Exoneración de Garduño confirma que en México la justicia es selectiva: organizaciones
Organizaciones que acompañan a familias de víctimas y a sobrevivientes dijeron que la resolución les niega el derecho a la verdad y a la reparación integral. También recordaron que 15 mujeres sobrevivientes siguen sin ser reconocidas como víctimas.
Por Abraham Rubio / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.– Organizaciones de la sociedad civil que acompañan a familias de fallecidos y sobrevivientes del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez rechazaron la decisión judicial que extinguió la acción penal a favor del excomisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.
"Las víctimas no perdieron un caso: ayer volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder", señalaron la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas.
Francisco Garduño Yáñez fue vinculado a proceso en abril de 2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público tras el incendio del 27 de marzo de la estancia migratoria de Juárez –que estaba bajo su responsabilidad–, donde murieron 40 personas migrantes y otras 27 resultaron lesionadas.
En enero del 2025, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón le otorgó a Francisco Garduño el beneficio de una salida alterna a la causa penal 237/2023, para evitar que el caso avanzara a un juicio oral, esto es la suspensión condicional sujeto a que en un plazo de 18 meses cumpliera con ocho acciones o condiciones, entre ellas la supervisión de estancias migratorias, la reparación del daño a las víctimas y una disculpa pública.
Finalmente, el mismo juez decidió extinguir la acción penal al considerar que cumplió con las condiciones interpuestas al excomisionado.
Las organizaciones aseguraron que la resolución "confirma que en México la justicia es selectiva".
Las organizaciones afirmaron que eximir a Garduño, quien actualmente exfuncionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), "demuestra que el sistema opera para proteger a los poderosos y no para garantizar los derechos de las personas en movilidad; la impunidad institucional sigue siendo el sello en casos graves de violaciones a derechos humanos".
Consideraron que la resolución revictimiza a las familias de los 40 fallecidos y a las personas sobrevivientes, negándoles el derecho a la verdad y a una reparación integral.
Las organizaciones enfatizaron que el incendio era prevenible y dejó secuelas de por vida a 27 personas; además que 15 mujeres sobrevivientes aún no han sido reconocidas como víctimas por el Estado mexicano.
"No normalizaremos la impunidad. Exigimos justicia real, memoria y garantías de no repetición", concluyeron en su posicionamiento.
Después de la audiencia, la defensa de las víctimas anunció que apelará el fallo. También señaló que aún hay amparos sin resolver, por lo que considera que la extinción de la acción penal no está firme.
Fue una decisión del juez: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló del tema ayer en su conferencia matutina, donde dijo que la extinción de la acción penal fue una determinación del juez tras "una investigación muy profunda de las responsabilidades de cada persona".
Agregó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se atendió "la reparación de daños, todo lo que tenía que ver con las víctimas y la investigación de las responsabilidades".
Sin embargo, el 19 de enero, la mandataria nombró a Garduño Yáñez director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP.
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