Ciudad Juárez, Chihuahua.— En opinión de Santiago González Reyes, el abogado que ayer presentó un amparo en contra de la mina a cielo abierto que se pretende instalar en Samalayuca, el proyecto representa un grave riesgo para el medio ambiente y el patrimonio arqueológico e histórico de la región.
Acompañado por un grupo de ciudadanas y ciudadanos que se pronunciaron en contra de la mina —con pancartas en las que se leían mensajes como “La mina contamina”, “La vida es primero, fuera el proyecto minero” y “Para agua tomar, no hay que detonar”—, González Reyes acudió ayer a las oficinas del Poder Judicial de la Federación.
Ahora, el también visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tratará de probar su interés legítimo en el tema y que con la instalación de la mina se estarían violando sus derechos al medio ambiente sano, la salud, el desarrollo humano y el desarrollo económico, y también derechos culturales en cuanto a la preservación de sitios arqueológicos, históricos y de interés para la comunidad.
El abogado explica que, a pesar de que el lugar había sido declarado como un área protegida por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y una zona arqueológica por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hace poco un grupo de ejidatarios de la región se amparó contra este acto de autoridad para iniciar los trámites para la instalación de la mina.
“Por alguna razón poco explicable, contrataron a los despachos más caros del país”, dice González, quien asegura que el propio presidente seccional de Samalayuca, Javier Meléndez Cardona, tendría interés personal en el proyecto porque tiene una a granja en el ejido Ojo de la Casa, donde se pretende instalar la mina ‘Gloria’, a cargo de la empresa canadiense VVC Exploration Corporation, para la extracción de cobre.
El abogado relata que, tras visitar a unos amigos en Samalayuca, se enteró de que Javier Melendez se encontraba en Canadá y conocía su intención de reavivar el proyecto que data de 2014. Asegura además que es falso que los “candados ambientales” mencionados por el presidente seccional realmente protejan a la región de la devastación de la industria minera.
“Javier Melendez plantea que se va a volver a tapar. Es falso, nunca en la historia de la minería se ha podido tapar un tajo porque, para empezar, mover las miles de toneladas para sacarlas y procesarlas es todo el costo de operación de la mina; duplicarían el costo si movieran todo ese material para regresarlo”, dice González.
Asimismo, opina que los empleos que se generarían serían inaccesibles para sus habitantes por el grado de especialización que requieren y que, por el contrario, la mina eventualmente resultaría en perjuicios para los agricultores.
“A estas alturas se requiere de mucho menos personal que antes. Ya no es un pico y una pala. Ni la gente de Samalayuca ni la gente de Juárez está capacitada en ese tipo de industria. No somos un pueblo minero. Ya tienen la termoeléctrica, la cementera, y entre las dos superan por mucho la población de Samalyuca, y sigue habiendo desempleo”.
González Reyes dice que el tema más preocupante es el del agua, por el riesgo de contaminar el llamado Bolsón del Hueco, acuífero que dota la mayor parte del agua para Juárez y El Paso. Advierte que, si se contamina por la instalación de la tepetarera sobre terreno arenoso, “nos quedaríamos sin nada“.
El daño ambiental producido por la mina, dice, lo notaríamos al poco tiempo de su apertura. La gran cantidad de toneladas de tierra que se moverían generarían polvo y polución. “Vamos a empezarlo a notar cuando salgamos de nuestras casas y encontremos los vehículos con una pequeña capa de polvo”.
Santiago González asegura que comenzó a trabajar en el amparo para “poner un granito de arenaa”. Sabe que una industria como la minera, tan difícil de regular y fiscalizar, no será fácil de detener. Duda de la especialización de los jueces en temas ambientales y está consciente de que, al no ser habitante de Samalayuca, su interés legítimo será puesto en entredicho.
“No estoy pensando en perder, pero no soy ingenuo. Sé que son miles y miles de millones de dólares y que lo que decide esto no es la razón sino la voluntad de una persona. Si ya le quitaron el carácter de área natural protegida e histórica, ¿no podrán quitar a una persona que no vive en el lugar?”.
Investigación por una Mejor Ciudad
