Ciudad Juárez, Chihuahua.— ’El cubrebocas no nos callará’ es la lema que los familiares de víctimas de desaparición forzada y sobrevivientes de tortura han adoptado en Ciudad Juárez, Chihuahua, para continuar su lucha en medio de la pandemia mundial por la COVID-19. El embate del coronavirus, dicen, no detiene la exigencia de justicia. En cambio, en esta tarde calurosa de agosto de 2020, se reúnen al exterior de la Fiscalía de la Zona Norte para demandar respuestas. Las paredes de vidrio de la Fiscalía, un edificio amurallado por bardas de tres metros de altura y 20 centímetros de espesor, lucen las consignas que hoy los familiares gritan: Los queremos de vuelta / Exigimos respuestas / CEAV ya estamos registrados ¿ahora qué? Sobre una cartulina que enuncia las 2 mil 553 desapariciones de hombres en Chihuahua entre 2010 y julio de 2020, se recortan los rostros de 10 jóvenes desaparecidos en Juárez y municipios aledaños. Son sus familias —las de Erick Aguirre, Adrián Favela, Antonio Chaparro, Armando Guzmán, César Gonzalo Durán, Ángel Eduardo de la Rosa, Adriel Alonso Ávila, Jacobo Orozco, César Ávila y Erick Cuenca— las que integran el colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, que hoy se manifiesta en una Fiscalía casi desierta por la reducción de personal administrativo debido a la contingencia sanitaria. El colectivo forma parte del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, una red de organizaciones y víctimas que en 2015 abogó por la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y actualmente lo hace por su correcta implementación. Una de las organizaciones que acompaña al Movimiento es el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), que desde 2011 ofrece en Chihuahua atención jurídica y psicológica a familiares de personas desaparecidas y sobrevivientes de tortura. Los integrantes del colectivo toman turnos al micrófono bajo el sol quemante del mediodía, y expresan su sentir ante una explanada poblada casi exclusivamente por ellos y algunos representantes de la prensa local. “Un cubrebocas no nos va a callar ni nos va a detener, ni el COVID o como se llame esta cosa que nos mantiene encerrados. Yo no me puedo quedar en casa porque falta mi hija. Mientras mi hija no esté en casa, yo tengo que estar en la calle”, dice Ana Cuéllar Figueroa, madre de Jéssica Ivonne Padilla Cuéllar, que desapareció en 2011, a los 16 años de edad. El director del CDHPN, el presbítero Óscar Enriquez Pérez, toma la palabra para señalar que Chihuahua es el sexto lugar nacional en cuanto al número de personas desaparecidas. “El 98 por ciento de los delitos quedan sin resolver y esos niveles de impunidad, además de favorecer la repetición del delito, son el argumento más claro de su incapacidad”, dice. De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, en los últimos 10 años se cuentan 2 mil 994 reportes de desaparición en la entidad, de los cuales el 85% corresponde hombres, la mayoría de ellos de entre 18 y 30 años de edad. Juárez es el municipio con más reportes de desaparición con 661, seguido por la capital, Chihuahua, con 499 y el municipio de Cuauhtémoc con 475. Tras pasar listas a sus desaparecidos (con nombre y apellidos, para abonar a la memoria) los familiares ingresan entonces al edificio de la Fiscalía para entregar dos oficios dirigidos a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Irma Villanueva Nájera, y al fiscal César Augusto Peniche Espejel, en los que piden mesas de trabajo para la revisión de los casos. A regañadientes, mientras un agente estatal les toma fotos con su celular, les permiten ingresar a dejar los documentos. Un sello y una firma decretan el fin de lo que para la autoridad estatal es un mero acto protocolario. Las mesas de trabajo, al menos en este año, no se llevarán a cabo.
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Daniel Alejandro Duran Calderón es un acompañante social y victimólogo de 34 años. Desde hace 11 forma parte de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia. Él está también en la búsqueda de un ser querido. Su hermano César Gonzalo, a quien con cariño se refiere como ‘Chalo’, desapareció en 2011, apenas tres semanas después de volver a México tras pasar 10 años viviendo en Estado Unidos. César Gonzalo Durán regresó a su país — uno “sumamente peligroso, en donde no necesitas deberla o temerla para que algo te pase”, dice Daniel— para arreglar su situación migratoria. Se casó con una estadounidense, tiene tres hijos y hace 10 años que nadie conoce su paradero. “Él cree que puede agilizar los trámites y cuando tiene cerca de dos o tres semanas lo desaparecen con otra persona. Desde entonces lo hemos buscado y hemos exigido que lo busquen. Mi hermano es una persona que no tenía problemas, menos ahora que venía regresando. No conocía a muchas personas”, dice Daniel. Para Daniel la desaparición de su hermano marca un antes y un después en su vida, en las decisiones que subsecuentemente lo llevaron a convertirse en defensor de derechos humanos y acompañar a otras personas que comparten su mismo dolor. “El no tener a una persona que amas, que es parte de ti, que tiene tu sangre y creciste con él. Es muy difícil explicarlo”, dice. El primer reto al que se enfrentó el colectivo en el contexto de la pandemia, relata Daniel, fue el adaptar la manera de encontrarse. No pueden tener de forma presencial las reuniones en las que, una vez al mes, tomaban decisiones y compartían su sentir: un espacio “donde tocar base”. También cambió la forma de manifestarse. Con cubrebocas, sana distancia y pocas personas, solo aquellas que no formaran parte de los grupos de riesgo. Las campañas permanentes de concientización se trasladaron al plano digital, a través de las redes sociales. “De por sí es muy complicado ir siempre contra corriente, visibilizando los casos para que la gente se sensibilice, ahora con todas estas barreras ante la pandemia, para nosotros nos representa un doble reto”, dice Daniel. En cuanto a la relación con las autoridades y el seguimiento a los casos por parte de las víctimas, Daniel relata que las respuestas se han alargado. Si bien su peticiones no son rechazadas, sí han sido dilatadas. “La palabra que mas describe a estas autoridades es la simulación. La respuesta que nos dan ahora es que no pueden seguir con las reuniones por la pandemia, no pueden responder oficios por la pandemia. Ha sido una excusa más de las muchas que nos han dado”, dice.
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Para Carla Palacios Flores, abogada del CDHPN desde 2016, la pandemia ha servido como justificación para que las autoridades chihuahuenses no den continuidad a los procesos de investigación. “Cuando preguntamos por el o la Ministerio Público de nuestros casos, nos dicen que no están trabajando en este momento y no nos dan razón de quién dará continuidad a los procesos”, señala. La inacción de la Fiscalía no es algo nuevo para Palacios Flores. El colectivo de familias también está acostumbrado a la indiferencia oficial. En palabras de la abogada, las excusas son distintas, pero la falta de voluntad es la misma. En el caso de las personas sobrevivientes de tortura, la mayoría de las cuales se encuentra recluida en centros penitenciarios, le preocupa los brotes al interior de los mismos y la privación de comunicación con sus familiares al exterior. La pandemia detuvo la mayoría de las actividades comerciales y sociales en la ciudad, pero no las denuncias por tortura, que en Chihuahua se han incrementado desde 2016.
Según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, de 2010 a la fecha se han emitido 209 recomendaciones a la FGE por actos de tortura, de las cuales 151 se emitieron de 2016 (año en que inició la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Javier Corral Jurado) a la fecha. La mayoría de ellas han sido aceptadas por las autoridades.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Chihuahua, hasta octubre de 2020 se habían reportado 322 contagios confirmados de COVID-19 en centros penitenciarios de la entidad, así como 13 fallecimientos.
“En el tema de tortura, los casos continuaban llegando. A pesar de la contingencia, seguían llegando personas a solicitar asesoría legal o psicológica para sus casos, especialmente en aquellos donde las personas se encontraban en reclusión”, señala Palacios.
Además de adecuarse a las normas de distanciamiento e higiene exigidas por las autoridades sanitarias, y un alto a la atención presencial por parte de la misma organización, los defensores han tenido que lidiar con dificultades para mantener un canal de comunicación con las víctimas. Para la mayoría de las personas que son acompañadas es difícil mantener el contacto vía internet, como se ha hecho en la mayoría de oficinas públicas y privadas, y a la preocupación de cuidar su salud se suma la de preservar su economía. “Las víctimas que acompañamos son personas que se encuentran en sectores de la periferia del municipio, en donde no hay una señal telefónica estable ni internet para mantener la comunicación con ellos. Ha sido bastante complejo, aunado a que muchos de ellos se dedican a trabajar en sectores informales y no han podido acceder a sistemas de seguridad social”, dice.
A pesar del desgaste físico y emocional que ha implicado la pandemia para las y los defensores de derechos humanos y las víctimas que acompañan, Carla Palacios destaca la perseverancia de las personas que luchan en un contexto que ha puesto a prueba su resistencia.
“Veo luces de esperanza dentro de este camino, dentro de esta contingencia, ya que, a pesar de que no hemos podido tener un contacto directo con las víctimas, sí hacemos lo que está en nuestras manos para hacerlas sentir acompañadas, hemos podido dar un apoyo y que sientan que hay alguien en esta ciudad que les escucha”, dice.
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“Mientras las familias de Ciudad Juárez celebran la navidad en sus casas, nosotros nos vemos obligados a salir a las calles, a hablarle a una sociedad muchas veces indolente y a unas autoridades incompetentes, y decirles que nuestras navidades son diferentes”, dice Daniel Durán, micrófono en mano, en uno de los corredores del Centro Histórico de Ciudad Juárez.
La manifestación que realizan este 23 de diciembre de 2020 es la más reciente del colectivo que no ha permitido que la pandemia detenga sus actividades, aunque, por seguridad, están presentes solo cuatro de los familiares que lo integran.
Han colocado un árbol navideño hecho con piezas de tablarroca, adornado con esferas de cartón que tienen las fotografías y los nombres de sus desaparecidos.
A Luz Elena Ramos, madre de Daniel Armando Guzmán Ramos, desaparecido en abril de 2012 en el municipio de Jiménez, se le quiebra la voz cuando trata de explicar cómo son las navidades en su casa, desde que una silla vacía es el recordatorio constante de su ausencia.
“Para nosotros no hay navidad. Estas fechas para nosotros son dolorosas. Cuando la gente anda comprando regalos y anda gustosa, para nosotros es dolor”, dice.
Los familiares reparten pesquisas entre el tropel de persona que en el Centro se apresura a hacer compras de último momento, a pesar del semáforo ‘naranja restrictivo’ que ha impuesto el gobierno estatal.
Hace apenas una semana la Fiscalía encontró partes de un cuerpo humano durante un operativo de búsqueda en el Valle de Juárez. Fragmentos de huesos de un brazo derecho. El colectivo exige participar en los rastreos y que se le dé prioridad a los procesos de identificación, pero, como se ha convertido en una constante, sus demandas no tienen respuesta.
Los integrantes del colectivo terminarán el año como lo empezaron, antes de que se reportara el primer caso de COVID-19 en el estado de Chihuahua, en la búsqueda alimentada por un anhelo irrenunciable: el de un día volver a estar juntos.
