A casi tres meses de dejar la cárcel para seguir en libertad el juicio por el incendio donde murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, Juan Carlos, el coordinador del Grupo Beta, habla por primera vez de la acusación judicial en su contra, en una entrevista donde asegura que enfrenta un proceso penal basado en una acta que no firmó, de una unidad no existente. Dice que confía en que se haga justicia para recuperar su vida.
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Hace poco más de año y medio, Juan Carlos Meza Cumplido se dedicaba a la protección de migrantes como coordinador del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM), actualmente enfrenta una acusación judicial como uno de los presuntos responsables del incendio donde murieron 40 migrantes extranjeros, que lo mantuvo 16 meses en la cárcel y ahora lo obliga a portar un brazalete electrónico en un tobillo para seguir en libertad el proceso penal en su contra.
Juan Carlos, de 42 años, habla por primera vez de su caso a casi tres meses de que dejó la cárcel para enfrentar el proceso penal en libertad. En entrevista con La Verdad Juárez, desde el despacho jurídico de su defensa, dice que es inocente y asegura que la única prueba que tienen en su contra es inexistente.
Acompañado de dos de sus abogados, el acusado rompió el silencio que mantuvo tras su detención por el incendio ocurrido la noche del 27 de marzo del 2023 en la estancia migratoria del INM, ubicada junto al puente internacional Reforma, que causó la muerte de 40 extranjeros encerrados bajo llave, lesiones de gravedad a otros 27 migrantes y un daño psicológico a un grupo de mujeres migrantes.
“Yo que salvé más de 10 mil vidas, póngale más, ahí están las estadísticas, ¿cómo puede ser que yo haya asesinado a 40 personas?, no me pasa ni por la cabeza y es algo que me pone triste”, dice al hacer un recuento de sus 18 años en el INM.
Juan Carlos y sus abogados sostienen que el único dato de prueba que utilizó un juez federal para vincularlo a proceso penal, por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público, es presuntamente el acta constitutiva de Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) en la estación del INM.
Sin embargo, aseguran que nunca se conformó ni existió una Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) en el edificio siniestrado, como lo exige la ley.
“Yo nunca firmé ningún acta de que existiera una Unidad Interna de Protección Civil. Entonces, por ende, no existió”, afirma mientras en su tobillo derecho parpadea una pequeña luz roja proveniente del brazalete electrónico que porta desde el pasado 20 de agosto. Con el artefacto, la Guardia Nacional monitorea sus movimientos y les advierte si él intenta dejar la ciudad o se acerca al límite fronterizo con Estados Unidos.
Para la entrevista da su nombre completo. En las audiencias judiciales su identidad está bajo reserva por la presunción de inocencia, por lo que en ellas se le identifica solo por sus nombre e iniciales de apellidos.
La Unidad de Protección Civil, el acta, la firma
Los abogados señalaron que el acta constitutiva de la UIPC que recopiló el Ministerio Público de la Federación, y que es parte de la carpeta de investigación en contra de Juan Carlos, no tiene validez jurídica pues carece de firmas y presenta múltiples errores.
Al preguntarle a Juan Carlos cuál es la fecha de elaboración de esa acta constitutiva, los abogados se apresuraron a responder que fue redactada posterior a la detención de su representado, sin precisar el día y mes. El acusado no respondió.
Juan Carlos debería haber sido designado como responsable de la UIPC por parte del titular del INM en Chihuahua, agregaron. Lo que, aseguran, no sucedió.
“El acta constitutiva tiene errores porque en una parte del documento dice 2022 y la otra dice 2023… muchos de los que nombran en esa acta constitutiva ni siquiera forman parte de este inmueble, hay unos que están en el kilómetro 30, hay otros que no están en esa estación migratoria… lo que nos da a nosotros a entender que se hizo un poco a las prisas, pues no tiene firmas, no tiene algo que le dé un valor jurídico”, afirmó el abogado Daniel Álvarez Correa.
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De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, los inmuebles e instalaciones públicas, privadas y sociales, deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil; la función de este es evitar que ocurran riesgos que pongan en peligro la integridad de las personas y los bienes e implementar medidas de prevención y seguridad.
En el acta constitutiva de la UIPC que obra en el expediente y que se ha mencionada en audiencias del proceso, se señala que el 5 de diciembre del 2022, en las instalaciones del grupo Beta, se reunieron para conformar la Unidad Interna, el entonces jefe de la oficina de representación del INM en el estado de Chihuahua; Salvador G.G.; el representante local en la zona Norte del INM, Daniel G.Y., y Juan Carlos M.C. –ahora todos están sujetos a proceso penal por estos hechos–. También aparece el nombre de otros cuatro funcionarios, pero hasta ahora no se sabe si se encuentran bajo investigación. De ninguno de ellos aparece su firma.
Dos de tres páginas de la acta constitutiva de la UIPC que aparece en el expediente de la investigación sobre el caso. La página tres aparece en blanco.
En ese documento se asentó que la unidad interna era un órgano operativo para prevenir y enfrentar las emergencias que pudieran presentarse en el inmueble con la responsabilidad de “desarrollar y dirigir las acciones de Protección Civil, así como de elaborar, implementar, coordinar y operar el Programa Interno de Protección Civil y sus correspondientes subprogramas de prevención, auxilio y recuperación con el objeto de prevenir o mitigar los daños que puedan ocasionar los desastres o siniestros”.
El acta constitutiva de la UIPC no está firmada por ninguna de las siete personas que supuestamente intervinieron. Un dato resaltado por los representantes legales de Juan Carlos, en la entrevista.
La acusación judicial obligó a que Juan Carlos permaneciera 16 meses recluido en el Cereso 3, desde abril del 2023 hasta el 19 de agosto de 2024, tiempo en el que asegura vivió una gran angustia por estar lejos de sus hijos y de su esposa.
‘Una simulación cambió mi vida’
La reclusión carcelaria la atribuye a la simulación de la existencia de una UIPC supuestamente coordinada por él.
“Fue un cambio en mi vida ese documento. O sea, es ese momento, esa circunstancia, esa etapa de vida fue un giro de 180 grados, algo inesperado para un servidor y sobre todo para mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres, mis hermanos, el círculo con el que trabajaba pues todo, todo cambió”, dice.
En la entrevista Juan Carlos y sus representantes legales también se refirieron a los señalamientos que en audiencia judicial hizo el pasado 18 de octubre el contralmirante Salvador G.G, quien al momento del incendio era el jefe de la oficina de representación del INM en el estado de Chihuahua y ahora es uno de los 11 acusados de los delitos que se configuraron al quemarse la estancia migratoria.
En esa audiencia, el contralmirante señaló que la UIPC nunca se integró en la estación de Juárez y que hay un escrito, pero sin validez.
El contralmirante también afirmó que existen oficios que fueron elaborados dos días después del incendio y cuestionó su veracidad, sin precisar a cuáles documentos se refería.
Los abogados de Juan Carlos ya revisaron la versión aportada por el contralmirante y aseguran que uno de los documentos que fue realizado después del incendio es el acta constitutiva de la UIPC. Además, consideran que los señalamientos del contralmirante confirman la versión de ellos, en el sentido de que nunca se conformó una UIPC.
Con cierta reserva dice que prefiere no hablar de responsabilidades, Juan Carlos indicó que el contralmirante era su jefe directo, acudía a la estancia migratoria y supervisaba el trabajo del Grupo Beta. Lo que contradice la versión de Salvador G.G., quien en la diligencia del 18 de octubre dijo al juez que él no tenía atribuciones en la estancia de Juárez.
Juan Carlos también se deslinda de la forma en que venía operando la estancia migratoria que se incendió. Una investigación de La Verdad Juárez, junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters, exhibió que el lugar donde se mantenían encerrados a los migrantes estaba saturado, sin extintores, sin ventilación, sin rociadores contra incendios y con detectores de humo sin funcionamiento, lo que se convirtió en una trampa mortal para migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela.
El coordinador del Grupo Beta inactivo por el proceso penal que enfrenta asegura que él no participó en ningún aseguramiento de migrantes y menos los recluyó en la instalación siniestrada. De acuerdo con una investigación de La Verdad Juárez, el gobierno de Ciudad Juárez encabezó un operativo para retirar a migrantes de cruceros, en estas acciones participaron agentes del INM.
‘Mis funciones eran el rescate de migrantes’
Con la mirada perdida en la amplia oficina del despacho Legal Estudio Jurídico, que lo representa, Juan Carlos reitera que sus funciones eran el rescate humanitario a migrantes en situación de riesgo y desde enero del 2024 su trabajo era en el Valle de Juárez, abarcando Caseta, Porfirio Parra y Guadalupe.
“Mi presencia en la estancia era nula, aunque yo hubiera estado en el edificio. Por qué, porque no eran mis funciones estar, de hecho, iba en contra de mis funciones estar en una estación al menos que alguien necesitara algún traslado o alguna atención médica o un traslado a un hospital o que hubieran resuelto su situación migratoria y buscarán un albergue, entonces ya yo entraba y los llevaba un albergue”, afirma.
Respecto a las redadas implementadas por las autoridades en marzo del 2023 y que provocaron la presencia de decenas de personas en la estancia que se incendió, el funcionario público también dijo desconocer, reiterando que su trabajo era de índole humanitario.
“Lo que pasa es que Grupo Beta está exento de eso (aseguramiento de personas migrantes), porque su génesis es dar ayuda humanitaria. Es imposible y hasta caería en responsabilidades”, comenta a su vez el abogado Daniel Álvarez Correa, luego de que Juan Carlos lo volteara a ver cediéndole la palabra.
El coordinador del Grupo Beta cuenta que fue detenido cuando daba atención humanitaria a los sobrevivientes del incendio y de los familiares de las víctimas que habían llegado a Ciudad Juárez en busca de información.
El 13 de abril del 2023 al salir del hotel Colonial, donde estaban hospedando a las víctimas de la tragedia, un grupo de personas le cerraron el paso a su vehículo y se lo llevaron, narra.
Hasta antes del arresto, Juan Carlos desconocía que estaba bajo investigación, asegura en entrevista.
“Nunca me hablaron, nunca me enteré de nada hasta el momento que estaba en la calle y me detuvo un vehículo y me presentó la orden de aprensión y me fui preso”, dice.
En ese entonces el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y horas después ingresado al Cereso 3 de Ciudad Juárez, al área destinada a los funcionarios públicos. Ahí permaneció hasta el pasado 19 de agosto, cuando pudo dejar la cárcel para seguir en proceso en libertad con el pago de una fianza de 2 millones de pesos.
A finales del año pasado, el juez federal Juan José Chávez Montes aprobó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva por otras tres más.
Le impuso la obligación de depositar una garantía económica por 2 millones de pesos; el uso de un brazalete electrónico y la prohibición de salir del país, por lo que Juan Carlos entregó su visa láser y su pasaporte mexicano a la Fiscalía General de la República (FGR) para asegurar su presencia en juicio.
Su familia tardó nueve meses para poder depositar la garantía de 2 millones de pesos, los padres del funcionario se vieron en la necesidad de hipotecar la casa familiar que construyeron con años de trabajo; además, la esposa, hermanos y otros parientes y amigos realizaron diversas actividades para reunir el dinero.
Para cumplir con el uso de un brazalete, la familia del acusado contrató los servicios de la empresa Sistemas ACAO, a la que pagó 55 mil pesos al inicio del contrato y debe hacer pagos trimestrales de 14 mil pesos.
Sin poder evitar una sonrisa, Juan Carlos confiesa que su hijo Jesús aún le dice que no puede creer que él esté fuera de la cárcel.
“Lo más importante para mí en ese momento (cuando estaba en prisión) era qué estaba pasando con mi familia sin mí. Es algo que me comía por dentro, lo que batallaba mi esposa, lo que batallaban mis hijos, porque siempre su papá había estado ahí con ellos, todo lo que cambió, es como perder un papá, es como dejar de estar estando”, expresa.
Juan Carlos aún es coordinador del Grupo Beta, pero está suspendido de su cargo sin goce de sueldo desde el día de su detención.
Tres juicios de amparo han sido interpuestos por sus representantes legales. Uno es en contra del auto a vinculación a proceso por los tres delitos que enfrenta: homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público, y dos reclamando el mínimo vital, es decir el pago del sueldo mínimo para que una persona pueda subsistir, uno de los amparos fue presentado a nombre de la esposa y los dos hijos de Juan Carlos y otro a nombre de él.
Los amparos respecto al mínimo vital fueron recibidos en el Juzgado Noveno de Distrito, el cual determinó que la instancia correcta para resolver eso es un juzgado laboral, por lo que se presentó un recurso de queja, el cual no ha sido resuelto.
El juicio de amparo contra la vinculación tampoco se ha resuelto, está en revisión.
“Se interpuso un recurso de revisión contra la negativa del juez amparo. Está en revisión para que el juez de alzada lo revise y ver si está de acuerdo con lo que hizo el juez de distrito o puede modificar su resolución”, dice el abogado Leonardo Lara Ferreiro.
Con Juan Carlos son 11 las personas acusadas por estos hechos derivados del incendio en la estación migratoria del INM en la ciudad. Ocho son funcionarios del INM acusados por la FGR por la muerte de los migrantes, pero actualmente solo tres enfrentan el proceso en prisión. Dos son migrantes y uno más es un guardia de seguridad privada.
El caso no ha llegado a juicio. Por el proceso abierto por estos hechos existen al menos 20 juicios de amparo pendientes de resolver. Uno de estos mantiene paralizado el avance de todas las causas penales iniciadas en contra de las 11 personas, se trata de un amparo presentado por los representantes legales de nueve de los sobrevivientes y nueve familiares de víctimas mortales.
Además, el paro de labores del Poder Judicial de la Federación –debido a la Reforma Judicial– también está afectando los plazos en que debería resolverse los juicios de amparo y el avance del proceso penal.
“En un proceso normal ya deberíamos de estar peleando audiencias intermedias, y aquí no hemos ni cerrado la investigación… Si hablamos de que estos procesos se han tardado un año y medio en resolverse, se agravan más con la suspensión de labores del Poder Judicial. Hablamos, que, si vamos a llegar a un juicio oral, sería hasta dentro de un año aproximadamente”, señaló el abogado Daniel Álvarez Correa.
Ante el panorama y lo que le ha tocado enfrentar por esta tragedia migrante, Juan Carlos dice que no desea ser reinstalado en el cargo de coordinador del Grupo Beta. Analiza la posibilidad de demandar el pago de salarios caídos y por los daños causados por el tiempo que estuvo en prisión. Aunque aún debe enfrentar la justicia por este hecho por el que está vinculado por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.
A la fecha él trabaja en dos empleos temporales y de noche administra un negocios de venta de comida. También busca un trabajo acorde a sus conocimientos.
“No hemos recibido ningún maltrato de ninguna persona… yo me siento (con un daño emocional) porque fui a prisión, el daño psicológico está en el momento que te detiene por algo que no cometiste”, afirma.
Juan Carlos sabe que el tiempo tras las rejas no lo va a recuperar, pero si confía en librar la acusación en su contra, en lograr la libertad plena, que se le haga justicia y recuperar su vida.
