El colectivo Justicia para Nuestros Deudos marchó hasta la Fiscalía Zona Norte para exigir transparencia, sanciones a autoridades omisas y respuestas sobre la identificación de 386 cuerpos localizados en el Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez.
Por Miguel Silerio / Fotografías: Favia Lucero / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.– Familiares de personas que podrían estar entre los 386 cuerpos localizados en el Crematorio Plenitud exigieron rapidez en los procesos de identificación, así como el deslinde de responsabilidades por parte de autoridades y funerarias. Agrupados en el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, marcharon este sábado desde la Funeraria Latinoamericana, ubicada sobre la avenida Paseo Triunfo de la República, hasta las instalaciones de la Fiscalía de la Zona Norte, en el eje vial Juan Gabriel.
A su llegada, fueron recibidos por el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, ante quien leyeron un pliego petitorio* para después ingresar a una de las salas del edificio, donde sostuvieron un diálogo.
Durante el encuentro, las familias cuestionaron al fiscal sobre las razones por las cuales no se ha detenido a personal de las dependencias gubernamentales involucradas en el caso, el poco involucramiento de autoridades federales y el motivo por el cual se permitió operar al Crematorio Plenitud pese a no contar con permisos y tener antecedentes de irregularidades desde 2020.
Los familiares demandaron que la Fiscalía actúe con mayor celeridad y que “vaya al grano” al momento de atender a las víctimas. También solicitaron conocer las funerarias y las fechas en que se realizaron las cremaciones de los cuerpos que ya han sido entregados a sus familias.
Denunciaron, además, que los tiempos de espera para las identificaciones forenses son muy amplios, así como un trato déspota por parte del personal de la Fiscalía. Asimismo, exigieron que se realicen excavaciones en el predio de Plenitud para determinar si hay cuerpos enterrados en la zona.
“¿Por qué? Porque mi madre puede estar ahí enterrada. ¿Y quién me va a dar razones de eso? Ya le lloré, ya le sufrí. ¿Y dónde está mi dolor? ¿Otra vez volveré a pasar por eso?”, cuestionó un familiar.
También pidieron que se investigue al personal de la Funeraria Latinoamericana, como se ha hecho con la Funeraria Del Carmen, que actualmente suma tres personas detenidas. Aseguraron haber recibido malos tratos y pocas respuestas por parte del personal de la funeraria, e incluso señalaron que se les ha impedido revisar restos en panteones y nichos.
Los familiares apuntaron a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) y cuestionaron por qué no se ha detenido a nadie en relación con su actuación ni se ha removido de su cargo al su titular, Luis Carlos Tarín Villamar.
“Si usted, como autoridad de la Fiscalía, no tiene la facultad para darnos una respuesta, díganos con quién tenemos que ir para que saquen a ese señor de ahí, porque es lo primero que debe ocurrir en Coespris (…) necesitamos respuestas, y si usted no puede darlas, díganos a dónde ir y lo dejamos en paz”, reclamó una de las asistentes.
En respuesta, el fiscal Carlos Manuel Salas explicó que no es atribución de la Fiscalía inspeccionar permisos o instalaciones de crematorios, ya que su intervención ocurre una vez que se presume la comisión de un delito.
“Falta transparencia en Coespris, punto. Y falta transparencia también en las autoridades municipales que deben vigilar estos negocios (…) lo que pasa es que nosotros en Fiscalía no estamos encargados de andar inspeccionando y vigilando. Nosotros vemos hechos delictivos cuando nos dan parte, e inmediatamente lo atendemos”, dijo Salas.
Salas pidió paciencia a las familias y dijo que el personal de la Fiscalía está comprometido con la identificación de los cuerpos, una labor que, aseguró, está llevando a cabo con esfuerzos extraordinarios.
Sobre la participación federal, mencionó que los delitos presuntamente cometidos están contemplados en la Ley General de Salud, por lo que la Federación puede atraer el caso o colaborar. En caso contrario, dijo, la Fiscalía estatal está obligada a continuar con la investigación, y aseguró que así lo está haciendo.
Explicó que Coespris debe supervisar cerca de 48 mil negocios en Ciudad Juárez y no cuenta con suficientes inspectores para hacerlo. También indicó que la Fiscalía está rebasada por la carga de trabajo y opera con prácticamente la mitad del personal necesario en el Ministerio Público.
No obstante, afirmó que las investigaciones continúan y que se procederá contra todos los posibles responsables, incluidas autoridades:
“No ha concluido la investigación. Si durante el transcurso de la investigación y de la revisión que haga Coespris y el Municipio en sus Órganos Internos consideran que hubo una actividad delictiva, y no necesariamente administrativa, también intervenimos contra quien sea, porque los que cometieron los delitos tienen que pagar”, aseguró.
Salas agregó que la mañana de este sábado fueron detenidos otros dos empleados de la Funeraria del Carmen, por lo que hasta ahora suman cinco personas detenidas: tres de la misma funeraria y dos del Crematorio Plenitud, incluido uno de los propietarios.
La Fiscalía informó el viernes que ha identificado a 11 personas fallecidas, de las cuales nueve han sido entregadas a sus familias. De estas, ocho fueron cremadas y una más inhumada, por deseo de sus familiares.
También, que 11 huellas dactilares han sido enviadas al Instituto Nacional Electoral, de las cuales 06 resultaron positivas con identidad y otras 110 personas están en proceso de rehidratación para obtener sus huellas.
‘No sé si tengo las cenizas de mi papá’
Claudia Martínez teme que uno de los 386 cuerpos encontrados en el crematorio corresponda al de su padre, quien falleció en diciembre de 2020. Las cenizas, que deberían ser las de Humberto, Corachi, Martínez, quien durante 15 años laboró en una televisora local, fueron entregados a su familia por la Funeraria Latinoamericana un mes después.
Cuando Claudia se enteró del caso, contactó a un conocido que labora en el Semefo, quien le sugirió revisar el certificado de cremación, en el que encontró que su padre había sido enviado al Crematorio Plenitud.
Al revisar la urna con las supuestas cenizas de su padre, encontró etiquetas con dos nombres distintos: el de él y el de una mujer, quien falleció en noviembre de 2020 y cuya incineración se habría realizado en el Crematorio Memorial.
Tras contactar a la familia de la mujer, Claudia detectó que las fechas y lugares no coincidían con los de su padre, lo que generó más dudas sobre la procedencia de las cenizas que le fueron entregadas.
El cuerpo de Humberto fue trasladado de Agua Prieta, Sonora, a Ciudad Juárez el 18 de diciembre de 2020, y la cremación se solicitó el 6 de enero del año siguiente, con certificado correspondiente a Plenitud, mientras que la incineración de la mujer habría ocurrido en noviembre de 2020.
Claudia señala que la Funeraria Latinoamericana, responsable de la entrega de la urna, no ha ofrecido respuestas claras. Relata que las versiones del personal sobre los procedimientos han sido contradictorias, y ni esta empresa ni Memorial han podido explicar por qué se mezclaron los nombres o las posibles cenizas.
“Nos sentimos frustrados, estamos molestos, hemos tocado muchas puertas. Se han acercado conmigo muchos medios de comunicación porque es un caso completamente diferente a todo lo que estamos viendo”.
Claudia señala que las cenizas que posee la otra familia son muy distintas a las que le entregó la funeraria Latinoamericana, mismas que siguen en su posesión.
A pesar de los intentos por interponer una denuncia formal, la Fiscalía estatal ha señalado que no puede actuar hasta que concluyan las pruebas genéticas, lo que ha generado frustración entre los familiares.
“Queremos que el gobierno haga algo, o sea, que no nada más se haga el comentario en la mañanera, como lo hizo el de seguridad federal (Omar García Harfuch). O sea, ya sabes que existe el caso: ven y toma cartas en el asunto (…) tienes que estar aquí, dándonos la cara a las familias que hemos levantado una denuncia”.
*A continuación se reproducen las demandas del pliego petitorio del colectivo Justicia para Nuestros Deudos:
1.- Transparencia de Coespris
2.- Trato digno y humano a las familias
3.- Difusión de los avances de las investigaciones
4.- Legislar penalidades justas
5.- Establecer en cada una de las áreas de gobierno los procesos y protocolos que deben regir funerarias y crematorios
6.- Vigilancia y supervisión de estos protocolos y procesos para evitar la repetición de hechos
7.- Los legisladores son los responsables de crear leyes y reglamentos
8.- Sanciones a los responsables, aplicar la ley de responsabilidad a los servidores públicos que por omisión incumplieran en la vigilancia de funerarias y crematorios.
9.- Se analicen las cenizas, aun si no se encuentran los cuerpos para mayor certeza.
10.- Se muestren prendas que pueda apoyar la plena identificación
11.- Se integre una unidad especial para la atención exclusivamente de nuestros casos, así como generar comunicación directa.
12.- Iniciar investigación a las funerarias responsables que, en plena conciencia de la negligente operatividad del crematorio plenitud, optaron por subrogar sus servicios.
