Ciudad Juárez, Chihuahua.— El pasado 17 de mayo, durante la realización de una serie de diligencias en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, dos defensoras del Centro De Derechos Humanos Paso Del Norte (CDHPN) escucharon gritos provenientes de las oficinas de la Unidad Antiextorsión: un grupo que en años anteriores ha sido denunciado por actos de tortura. Las activistas ingresaron a las oficinas de la Unidad y confrontaron a los ministeriales que en ese momento torturaban a una persona detenida. En un pronunciamiento publicado días después por el CDHPN, organización que en Ciudad Juárez brinda acompañamiento a víctimas y familiares de víctimas de tortura y desaparición forzada, se relata que los agentes las amenazaron por “obstruir una investigación”, argumentando que interrogaban a un testigo protegido. Las defensoras del CDHPN llevaron su reclamo a la oficina de la Unidad de Control Interno de la FGE, hasta donde fueron perseguidas por los elementos estatales, quienes las amedrentaron por supuestamente suplantar a personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), algo negado por la organización.
“Cuando los agentes se aseguraron de que no se trataba de visitadoras de derechos humanos, tuvieron una actitud de burla, minimizando los reclamos de las mismas. Esto último ocurrió en presencia de personal de la Unidad de Control Interno”, se lee en el comunicado emitido por la organización.
Tras la difusión del caso por parte del CDHPN, el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que se daría curso a una investigación sobre este tema.
“No podemos dar por sentado ningún señalamiento hasta que no se investigue. Pero lo importante es que sí hay instancias que investigan cualquier denuncia que pueda derivar en malos tratos, o en temas de tortura, Nosotros somos un gobierno que está totalmente comprometido con los derechos humanos (…) Entonces nos comprometemos a darle curso a la denuncia presentada y a darles debidamente cuenta del turno y el estado de resolución que haya recaído sobre la denuncia. Así lo hacemos en los casos que se presentan documentadamente”, dijo Corral.
La Unidad Antiextorsión de la FGE, sin embargo, es un grupo policial que en años recientes se ha visto involucrado en actos de tortura. El caso más notorio ocurrió el 12 de enero 2012. Ese día con exceso de violencia policías de la corporación sacaron a ‘Luis’ —de quien se reserva su verdadera identidad— y sus dos hermanos de su casa. Entre golpes y amenazas, los llevaron a las instalaciones de la FGE. Allí los torturaron dos días. Los acusaban falsamente de pertenecer a una banda de extorsionadores que operaba en Ciudad Juárez. Dos años y siete meses después, los tres hermanos fueron declarados inocentes en un juicio oral. Luis, que tenía 18 años al momento de su detención, perdió parte de su visión como consecuencia de la tortura. También perdió el oído derecho. Tuvo que ser operado en la ciudad de Torreón, donde le extrajeron el tímpano destrozado. Hasta el día de hoy, relata la propia víctima, es acechado por agentes ministeriales de Chihuahua. Tras interponer una denuncia por las vejaciones a las que fue sometido los responsables lo vigilan.
“Claro que los he vuelto a ver. Los he mirado en la calle, los he mirado en la televisión. En la Fiscalía las pocas veces que me ha tocado presentarme a hacer algún trámite, los he alcanzado a ver”, relata Luis, sentado en una de las salas del CDHPN.
Práctica “sistemática”
De acuerdo con Carlos Gutiérrez Casas, visitador de la Comisión Estatal de los derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, la práctica de la tortura en el estado es sistemática y son los elementos de la FGE quienes la ejercen mayormente. Cifras de la Comisión revelan que en los primeros seis meses de 2019, se han hecho 17 recomendaciones contra elementos estatales. En todas ellas, la Comisión ha determinado que hay “evidencias suficientes para acreditar violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal”, mediante actos de tortura.
“Esto (la práctica de tortura) vino a agravarse con la situación en el 2007 y 2008, con la violencia extrema que vivimos en nuestra ciudad, cuando tanto agentes del Ejército como de la Policía Federal y Estatal, e incluso Municipal, torturaron a diestra y siniestra, y desde entonces la práctica no ha cesado. En la Comisión las recomendaciones que más tenemos son por tortura. Sobre todo en algunas áreas específicas de la FGE, se tortura muchísimo”, asegura Gutiérrez Casas.
El visitador de la CEDH chihuahuense dice que las razones por las cuales se tortura son variadas: para fabricar culpables, para obtener información sobre la operación de bandas delictivas, para afectar procesos judiciales y, en última instancia, por orden del crimen organizado. Según Gutiérrez Casas, la Comisión reporta un promedio de 40 recomendaciones por tortura anualmente, “y no se denuncian todos los casos”. Por su parte, el director del CDHPN, Óscar Enríquez Pérez, señala que los patrones con los que se ejerce la tortura son siempre los mismos: detenciones arbitrarias seguidas de periodos en los que no se reporta la detención correspondiente y, después, la autoincriminación inducida con violencia. El director del CDHPN también denuncia la impunidad con la que se ejerce esta práctica, y para ejemplificarlo recuerda el caso de Miguel Ángel Luna López: un elemento ministerial evidenciado en 2017 mientras cometía actos de tortura en un video correspondiente a 2012. En la grabación el agente ministerial interroga a dos hombres hincados, esposados a la espalda y con los ojos vendados. Se trata de José Manuel Amador Cháirez y José Alfredo Castañeda, sentenciados a prisión vitalicia en 2014 por el delito de extorsión. Aunque Luna López fue separado de la Unidad Antioextorsión, luego fue reinstalado en la Fiscalía y actualmente trabaja en la Unidad Especializada en Operaciones Estratégicas. Su caso llegó hasta la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas y fue incluido en el informe anual de 2017 sobre violaciones a los derechos humanos en México.
“Hemos denunciado públicamente varios casos. Además somos conscientes de esos videos que han aparecido públicamente y creemos que no ha habido una información adecuada. Cuando se delata un acto de tortura debe procederse a la investigación y deben cesar a los supuestos participantes mientras dura la investigación”, comenta Enríquez.
De acuerdo con el director del CDHPN, los policías ministeriales prefieren hombres jóvenes sin acceso a la educación y de nivel socioeconómico bajo para la fabricación de culpables mediante actos de tortura. Esta versión coincide con la de Julián Rojas Padilla, integrante de la organización Programa Compañeros, quien coordina la iniciativa de asistencia para personas usuarias de drogas. Rojas Padilla señala que las personas a las que atiende, que viven en condiciones de pobreza y mayormente en situación de calle, son constantemente acosados por elementos de seguridad pública: en este caso, de la Policía Municipal de Ciudad Juárez.
“Los detienen por su apariencia y cuando ven las marcas en su cuerpo (por la inyección de drogas)… los golpean, los arrestan, los roban”, cuenta Padilla.
Debido a su condición de vulnerabilidad, el coordinador de Compañeros señala que sus detenciones también se han prestado a la fabricación de delitos. En algunos casos, dice, les han sembrado droga. Aunque en lo que va de 2019 la CEDH de Chihuahua no ha emitido recomendaciones contra la Policía Municipal de Juárez, el año pasado fueron 20, de las cuales 16 corresponden a actos de tortura. Sólo una de ellas fue rechazada por la autoridad municipal. En octubre de 2018, medios de comunicación de Ciudad Juárez publicaron un video en el que elementos de la Policía Municipal torturan a un detenido cortándole la respiración con una bolsa de plástico que le cubre la cabeza. De acuerdo con El Diario de Juárez, el policía que aplica la tortura es un comandante de apellido Armengol. El supuesto policía pregunta al hombre torturado en dónde hay armas mientras aprieta la bolsa y otro agente lo golpea en el vientre. La Coordinación de Comunicación del Gobierno Municipal de Juárez difundió una versión escrita de la postura del presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, respecto a los hechos:
“Con relación a un video que ha circulado este día en redes sociales, donde hay evidencia de una presunta tortura a un detenido por parte de elementos de la Policía Municipal, declaro categóricamente no tener conocimiento de que este tipo de prácticas se estuvieran realizando”.
Difícil olvidar
“Es difícil. No puedes olvidar ni quitarte eso de la cabeza. Pero se aprende a sobrellevarlo, a sobrellevar lo que pasó, a vivir con ese dolor”, dice Luis, el joven que a sus 18 años y junto a sus dos hermanos fue torturado por policías de la FGE en 2012. En su playera azul, la leyenda “I Survived” es testimonio de su situación actual. El personal del CDHPN les llama sobrevivientes —y no víctimas— de tortura, como una medida de empoderamiento. Para Luis, su familia ha sido un factor determinante en su recuperación. También lo ha sido el acompañamiento terapéutico y legal del Paso del Norte. Son las personas a su alrededor quienes lo han ayudado a salir adelante “para poder quitar todo este peso que hemos estado cargando”. Cree que su paz no la recuperará jamás. “Esa ya no regresa”, dice con media sonrisa. “Por más que estés tranquilo, al escuchar un grito, una ofensa, una amenaza, vuelve a surgir”. En este momento, lo que más le preocupa es volver a su casa a descansar. Dentro de unas horas volverá a su turno de 12 horas en una de las empresas maquiladoras de Ciudad Juárez. Sabe que al salir, al tomar el camión para ir a su casa o al trabajo, al caminar por la calle o al visitar a su familia, sus torturadores seguirán allí. Dice que eso es “lo normal” en su estado. Esta investigación fue publicada también en Animal Político.
