Ciudad Juárez, Chihuahua.— El gobernador Javier Corral Jurado aseguró que la investigación en contra del ex-gobernador de Chihuahua y ahora detenido por las autoridades, César Horacio Duarte Jáquez, se lleva a cabo bajo con colaboración interinstitucional de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Investigación financiera (UIF). Esto, aclaró, significa que no existe una competencia para lograr que la Federación o el Estado de Chihuahua se queden con el caso, ya que desde el año pasado entre ambas partes se integraron las investigaciones. Así mismo explicó que las investigaciones son sobre los hechos y no sobre personas específicas pues será a partir de este punto que irán encontrado a los presuntos responsables de las malas prácticas en el ejercicio de la administración pública. Y aunque en esta operación no hay indagatorias que vinculan al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció que el desvío multimillonario de recursos públicos del estado de Chihuahua hacia las campañas del PRI nacional, son de conocimiento público. Este modelo ha sido utilizado en otras entidades del país y las decisiones que se tomaron para ejecutarlo no pudieron haber sido resueltas de manera individual o en solitario por el entonces secretario de Hacienda, agregó Corral Jurado.
“Si en otros estados se encapsularon las investigaciones, en Chihuahua ni ha sido así, ni va a ser así, tope donde tope y hasta las últimas consecuencias”, puntualizó el gobernador.
Las investigaciones de dicho caso iniciaron desde el 2016 con su administración y con el paso del tiempo, el equipo de fiscales que trabaja en la operación Justicia para Chihuahua, ha completado las carpetas de investigaciones en los años siguientes. Recordó que el propósito de la operación Justicia para Chihuahua es “restituir al pueblo el dinero que le arrebataron”, por lo que las investigaciones serán llevadas “hasta donde topen”. Sobre la captura del ex-gobernador, Corral Jurado negó que se tratara de un regalo del presidente estadounidense Donald Trump al gobierno mexicano, pues al término de la pasada administración federal, en la que César Horacio D. J. estaba “protegido”, se replanteo la colaboración con la Fiscalía General de la República para hacer una nueva solicitud de extradición.
“Es el cumplimiento de un tratado, no es un regalo, no es un favor del gobierno de Estados Unidos, es un tratado que México suscribió y que tiene en el centro del espíritu con que se adoptó: el combate a la corrupción y a la impunidad”, añadió.
Finalmente, opinó que la detención del ex-gobernador da esperanza a la población chihuahuense pues podría sentar un antecedente sobre el combate a la corrupción y a la impunidad.