A Norma Andrade le dijeron en la Fiscalía de Chihuahua, cuando su hija Lilia Alejandra García, de 17 años, no volvió a su casa después del trabajo en una maquiladora, que ‘se había ido con el novio’. Era 14 de febrero de 2001. Lilia Alejandra “desapareció” una semana. La mañana del 21 de febrero fue encontrado su cuerpo sin vida enredado en una cobija en un terreno baldío, entre dos de las avenidas más transitadas de Ciudad Juárez: la Tecnológico y la Ejército Nacional. El cuerpo de Lilia Alejandra tenía marcas de sujeción en las muñecas, escoriaciones en la cabeza, una fractura craneoencefálica, golpes en la nariz, en ambos pómulos, en los ojos, lesiones en el cuello consistentes en una asfixia por estrangulamiento, huellas de sujeción de laceración en ambos muslos, además de múltiples lesiones en la región vaginal y anal, y tenía en su cuerpo también rastros de semen de varios agresores. Así se supo que Lilia Alejandra no fue víctima de un acto de magia sino de un grupo de hombres que la secuestró y la mantuvo en cautiverio para violarla y torturarla una semana entera. Ni estaba con el novio, ni desapareció, ni se murió. A Lilia Alejandra la asesinaron. Desde ese día su madre, Norma Andrade, ha enfrentado a tres presidentes en turno del país y uno electo (Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador); a cuatro gobernadores de Chihuahua (Patricio Martínez, José Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral); y a siete presidentes municipales en nueve administraciones distintas (Gustavo Elizondo, Jesús Alfredo Delgado, Enrique Serrano, Javier González Mocken, Armando Cabada, y a Héctor Murguía y José Reyes Ferriz en dos ocasiones a cada uno). “Es que ellos no entienden que a mí no me mataron un perro. Que mi hija era un ser humano”, me dijo Norma una tarde nublada en la ciudad de San Luis Potosí, con su voz fuerte, característica de las personas en las que no hay un espacio para dudar. “No era un perro”, repitió más despacio esa tarde pero ya no para mí, sino para ella, para el viento que soplaba insistente moviendo los pinos frente a la casa. Como un eco quedó el registro de su voz. Como un eco potente es su vida, replicando siempre acciones que buscan, como con una linterna sumergida en una abrumadora oscuridad, un resultado olvidado en la práctica cotidiana: Justicia. Por eso estaba en San Luis esa tarde de mayo. Iba junto con otras 30 personas, pidiendo de ciudad en ciudad —de Ciudad Juárez a la Ciudad de México— que las escucharan, que atendieran sus casos, que alguien interviniera por ellos y le dijeran al gobernador, Javier Corral, que los escuchara. Caravana de la Realidad del Norte, se llamó eso. Entonces los familiares de víctimas de feminicidio, los de “desaparecidos”, los de desaparición forzada, los del Valle de Juárez, los que se oponen a la militarización de la frontera, unieron las luchas de una misma realidad. De los gobernantes que ha tratado Norma, todos, de alguna manera, antes o ya electos, le han prometido una justicia que a 17 años no llega. Todos excepto uno. El 8 de agosto el gobernador del estado, Javier Corral, dijo públicamente que el caso de Norma Andrade estaba resuelto, pero que motivaciones “personales o políticas” la hacían negarse para desprestigiar a su gobierno. No sólo eso. Lo grabó en video y lo publicó en sus cuentas de redes sociales. En total Javier Corral habla casi cuatro minutos. Va hilando una mentira tras otra. En la descripción del video escribió: “Voces con motivaciones personales o políticas buscan desprestigiar el esfuerzo realizado”. Un día antes, en el foro para la pacificación del país que encabezó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez, los familiares de víctimas que quedaron afuera del evento exigieron entrar. Como casualidad inexplicable el hombre encargado de detener a las víctimas estudió en la secundaria junto a Norma Andrade. Ella, al frente de las otras madres, le dijo: “tú me conoces, sabes lo que me pasó, ¿no me vas a dejar pasar?” y el hombre optó por hacerse a un lado frente al dilema moral que implica hacer lo que se debe o lo que se quiere. Enfrente del presidente electo decenas de madres y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición gritaron su reprobación a Javier Corral. José Luis Castillo —padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida desde el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez— brincó al estrado para encarar al gobernador y exigirle una entrevista. Junto a López Obrador, Javier Corral firmó un papel que le dio José Luis para que cumpliera su palabra y le diera la cita que, tan sólo a Norma y a él, les negó con más frecuencia de la que pasan los nombres de los meses en el año: entre los dos le pidieron 14 veces una reunión que fue negada. En una hoja de papel el gobernador Javier Corral escribió “reunión hoy” y dejó su firma. Ese día terminando el foro salió sin atender a ninguna víctima. En este contexto, al siguiente día, no sólo no les dio la fecha para la reunión, sino que subió el video en el que decía que a José Luis se le acompañó en “rastreos personales”, que el caso de Norma estaba resuelto, que las víctimas tenían reuniones a “cada rato” con él y que trabajaba muy cerca de las organizaciones. Luego de hablar de las organizaciones dijo que “es un crimen seguir medrando con el dolor”. Pero ni las organizaciones medran con el dolor, ni las víctimas tienen reuniones a cada rato con él, ni José Luis ha realizado búsquedas personales con ayuda de la Fiscalía, de acuerdo con ellos mismos. Y el caso de Norma Andrade no está resuelto porque no hay siquiera una orden de aprehensión contra algún presunto responsable. Mucho menos detenidos ni sentencia.
Al menos tres personas participaron en el feminicidio de Lilia Alejandra; Norma exige castigo para todos los responsables
El cuerpo de Lilia Alejandra y la cobija que cubría su cuerpo desnudo, violado y brutalmente golpeado, después de ser examinados lanzaron como resultado tres perfiles genéticos. Uno se recogió de manchas de sangre en la cobija, otro de las uñas de Lilia Alejandra y uno más del semen en la vagina de la adolescente. Para cerrar el caso es necesario que por lo menos se detenga a tres personas implicadas en el feminicidio. En el 2008 la representación legal de Norma Andrade pidió que se cotejaran las tres muestras genéticas con las halladas en otros casos de feminicidio. 
