Wilson sobrevivió al incendio del 27M, pero a más de 3 años continúa sin una reparación del daño integral

Por Abraham Rubio / YoCiudadano

Ciudad Juárez, Chihuahua.– Wilson Juárez tenía 21 años cuando agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) lo detuvieron cerca del bordo fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Tenía el sueño de cruzar a Estados Unidos, conseguir un trabajo, formar una familia y ayudar en la economía de sus padres en Coatepeque, un pueblo de Guatemala. Sin embargo, ese sueño se quedó encerrado en una celda el 27 de marzo de 2023.

Aquella noche el incendió en la estancia migratoria de Juárez mató a 40 hombres en contexto de movilidad humana y dejó 27 heridos con secuelas para toda la vida. Wilson fue uno de ellos.

Hoy tiene 24 años, vive en Guatemala con su mamá y su papá, y de acuerdo con Blanca Navarrete García, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), es el sobreviviente con mayores afectaciones físicas, con un impacto que también ha alcanzado su salud emocional.

El joven guatemalteco vive con atrofia muscular, daño renal y, desde hace unos días, crisis convulsivas que no había vivido en tres años.

Mientras la atención médica de Wilson sigue sin ruta, organizaciones apelan la exoneración del excomisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, debido a que no hay una reparación integral para los sobrevivientes como él ni los núcleos familiares de víctimas del incendio.

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Una vida sesgada

Wilson vive con atrofia muscular en manos y pies. En lugar de proveer a la economía familiar, cómo tenía pensado, ahora depende de su madre y padre para hacer cosas cotidianas, como preparar comida. La atrofia muscular en sus manos no le hace posible estar frente a una estufa ni prepararse él mismo sus alimentos.

Tras el incendio estuvo internado en el Hospital General de Juárez, donde sufrió dos paros cardiorrespiratorios, fue intubado y se le practicó una traqueotomía.

Según Navarrete, el expediente médico muestra que en ese hospital ya tenía el alta y permanecía ahí solo mientras se gestionaba su traslado a Estados Unidos. En ese periodo, poco más de un mes y medio, nunca lo atendió un especialista en rehabilitación física ni de lenguaje, lo que pudo agravar la atrofia, denuncia.

Ingresó en ambulancia a El Paso, Texas, con un permiso humanitario y permaneció casi dos años en esa ciudad. Durante más de un año recibió rehabilitación física pagada por el albergue Casa Papa Francisco. También se sometió a una cirugía de tendones cerca de los tobillos para dar flexibilidad y soporte a sus piernas.

Sin embargo, la movilidad que tenía antes del incendio no regresó.

Blanca cuenta que Wilson solo podía decir con dificultad "sí" y "no", pero, tras meses de terapia de lenguaje, hoy sostiene una conversación, aunque todavía le cuesta pronunciar algunas palabras.

La directora de DHIA explica que la inhalación excesiva de humo durante el incendio del 27M le provocó una intoxicación que dañó sus riñones y su cerebro.

“Antes de salir de El Paso también había sido revisado por un nefrólogo y este había manifestado que estaba disminuida la capacidad de filtración de sus riñones. Entonces, nos preocupa que esto se haya ido agravando”.

Sin embargo, Navarrete indica que el Estado mexicano nunca le ha garantizado a Wilson estudios con especialistas para determinar con certeza el daño neurológico ni para saber si la intubación y la falta de rehabilitación temprana son posibles causas de sus afectaciones.

Este mes, la mamá de Wilson informó a DHIA que su hijo había tenido crisis convulsivas, algo que nunca le había ocurrido, mientras que los dolores de cabeza se volvieron más frecuentes y solo orina dos veces al día.

En tres años y medio, una sola revisión médica

Ante el agravamiento del estado de salud de Wilson, DHIA envió oficios reiterados a la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el INM, para advertir que cualquier daño a la integridad o la vida de Wilson sería su responsabilidad, pues ya había sido solicitada con anterioridad.

El área médica de la CEAV fue la única que contactó a la organización y realizó una entrevista con personal médico y psicología, en la que Wilson explicó con su propia voz sus padecimientos físicos y emocionales. Fue la primera vez en más de tres años y medio que el Estado mexicano le hizo una revisión, señala Navarrete.

De hecho, asegura que la CEAV no le había realizado estudios y aun así fijó la compensación económica de Wilson y del resto de los sobrevivientes en el procedimiento penal por graves violaciones a derechos humanos ante la CNDH.

Para hacerlo, a Wilson solo lo entrevistó una trabajadora social por videollamada, no lo revisó personal médico ni de psicología, sostiene Navarrete: "¿Cómo determinaron una compensación si no conocen las afectaciones?".

DHIA ha solicitado copia del expediente y la opinión técnica con la que se calculó el monto, pero ni la organización ni Wilson las han recibido. En tanto, la salud del joven guatemalteco se ha agravado y no existe una ruta clara de atención.

No se sabe si la atención médica será en México o en Guatemala, como se contemplaba en la recomendación de la CNDH, ni si se hará alguna gestión ante las autoridades consulares de su país, indica la directora de la organización.

No es el único sin atención

El caso de Wilson no es el único. DHIA ha solicitado a la CNDH la atención médica para al menos cinco sobrevivientes, pero algunos viven en Estados Unidos y no pueden salir del país porque tienen solicitudes de asilo en curso.

Entre ellos está otro joven guatemalteco que sufrió una quemadura severa en un brazo, cuya herida se infectó por una presunta negligencia en el hospital de Ciudad de México, y terminó en amputación. La CEAV le reembolsó la cirugía realizada en Estados Unidos, pero nunca le ha dado una prótesis, asegura Blanca Navarrete.

Así mismo, la compensación no contempla a las familias de las víctimas ni sobrevivientes con afectaciones, que hoy asumen tareas de cuidado.

"Los núcleos familiares de los sobrevivientes y de los fallecidos son las víctimas olvidadas de este caso", cuenta.

Apelaran exoneración de Garduño

Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del INM y el funcionario de mayor rango imputado en la causa penal 237/2023, fue exonerado el 13 de octubre por el juez Hernández Calderón, quien dio por cumplidas las condiciones que le impuso hace un año y medio para la otorgarle la suspensión del proceso, entre las cuales está la atención médica de las víctimas.

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Navarrete cuenta que para acreditar la atención médica a las víctimas, tanto la defensa de Garduño presentó un convenio entre el INM y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero ese convenio solo cubre la atención en México, mientras que la recomendación de la CNDH contempla expresamente la atención en los países de origen.

Cuestiona su viabilidad, puesto que las víctimas no conocen su número de seguridad social, la clínica familiar se asigna según domicilio y las citas con especialistas tardan meses. Así mismo, nadie ha explicado si se pagarán traslados o estancias en México a quienes están en otros países.

Tras ser cuestionados en la audiencia, ni Garduño ni su defensa respondieron esas preguntas, y el juez tampoco las planteó, indica la directora de DHIA.

Tras el fallo, la defensa de las víctimas anunció que apelará el fallo e indicó que aún hay amparos sin resolver, por lo que considera que la extinción de la acción penal no está firme. Las víctimas solicitaron una audiencia de aclaración de agravios ante el Tribunal Colegiado de Apelación, a la que Garduño tendría que acudir nuevamente en Ciudad Juárez.