciudad Juárez, Chihuahua.— Hoy en una acción histórica se declaró la alerta por violencia de género contra las mujeres en cinco municipios del estado: Chihuahua, Juárez, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo. Luego del trabajo de dos años y de más de 60 reuniones de trabajo, el pasado 11 de agosto el grupo interinstitucional conformado para el estudio y análisis de la situación de los derechos humanos de las mujeres en Chihuahua entregó el informe final con todas las recomendaciones necesarias para activar la declaratoria de alerta. “Este es un día histórico para el estado de Chihuahua, es un día histórico para las mujeres”, dijo la doctora Sandra Bustillos Durán, integrante del grupo de trabajo. Debido a la particularidad del estado, que tiene dos décadas acumulando recomendaciones internacionales, nacionales y de la exigencia civil, se tuvo que implementar una metodología nueva para realizar el trabajo, explicó la académica que habló en representación de sus colegas investigadoras. “Retomamos el camino ya andado por colectivos fuertes, experimentados, sólidos y claros en sus propuestas. Nosotras no inventamos nada, recogimos todo lo que había en el camino y lo hemos puesto a disposición de quien va a hacerlo funcionar”, comentó. El grupo de investigadoras partió desde la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —conocida como la Convención de Belém do Pará— para reconsiderar los más altos estándares del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. En el texto se mencionan diversas problemáticas que deben ser atendidas por los tres órdenes y poderes de gobierno, como la impunidad que prevalece en los casos de violencia contra las mujeres y que debe ser atendida desde el poder judicial, instancias de justicia administrativa, centros laborales, educativos, comunidades y familias.  “Una tarea central es erradicar la violencia institucional que nos encontramos en muchos ámbitos pues con los obstáculos que crea para acceder a los derechos y a la justicia, lo que genera es la perpetuación de esta violencia contra las mujeres”, dijo Bustillos Durán. Además, en el informe, que analiza en lo particular a los cinco municipios para brindar propuestas específicas, recalcan la importancia de la coordinación que debe existir entre gobiernos para darle continuidad a programas o acciones y que estas brinden resultados positivos. “Recomendamos la urgencia de la escucha y coordinaciones entre poderes de gobierno para que junto con la sociedad civil y academia podamos dar ejemplo de que efectivamente es posible erradicar la violencia feminicida y que la igualdad y la libertad, como principios de relaciones entre todas las personas, sí son vivibles y sí son realizables” concluyó. Anabel López Sánchez, directora general para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política del Instituto Nacional de las Mujeres, definió la alerta de género como “un mecanismo de protección de derechos humanos, dirigido a detener la última expresión de la violencia contra las mujeres que es la feminicida”.  “Este es el informe para un proceso de solicitud de declaratoria de alerta que más recomendaciones ha dirigido al ámbito municipal porque estamos convencidas que en este espacio, en lo local, es donde las mujeres tienen condiciones o no para el ejercicio de sus derechos”, recalcó. Por ello una recomendación consiste en que los municipios, específicamente los cabildos, otorguen el presupuesto necesario para que sus instituciones cumplan eficientemente con sus obligaciones y atiendan otras de las recomendaciones establecidas en el texto. También recomiendan fortalecer las capacidades del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (IchMujeres) para facilitar su función de atención y seguimiento a la política estatal en material de violencia contra las mujeres, así como actualizar los reglamentos de bando de policía y buen gobierno (o sus similares) incorporando la perspectiva de género en los cinco municipios. Y una de las recomendaciones principales: garantizar la participación de la sociedad civil que trabaja a favor de las mujeres, “no solo como un reconocimiento a su lucha, sino como un reconocimiento al trabajo cotidiano y a la experiencia que tienen en esta tarea de prevenir y atender la violencia”, indicó López Sánchez. El gobernador Javier Corral Jurado informó que desde el día que recibió el informe con las recomendaciones su administración emitió un oficio a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) para que de una vez se decretara la alerta por violencia de género en el estado.  “Hemos pedido que se decrete de una vez porque queremos dejar patente en esta administración nuestro compromiso con las mujeres, porque para nosotros la alerta, además de ser dentro de las políticas públicas que se implementan para compartir la violencia feminicida —este es el instrumento sin duda alguna más eficaz y más importante de todos ellos— además nosotros concebimos la alerta de género como un reconocimiento a la lucha de las mujeres de Chihuahua”, enfatizó. Con la alerta por violencia de género, que proporciona herramientas eficaces para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, se reconoce y podrá atender esta problemática, agregó.  Finalmente opinó que es necesario quitar los prejuicios de las alertas por violencia de género contra las mujeres, ya que para atender una problemática esta debe visibilizarse.  Al evento también acudió la magistrada Angélica Sánchez Córdova, representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Emma Saldaña Lobera, directora del IchMujeres; la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presidenta del Congreso del Estado; Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México; María Fabiola Alanís Sámano, comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General de Chihuahua; Luis Fernando Mesta Soulé, Secretario General de Gobierno y Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobierno.