Señalan ante CIDH al Estado mexicano por vulnerar a niñez y adolescentes repatriados

Por Abraham Rubio / YoCiudadano

Ciudad Juárez, Chihuahua.– Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la creciente vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes (NNA) frente a las redes de tráfico de personas en la frontera norte y los procesos de retorno implementados por el Estado mexicano que están vulnerando los derechos de los menores.

La audiencia –solicitada por Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), Human Rights First y Hope Border Institute– abordó el pasado 3 de agosto la preocupación por el empleo de menores de entre 11 y 17 años como reclutas de los grupos delictivos para labores de monitoreo, vigilancia de casas de seguridad y facilitación de cruces irregulares hacia Estados Unidos.

El Estado mexicano sostuvo que desde 2023 existe un reconocimiento oficial de que estos menores no son delincuentes, sino víctimas de trata de personas en la modalidad de reclutamiento forzado.

Durante su intervención, las autoridades mexicanas señalaron la implementación de la estrategia "México te abraza" y la reciente aprobación, en junio de 2026, de una Estrategia Nacional para la Protección Integral de NNA en contextos de movilidad humana. Además, sostuvo que sus acciones se basan en el interés superior de la niñez y en programas sociales que buscan atender las causas estructurales, como la pobreza y la deserción escolar, para evitar que los menores sean captados por la criminalidad.

Sin embargo, las organizaciones peticionarias señalaron que las medidas implementadas por el Estado no han garantizado una restitución efectiva de derechos y han generado una "doble afectación" a NNA.

Por una parte, las personas menores crecen en sectores urbano de la frontera expuestos a la deserción escolar, consumo de sustancias, pobreza y omisión de cuidados, contexto aprovechado por el crimen organizado para reclutarlas para actividades ilícitas; por otro, al ser interceptados por las autoridades, son catalogados bajo la figura de infractores del delito de tráfico de personas y procesa a los adolescentes en lugar de tratarlos como las víctimas.

En la audiencia, las organizaciones aseguraron que el Estado mexicano está aplicando medidas punitivas como el "retorno al sur" contra las NNA: realiza el traslado aéreo de adolescentes desde la frontera norte hacia entidades del sur del país, como Tabasco, Chiapas y Yucatán.

Además, denunciaron que este procedimiento se realiza bajo un acuerdo opaco con Estados Unidos y que, en la práctica, constituye una sanción encubierta que separa a los jóvenes de sus núcleos familiares sin un debido proceso.

"Estos procesos de retorno a ciudades distintas de lugar de origen apuntan a la existencia de medidas de carácter punitivo que criminalizan a los adolescentes", indicó Fernando Loera, de DHIA.

Las organizaciones también señalaron la falta de protocolos especializados para atender las necesidades de este perfil de adolescentes, así como, una brecha alarmante entre el marco normativo y la realidad operativa, pues las procuradurías de protección en los estados receptores del sur no suelen coordinarse con las de los estados de origen para garantizar planes de restitución de derechos efectivos.

 En respuesta, el Estado defendió estos traslados argumentando que buscan alejar a los menores de los entornos de riesgo inmediato en la frontera: "ningún traslado, retorno o reubicación de una niña, niño o adolescente en contexto de movilidad es llevado a cabo sin que haya una determinación individualizada, documentada y motivada", aseguró César Villanueva Esquivel, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

La CIDH, a través de sus relatores, cuestionó la efectividad de las medidas de prevención y la opacidad en la toma de decisiones sobre el destino de los menores repatriados; también urgieron al Estado mexicano a fortalecer la protección real de la niñez frente a un sistema que aún muestra fallas en la implementación de sus propias leyes.

“Hay un sinfín de necesidades que esos niños están reflejando, pero definitivamente llevarlos a un lugar muy alejado de su lugar de origen o de sus familias genera un ámbito propicio para que vuelvan a ser cooptados o sean cooptados por el crimen organizado”, comisionada Andrea Pochak, primera vicepresidenta de la CIDH.