Congreso aprueba aumento de penas a quienes dañen y roben escuelas

Chihuahua.— El Congreso del Estado aprobó este martes una reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua para aumentar las penas para las personas que dañen o roben instituciones educativas, ante la persistencia de estos delitos y sus afectaciones en los últimos años. El dictamen presentado por la Comisión de Justicia, aprobado por unanimidad, contempla penas de hasta 13 años de cárcel por robo y hasta seis años por daños a instituciones educativas. El diputado panista Carlos Alfredo Olson San Vicente informó durante la presentación de la reforma al Código Penal que en 2020 se abrieron 161 carpetas de investigación por robo a escuelas, cifra que aumentó en el 2021 con el registró de 242, situación que afecta a toda una población escolar. Del año 2016 a la fecha hubo un total de mil 421 carpetas, señaló. El legislador dijo que el robo, principalmente, implica una afectación al servicio educativo, y por lo tanto la efectiva garantía del derecho humano a la educación, además del derecho a la información y sus tecnologías. “Es por todo esto que consideramos el robo a escuela como un delito pluriofensivo, ya que no solamente daña el patrimonio, sino que lesiona otros bienes jurídicos, que incluso podrían ser de mayor valía, ya que lesionan o ponen en peligro aquellos derechos humanos que sirven como instrumento para el adecuado ejercicio de una educación de calidad”, sostuvo Olson San Vicente en el Pleno. El documento aprobado por el Congreso del Estado señala que, cuando el robo recaiga sobre bienes de instituciones educativas, se aplicarán de 3 a 13 años de prisión. Sin embargo, Olson San Vicente destacó que si se suman las hipótesis de los artículos 208 y 211(fracciones IX y X, cuando se afecte o suspenda la prestación de un servicio público) del Código Penal, podrían ser de 4 años 6 meses a 26 años de prisión. Asimismo se contempla una reforma al Artículo 238 Bis para que se aplique prisión de 6 meses a 6 años y de 750 a mil 200 cincuenta días multa al que cause destrucción o deterioro de un bien mueble o inmueble protegido o declarado Patrimonio Cultural o sobre bienes de instituciones educativas. El dictamen con carácter de decreto de la Comisión de Justicia fue aprobado con 26 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones por parte de las legisladoras y legisladores.