Lilia Alejandra García Andrade desapareció el 14 de febrero del 2001 en Ciudad Juárez, una semana después, su cuerpo abusado sexualmente se localizó en terreno baldío. Su mamá, Norma Andrade, denuncia ahora que la Fiscalía de Chihuahua busca resolver el caso con una evidencia que podría estar manipulada, para adelantarse al fallo de la CIDH por el retraso en el acceso a la justicia.
Por Blanca Carmona / La Verdad
Foto: Tomada de Facebook
Ciudad Juárez, Chihuahua.— El feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, permanece impune desde hace 23 años. Su mamá, Norma Andrade, dice que su familia ya perdió las esperanzas de que los responsables de la desaparición y asesinato de su hija sean identificados y sancionados penalmente.
Sin embargo, Andrade denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua pretende resolver el feminicidio de su hija a partir de una nueva reinterpretación de exámenes de ADN de un hombre detenido en 2018, que podría estar manipulada.
Se refiere a la valoración de una prueba científica relacionada con un hombre identificado como Manuel N.R. o Manuel R.N. con la que la Fiscalía de Chihuahua busca obtener una sentencia condenatoria antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita una sentencia contra el Estado Mexicano, por el retraso en el acceso a la justicia, la falta de debida diligencia, la falta de una investigación adecuada y certeza, entre otros derechos presuntamente violados por las autoridades investigadoras del Estado de Chihuahua en el caso de Lilia Alejandra, asesinada y desaparecida en 2001.
“Sabemos que están fabricando (pruebas), no por no nosotros, porque el caso está en la Corte Interamericana, sino no les preocuparía, estaría (la investigación) como todas las demás (en el olvido)”, dijo Norma Andrade, quien asegura que sentencia de la CIDH puede conocerse a principios del 2025.
El pasado 21 de agosto, Norma, su hija Malú y sus nietos Jade y Caleb – hijos de Liliana Alejandra– fueron requeridos para una audiencia judicial en la ciudad sobre el feminicidio de su hija que se sigue en el Juzgado Primero de Ejecución del Sistema Tradicional Penal.
Pese a el proceso judicial reactivado por las autoridades de Chihuahua, Norma rechaza al acusado por las negligencias documentadas en la investigación y reprocha la falta de justicia.
Manuel N.R., o Manuel R.N. fue detenido en la ciudad de Chihuahua el 19 de mayo de 2018, a 12 días después de que se llevó a cabo la audiencia en República Dominicana de la CIDH.
Sobre este caso, la titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) Wendy Chávez Villanueva, señaló que la prueba científica no consiste en una reinterpretación. Afirmó que de la evidencia recabada en la escena del crimen de Lilia Alejandra se obtuvo un ADN y este arrojó un resultado y del imputado también se extrajo un ADN y se realizó una compulsa.
“Lo que permite concluir que la evidencia biológica localizada en el cuerpo de la víctima pertenece al imputado”, aseguró la fiscal.
¿Y la evidencia?
Manuel N. fue detenido en 2018 por su presunta responsabilidad en el homicidio y violación de Rosa Isela Tena Quintanilla y por el de Sonia Ivett Sánchez Ramírez.
En relación a Lilia Alejandra, la Fiscalía de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión contra Manuel a finales del año pasado y utilizó como dato de prueba los resultados de un comparativo entre evidencia encontrada en el cuerpo de la víctima y el ADN recabado de la esposa y de una hija de Manuel.
Norma Andrade explicó que la comparación de esa evidencia se hizo con otra información biológica de una mujer asesinada en 2011 y cuyos restos se encontraron en el 2013, Leticia García Leal, quien también era hija de Manuel.
Las muestras que se tomaron a la esposa e hija con vida de Manuel fueron para verificar los lazos familiares entre él, Leticia García Leal, ellas, y supuestamente con el propósito de pagar una indemnización.
“Le hacen el ADN a mamá y hermana de una mujer asesinada, no a él, a Manuel. En base a eso, ellos (la Fiscalía) lo relacionan… él es papá de una víctima y les dicen que para entregarles una indemnización que hay por el asesinato de la muchacha, que iban a comprobar que son familiares. Y así con esa prueba, donde iban a ver si era familia de ellos, de la mujer asesinada, él es el padre biológico, y de ahí lo vinculan con mi hija”, dijo Norma.
Del cadáver de Lilia Alejandra se recabaron tres pruebas científicas, una se obtuvo del semen encontrado en la región vaginal; el segundo es una mancha de sangre encontrada en la colcha en la que fue envuelto el cuerpo de Lilia Alejandra y la otra se obtuvo de un raspado de uñas de la mano de ella, de acuerdo con datos de la Fiscalía.
De esa evidencia se determinó que había los perfiles completos de dos hombres y un tercer perfil mezclado con información genética de Lilia, es decir dos perfiles que sí se podrían procesar y manejar, y otro perfil incompleto.
A partir de esos datos, al inicio de la investigación existía la hipótesis de que fueron varios los agresores. Ahora, la Fiscalía parece proponer como hipótesis que solo fue un agresor, Manuel N.R.
La familia de Lilia Alejandra no tiene confianza en que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, actualmente Fiscalía, haya hecho un manejo adecuado de esa evidencia. Sospecha que desde el 2003 la evidencia científica estaba en un estado de descomposición porque no se preservó adecuadamente.
Debido a esto, aunque los actuales funcionarios de la Fiscalía tuvieran la intención de esclarecer el caso, no hay prueba científica con la cual contrastar, explicó Norma quien lleva más de 23 años esperando justicia junto a los dos hijos y la hermana de Lilia.
“En el 2003 solicité un informe a la encargada, que era la agente judicial Sandra Domínguez. Pedí peritajes, que quería mandar a la Comisión Interamericana, las muestra estaban en estado de descomposición, no se preservaron adecuadamente… entonces todas las evidencias no servían. ¿Qué certeza tengo que lo que queda sirva de algo? si todas las demás evidencias no servían”, cuestionó.
Las supuestas confrontas de evidencias genéticas tampoco se hicieron como parte de la investigación iniciada por el homicidio de Lilia Alejandra, se “jalaron” de las carpetas de investigación correspondientes a otras víctimas, explicó el abogado e integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, David Peña Rodríguez, quien acompaña a Andrade en la búsqueda de justicia para su hija.
“Es un tema cuestionable sobre el ADN, porque el Ministerio Público presenta una reinterpretación de estudios de ADN que se tiene. Lo curioso, en el caso de Lilia no se ha hecho prueba de ADN. Tiene pruebas de ADN de otros procesos y los trae a este, se hizo la confronta y dicen que si es uno de los agresores (Manuel N.R). No nos deja la certeza de si esas muestras son reales, si son de él, si estuvieron bien tomadas o no, no fue tomada la muestra para el caso de Lilia, se extrajo de allá y se trajo acá los resultados”, refirió el abogado.
A Manuel se le abrieron tres procesos penales por los homicidios de Sonia Ivette Sánchez Ramírez, Rosa Isela Tena Quintanilla y Coral Arrieta Medina, y fue encontrado culpable de los tres crímenes.
Peña Rodríguez, quien es parte del equipo que llevó el caso de Lilia Alejandra ante la CIDH, señaló que la interpretación de los resultados de los exámenes de ADN fue variada.
Desde el 2018 la Fiscalía de Chihuahua solicitó una orden de aprehensión en contra de Manuel N.R., pero el entonces juez primero de Ejecución de Penas con funciones del Sistema Tradicional, Rubén Efrén Ramírez Santillán, la negó. En diversas ocasiones, durante cinco años, el juez señaló que no había elementos para otorgar una orden de captura contra esta persona como posible responsable del homicidio de Lilia.
Pero, en el último trimestre del 2023 Ramírez Santillán fue cambiado y el nuevo resolutor si emitió la orden de aprehensión en los primeros tres meses de desempeñar el cargo.
“Los resultados se muestran en un documento por escrito y pueden alterarse y hacer que cuadre el resultado, no porque genéticamente sea el resultado sino porque si quieres que cuadre, pueden alterar. No hay certeza… es obvio que requieren responsabilizar al sujeto”, afirmó el abogado.
Impunidad lleva el caso a la CIDH
La solicitud de orden de aprehensión y el proceso penal iniciados en contra de Manuel N.R. coinciden con el trabajo que inició la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la falta de justicia y violación a derechos humanos de Lilia Alejandra y de su madre, Norma Andrade.
El caso de Lilia Alejandra fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2002, la Comisión lo admitió en el 2016 y en el 2021 ésta emitió un informe de fondo en el que estableció que existe un retraso en el acceso a la justicia, una falta de debida diligencia, falta de investigación adecuada y certeza, y que se violaron el derecho a la vida y a la libertad de Lilia Alejandra.
Además, la Comisión ordenó una serie de recomendaciones al Gobierno de Chihuahua.
Las autoridades tuvieron más de dos años para acatar las recomendaciones, pero al no hacerlo el asunto se remitió a la Corte Interamericana y está lo recibió en enero de este año, explicó el abogado.
“Hay un litigio en la Corte, declarará Norma, los testigos y al final habrá una sentencia…Claro, uno de los principales temas es el acceso a la justicia, no hay hasta la fecha una sentencia firme. Por tanto, no hay acceso a la justicia. Si logran sentenciarlo (a Manuel N.R. o R.N.) van a decir mira si hay justicia. Por eso buscan obtener una sentencia vía fast track, para enviar informes a la Corte”, afirmó David Peña Rodríguez.
En su página oficial la Corte Interamericana, y bajo el título “Caso García Andrade y otras vs México”, da a conocer que, en 2010 la Fiscalía encontró una coincidencia entre el agresor de Lilia Alejandra y el perfil del agresor de otras cuatro mujeres, y se acordó llevar a cabo una investigación en relación con el entonces nuevo hallazgo de perfil genético en común.
Para el 8 de junio de 2010, la autoridad estatal apuntó que el agresor de los anteriores casos sería un familiar masculino de un agente del Ministerio Público. En 2017 la Fiscalía solicitó al FBI información sobre uno de los integrantes de la familia de dicho agente, pero después esta hipótesis fue desestimada por las autoridades dado que no reunía los requisitos legales mínimos.
En el reporte la Corte también establece que el 7 de mayo de 2018 el Estado mexicano alegó estar analizando el expediente de Lilia Alejandra desde una óptica renovada, tomando en cuenta los homicidios de Ciudad Juárez en las diferentes épocas.
En ese año, la Fiscalía comenzó a solicitar una orden de aprehensión en contra de Manuel N.R., o R.N., y durante cinco años le fue negada por falta de elementos.
Además, la Corte documentó que entre los años 2002 al 2012 ocurrieron una serie de amenazas, agresiones físicas, robo, acoso, entre otros, a personas que intervinieron en el proceso del homicidio de García Andrade incluyendo a Norma Esther Andrade.
“Debido a lo descrito, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a los derechos de la niñez y a la igualdad ante la ausencia de medidas para prevenir de manera efectiva las torturas y violencia sexual”, se lee en el reporte.
Se espera que el próximo año la CIDH emita una sentencia.
Respecto al proceso penal en contra de Manuel N.R. o R.N., la familia de Lilia Alejandra, no tienen ninguna expectativa. No esperan nada, pues tienen la certeza que el caso “fue montado” o fabricado.
Aunado a que por el transcurso del tiempo ha sido muy complicado encontrar a los policías y peritos que han participado en las indagatorias, algunos de ellos ya fallecieron, como el perito que realizó la autopsia al cuerpo de Lilia Alejandra, y otros están ilocalizables.
La falta de resultados en la investigación del crimen de Lilia Alejandra y las agresiones en contra de Norma Andrade han causado un daño a la familia incluso los obligado a desplazarse de Ciudad Juárez.
“Yo creo que la forma en que lo que más nos afectó fue la falta de justicia, el tenernos que haber desplazado de Ciudad Juárez por exigir justicia y que se nos negara, el hecho de que siguen libres y haciendo lo que les da la gana porque al gobierno no les importa”, afirmó Norma Andrade.
