Arropadas por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, madres de personas desaparecidas lanzan la campaña Con las buscadoras. Alto a la violencia institucional, con la que buscan sensibilizar a la comunidad sobre los distintos tipos de violencia que enfrentan en los procesos de búsqueda de sus familiares.
Por Anabel Rojas / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Han pasado casi trece años desde la última vez que Luz Elena Ramos de la Torre miró a su hijo. No imaginaba que lo que se supone serían unas vacaciones tranquilas se convertirían en una tragedia que hasta hoy no tiene fin para esta madre juarense.
Daniel Armando Guzmán Ramos viajó a casa de su tía en Ciudad Jiménez para pasar unos días. El 6 de abril de 2012 se preparó para salir, el esposo de su tía le había prestado una motocicleta para pasear. Durante el camino de regreso a casa el adolescente de 17 años desapareció.
Sus parientes lo buscaron durante ese día y el siguiente, pero no se atrevieron a decirle a Luz Elena que no encontraban a su hijo. Sin embargo, cuenta que su corazón de madre la llevó a comunicarse con una vecina de Jiménez, quien le informó la situación. Desde entonces Luz Elena busca a Daniel.
Ella es una de las 36 buscadoras que son acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), y al igual que otras mujeres, que defienden su voz ante las instituciones asignadas para buscar a sus hijos, hijas o parientes, entre discursos que las culpabilizan y obstáculos de acceso a la justicia.
“En lo que nosotros hemos visto en el acompañamiento que damos a las madres buscadoras, encontramos que, en toda la trayectoria de búsqueda que ellas hacen, sufren este tipo de violencia y nosotros decíamos, bueno, hay que darle un nombre a esa violencia”, señala Silvia Méndez directora del CDHPN.
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice que los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los tipos de violencia.
“Al revisar la ley,.. nos dimos cuenta de que cuando una madre buscadora, desde el momento que llega a poner la denuncia de su familiar desaparecido con lo primero que se encuentra es precisamente con prejuicios por parte de la autoridad o del funcionario, diciéndole que su hijo en algo andaba”, señala Silvia.
La organización señala que la desaparición de personas, uno de los delitos más graves, es pluriofensiva, y cuando se comete se ejercen otros tipos de violencia y crímenes contra la víctima, como la tortura física y psicológica, agresiones físicas y sexuales, trabajos forzados o explotación sexual, que pueden culminar en su homicidio o feminicidio.
Al identificar esa violencia se puede denunciar y las mujeres buscadoras pueden detenerlas, considera el CDHPN, por lo que lanzaron la campaña Con las buscadoras. Alto a la violencia institucional, cuyo objetivo es concienciar a la comunidad sobre lo que enfrentan desde las instituciones las mujeres durante los procesos de búsqueda de sus familiares.
“Nosotros nos damos cuenta de que ellas están viviendo una afectación estructural directa, por ejemplo, en el estado lamentablemente no tenemos procesos de acompañamiento integral, o sea, no existen, no hay, y además pues esto genera pues grandes brechas en materia al acceso a la justicia”, comenta Ileana Espinoza, trabajadora social del Centro.
Para Silvia esta campaña con la que buscan visibilizar y poner un alto a la violencia institucional es importante para las mujeres que apoyan en el Centro, pero también para aquellas que no tienen la fortuna de ser acompañadas por alguna organización que les brinde apoyo legal y psicológico.
Tan solo en el estado de Chihuahua hay 4 mil 751 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales mil 475 son casos en Ciudad Juárez, esto hasta agosto del presente año, de acuerdo con la Dirección de Estadística Criminal en respuesta a una solicitud de acceso a la información.
“Los derechos son para todos y para todas y nosotros queremos que las fiscalías pues sean transformadas y que den un servicio a todos los juarenses, a todos los chihuahuenses de la misma manera, el mismo trato, un trato digno, un trato profesional y un trato libre de prejuicios o violencias hacia las personas”, explica Silvia.
En el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte consideran que quienes no son acompañadas por alguna organización son más vulnerables.
Por esto, Silvia expone su deseo de “que las fiscalías sean transformadas y que den un servicio a todos los juarenses, a todos los chihuahuenses, de la misma manera, el mismo trato, un trato digno, un trato profesional y un trato libre de prejuicios o violencias hacia las personas”.
con la campaña también pretenden que las mujeres que buscan a su familiar puedan identificar, pero, sobre todo, denunciar estas violencias, acompañadas de la comunidad para exigir verdad y justicia.
“Todas caemos, vemos que son autoridades y creemos y confiamos en ellas, pero no sabemos que son de los que nos tenemos que cuidar”, dice Luz Elena con su voz alterada por su molestia al reflexionar por el trato que ha recibido.
Recuerda que cuando acudió a interponer la denuncia por la desaparición de su hijo, era domingo y primero se topó una Fiscalía cerrada por la ausencia de la persona de turno, cuando ésta regresó tomó su declaración no hizo nada más, por lo que desde ese momento decidió comenzar la búsqueda por cuenta propia.
“Me anduve pegando pesquisas hechas por nosotros, porque la fiscalía no nos las quiso hacer. Yo hice las pesquisas con mi número de teléfono de todos los familiares, anduve buscándolo por los cerros, por los ranchos, por todas las orillas (de la ciudad de Jiménez). Y pues no encontré nada”, recuerda Luz.
La historia se repite en otros casos. Tal es el caso de Blanca, quien por razones de seguridad pide que se le identifique con ese nombre para resguardar su identidad.
Ella cuenta que enfrentó una evasiva cuando acudió a interponer una denuncia en Fiscalía por la desaparición de su hijo, hace ya cinco años desde la primera vez que entró a la oficina a pedir ayuda, y aún no sabe nada del paradero de su familiar.
A finales de 2019, mientras ella trabajaba, su hijo de 28 años salió de la casa en que vivían, con un pariente que lo fue a buscar y desde entonces Blanca no ha vuelto a verlo. Su hija acudió a interponer inmediatamente la denuncia a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, pero no la recibieron, por el contrario, le dijeron que debía esperar. Una violación a su derecho, ya que no se debe esperar para poder denunciar una desaparición, señala el CDHPN.
Blanca regresó y una vez que le recibieron la denuncia en Fiscalía le dijeron que ella fuera a casa de la última persona que vio a su hijo y tomará fotos del lugar y las llevará a las autoridades para luego entonces comenzar la búsqueda. Con esto expusieron su integridad, de acuerdo con el CDHPN.
La respuesta de las autoridades para ella siempre fue de incompetencia, según comenta.
“Yo creo que, si se me hubiera perdido un perrito, a lo mejor ya lo hubieran encontrado”, señala Blanca, mientras limpia sus lágrimas. Ahora su temor, desatado por esa violencia, no quiere ni difundir el nombre de su hijo desaparecido.
Ella comenzó a ir a la Fiscalía cada tres días o cada semana para preguntar cómo iba la búsqueda de su hijo, y descubrió que no había tal indagación. Mientras que caminaba rumbo a la institución, en una de estas visitas, cayó en una alcantarilla que estaba abierta, quedando lastimada de la cintura, lo que la mantuvo incapacitada por dos años, mismos que esperó para recibir una cirugía que nunca llegó, por el contrario, el médico que debía operarla, pero al verla, le dijo: está obesa y no la podemos operar porque entra ahí y sale en la caja o sale en silla de ruedas.
No tener acceso a la salud es otro tipo de violencia, en la que el perpetrador es otra vez el Estado. Las privan de algo que requieren, sobre todo en la prevención, ya que las buscadoras suelen tener afectaciones de salud debido a la carga emocional por la ausencia de su ser querido y el desgaste del proceso de búsqueda, se desprende de las consideraciones del CDHPN.
Tanto Luz Elena como Blanca tienen problemas en la cadera, y no han tenido el apoyo para un tratamiento digno.
Blanca tuvo que regresar a trabajar aún con su problema de salud, pues su médica decidió no darle más incapacidad. En la empresa que trabaja la enviaron a otro lugar que no es el de costumbre, por lo que, cada día debe subir decenas de escalones, soportando los dolores en su espalda.
Ella vive en el suroriente, en un fraccionamiento que carece de infraestructura vial. Varias calles principales están inundadas de aguas negras. El transporte público es escaso y de difícil acceso. Para ir a trabajar puede tomar el camión que proporciona la empresa, con el inconveniente de que el más cercano pasa a casi un kilómetro de su casa; caminar esta distancia con la cadera lastimada muy temprano en la madrugada es un ejemplo de la estructura que violenta los derechos de Blanca, en la que muchas veces ella no encuentra manera de seguir adelante.
Continúa caminando, continúa trabajando, porque su búsqueda de la verdad es más grande que los obstáculos que el sistema le presenta, dice, aunque concede que su cuerpo está cansado.
“Salgo a las 4 de la mañana para allá y ya me voy caminando. Voy a descansar. A veces llamo a mi hija y le digo ya no puedo más, me duele mucho mi cadera … por qué me hacen esto. Todavía todo lo que estoy sufriendo y todavía esto. No tienen corazón”, cuenta Blanca.
De acuerdo con Silvia, estas violencias forman parte de una estructura que existe, en la que el acceso a la justicia y bienestar son casi imposibles de lograr para quienes pasan por la desaparición de un familiar. Menciona que incluso las condiciones en que trabajan los ministerios públicos son contrarias a los derechos laborales, ya que pensar en que una sola persona debe hacerse cargo de hasta 400 casos es una cuestión de explotación hacia el trabajador.
Asimismo, señala que el Estado ejerce violencia económica al recortar el presupuesto, ya que denuncia que el periodo gubernamental pasado se destinaron 80 millones de pesos para la Ley de Víctimas, mientras en la actual administración estatal únicamente fueron 10 millones.
“En la ley está usted, si usted tiene derecho, por ejemplo, los hijos de las personas desaparecidas tienen derecho a la educación. Ah okey, pues yo quiero estudiar la prepa o quiero estudiar en la universidad y ya vamos ahí con ellos para el pago de inscripciones. Bueno, no hay recursos”, expone Silvia, quien llama a este tipo de violencia, violencia presupuestal.
Los casos después de la desaparición del familiar son tan similares que existen características que se pueden señalar. Por ejemplo, en el caso de Luz Elena y Blanca, a ambas la autoridad criminalizó a sus hijos insinuando que se dedicaban a delinquir y, por lo tanto, ellas sabrían qué les habría pasado.
Además, en ambos casos la autoridad hizo caso omiso a la denuncia de desaparición y no indagaron, no realizaron su trabajo, por el contrario, las maltrataron y a Luz Elena incluso la amenazaron.
Blanca está en espera de los resultados de las pruebas, para saber si alguna de las cuatro osamentas localizadas meses atrás pertenece a su hijo. A finales de este mes tendrá una reunión con todas las autoridades involucradas y con personas del Centro de Derechos Humanos, espera tener noticias, espera que le digan que son los restos de su hijo y poder cerrar este capítulo y tener un lugar dónde llorar.
Por su parte, Luz Elena ha pausado la búsqueda, el debilitamiento de su espalda le complica andar en campo, emocionalmente sufre el reclamo e incomprensión de sus familiares, que le piden se resigne. Ella continúa su lucha para encontrar a Daniel. Dice que su mayor miedo es morir y no haber encontrado a su hijo.
Las dos mujeres han visto deteriorada su salud y no han recibido apoyo por parte del gobierno para recibir tratamiento; pero, sobre todo, tanto Blanca como Luz Elena son quienes han engrosado el expediente del caso de sus hijos que lleva la Fiscalía, ya que son ellas quienes han realizado la búsqueda.
En ambos casos, las madres les proporcionaron información suficiente a las autoridades para encontrar a los responsables, pero han sido ignoradas.
Actualmente, la organización está luchando por conseguir que se publique un catálogo de prendas, que es un inventario digitalizado de objetos, ropa o accesorios que fueron localizados en osamentas, con el fin de que quien esté buscando a algún familiar pueda revisarlo y pueda ser más fácil la identificación de los cuerpos que se han ido encontrando; al tiempo que las familias puedan localizar a su familiar.
También busca visibilizar que desde las instituciones y el Estado se revictimiza a las personas desaparecidas, con discursos que culpabilizan a las víctimas y a sus familias de la desaparición. Además de sus investigaciones negligentes con las que dificultan el acceso a la justicia.
