Chihuahua.— Las audiencias públicas son un instrumento por medio del cual las y los chihuahuenses pueden reunirse en un foro público con las autoridades para hacer propuestas, solicitar y recibir información, y representan un espacio de diálogo abierto y transparente con quienes toman las decisiones en todo el estado.
En la ciudad de Chihuahua ya se han realizado audiencias públicas para tratar asuntos medioambientales, culturales y del uso de espacios públicos. No obstante, estos procesos no han estado exentos de trabas y negativas por parte de las autoridades.
Actualmente, organizaciones y colectivos del municipio de Juárez mantienen una campaña de recaudación de firmas para solicitar dos audiencias públicas a los gobiernos estatal y municipal, sobre la operación del sistema de transporte semimasivo Juárez Bus.
Entre los instrumentos de participación social incluidos en la Ley de Participación Ciudadana del estado de Chihuahua, aprobada por el Congreso estatal en abril de 2018, se contemplan las audiencias públicas. Es esta misma ley la que ha amparado desde 2019 la realización de mecanismos de participación social como presupuestos participativos y consultas públicas, y de participación política como el plebiscito con el que se frenó la concesión del alumbrado público en la capital del estado.
Las audiencias públicas son un derecho de todos los habitantes del estado de Chihuahua, que se pueden solicitar al gobierno estatal con el apoyo de al menos 200 personas, y a los gobiernos municipales con 50. Cuando las autoridades reciben la solicitud, tienen 10 días hábiles para responder, y en caso de rechazarla deben de explicar por qué.
Si aceptan, son las propias autoridades quienes deben encargarse desde la convocatoria hasta la disposición de todo lo necesario para su realización en un lugar de fácil acceso. Las audiencias públicas pueden ser convocadas por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por los ayuntamientos y por los organismos autónomos.
La lucha ambiental a través de audiencias públicas
El Cerro Grande ‘Arewakawi’ alberga una gran diversidad de flora y fauna, algunas especies en peligro de extinción, otras protegidas y endémicas. En esta zona natural nacen el arroyo de La Manteca y diversos ojos de agua.
Además de su valor ambiental, tiene un importante peso cultural e histórico, pues en una cueva del cerro hay una pintura rupestre. Representa un símbolo de identidad para la población chihuahuense: la silueta del Cerro Grande aparece, junto con los cerros El Coronel y Santa Rosa, en el escudo de armas del estado.
Desde 2018 el movimiento ambiental Salvemos los Cerros de Chihuahua mantiene una lucha constante para protegerlo de los intereses económicos empresariales y la indiferencia institucional. Luego de que se anunciara la construcción de una gasolinera en las faldas del cerro, integrantes de la agrupación hicieron uso (por primera vez en el estado) de la audiencia pública.
El vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua, Luis Rivera, explicó que a principios de 2019, luego de la primera audiencia pública, se logró detener provisionalmente la construcción de la gasolinera, pero en mayo de 2020 la empresa Cimarrón Lubricantes reanudó la construcción por medio de un amparo.
A lo largo de ese año, integrantes del movimiento ambiental realizaron diversas acciones, como cierres de vialidades y manifestaciones al exterior del Palacio de Gobierno. A finales de septiembre de 2021 Salvemos los Cerros de Chihuahua volvió a hacer una solicitud de audiencia pública para proteger el cerro.
Rivera indicó que se cumplieron los 10 días hábiles establecidos en la Ley de Partición Ciudadana y no obtuvieron respuesta. Ante ello acudieron a la oficina Vinculación Ciudadana y Políticas Públicas pero fueron canalizados a la Dirección de Ecología, en donde tampoco sabían sobre la situación de la solicitud.
“Les dije que los iba a denunciar y me hablaron para una reunión privada. Me dicen que van a investigar y que iban a haber avances”, recordó. Al no obtener respuesta, decidieron interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La CEDH tardó alrededor de siete u ocho meses en resolver la queja, pero no en un sentido positivo. Según la CEDH, ya no había motivo de queja pues la solicitud de audiencia no cumplía los requisitos de ley y la reunión que brindó la Dirección de Ecología fue suficiente para tratar el tema.
“Los derechos humanos se protegen mediante la participación ciudadana, el estado de derecho y la democracia y con esto ya no sé a dónde acudir porque ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las mismas instancias en Gobierno del Estado me han cerrado las puertas como vocero y representante de un colectivo, y a mí no me parece nada justo eso, por eso consideré necesario venir aquí”, dijo Rivera el pasado 29 de julio durante la tercera sesión extraordinaria del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua (CCPC).
Salvemos los Cerros de Chihuahua interpuso una queja en contra de la CEDH ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y recientemente una visitadora fue asignada al caso, mencionó Rivera.
Tras su participación en el CCPC, logró reunirse con diferentes autoridades estatales quienes se comprometieron a restituir la audiencia por el Cerro Grande y formar una mesa de trabajo para declarar Área Natural Protegida la Sierra Nombre de Dios.
“Considero que es un buen acuerdo, nada más esperamos que sea cierto”, dijo sobre los resultados de dicha reunión.
Sobre la falta de claridad en los procesos para hacer uso de los instrumentos de participación social enfatizó que “estas cosas nos atrasan y echan para atrás años de lucha de esfuerzos y trabajo donde se están generando leyes y las autoridades encargadas de cumplirlas no lo hacen y quienes deberían protegernos como lo es la CEDH (no lo hacen)”.
Una solicitud rechazada
El pasado 19 de julio la asociación civil Trabajando por mi Ciudad hizo llegar una petición de audiencia pública a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), para que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción brindara información sobre el trabajo que ha realizado respecto a la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción (PEA).
El oficio, dirigido a la titular de la SESEA, Jocabed Portillo, solicitaba cuatro audiencias públicas para que las personas integrantes del Comité Coordinador dieran respuesta a los siguientes puntos: Combate a la gran corrupción, Promoción del buen gobierno, Fortalecimiento de la participación y vigilancia ciudadana, y Fomento de la denuncia como un instrumento de confianza en las instituciones.
Portillo rechazó la solicitud de audiencia el último día que tenía para responder, algo que para Trabajando por mi Ciudad es “una práctica inhibitoria”, indicó Ana Terrazas, integrante de la asociación civil.
“Nos responde Jocabed diciendo que no tenía las facultades para convocar a las autoridades solicitadas. Ella, al ser titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de entrada tiene facultades porque es su materia”, comentó Terrazas.
Denunció que, además de rechazar la solicitud, omitió indicar qué instancia o autoridad podría atender la petición de audiencia. Para Terrazas, la acción de la titular de la SESEA demuestra desconocimiento de sus facultades y de los instrumentos de participación social.
“Me parece una irresponsabilidad negarnos un derecho que tenemos por ley. Considero que sí deberían de conocer los instrumentos de participación ciudadana y tener responsabilidad de transparencia y rendición de cuentas, porque estamos exigiendo que nos digan cómo y cuándo se van a hacer las cosas que, por obligación, tienen que hacer”, dijo refiriéndose al estancamiento de la PEA en el Comité Coordinador.
Terrazas opinó que es necesario que el Instituto Estatal Electoral (IEE) difunda información y capacite a la ciudadanía sobre los instrumentos de participación social y política para que puedan exigirlos. Esto se debería extender hasta las autoridades, que también forman parte de la ciudadanía, añadió.
Por el momento, quienes integran Trabajando por mi Ciudad analizarán la respuesta de la titular de la SESEA y buscarán apoyo en el IEE para determinar sus próximas acciones y hacer valer sus derechos.
Burocracia y desconocimiento de funcionarios estanca participación ciudadana
La presidenta del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua (CCPC) y directora de Participación e Incidencia de la organización Política Colectiva, Pamela Pérez Gómez, explicó que actualmente hay tres solicitudes de audiencia pública que no han avanzado debido a problemas burocráticos y cuestiones relacionadas con su formulación.
Dos de estas son de Salvemos los Cerros y llevaban un año sin obtener respuesta. La tercera es la solicitud de Trabajando por mi Ciudad, recientemente rechazada.
Pérez Gómez explicó que el coordinador de la oficina de Vinculación Ciudadana, Rafel Loera Talamantes, no tenía conocimiento de las solicitudes de Salvemos los Cerros hasta la sesión del 29 de julio en la que participó Luis Rivera para denunciar el estancamiento de las solicitudes.
La presidenta del CCPC dijo que se volverá a presentar la solicitud para que muy pronto se lleve esta audiencia:
“Se acordó que de esas dos audiencias se iba a volver a solicitar una sola audiencia; todavía no se entrega esta nueva solicitud, no lo han hecho del conocimiento del Consejo, pero en cuanto lo hagan estaremos vigilando para que se dé cumplimiento a estos 10 días que tiene a la autoridad para responder esta solicitud ciudadana”.
Pamela Pérez Gómez reconoció que a nivel estatal ha habido muy pocas audiencias públicas: durante la pandemia hubo entre 5 y 7 que se llevaron a cabo por Zoom, pero aún no se ha logrado concretar una audiencia pública presencial con autoridades estatales.
Señaló que debe existir sensibilización y capacitación de las personas funcionarias y servidoras públicas que están dando atención a la ciudadanía y que no conocen las obligaciones que tienen como autoridades a la hora de responder estas solicitudes de audiencia pública.
Un espacio para la resolución de conflictos
La presidenta del CCPC sostuvo que la audiencia pública es uno de los mecanismos de participación ciudadana más interesantes e importantes, debido a que es un espacio de diálogo abierto y transparente entre las personas tomadoras de decisiones y quienes habitan una ciudad.
“Estos espacios ayudan mucho a disminuir la desconfianza que existe en las autoridades. Es un espacio en el que, si la ciudadanía se encuentra con un descontento, puede sentarse en la mesa de manera pública con las personas tomadoras de decisiones y exponer la problemáticas y llegar a acuerdos públicos a los que se les pueda dar seguimiento”, sostuvo.
Nayo Rodríguez Varela, consejero ciudadano del CCPC, indicó que hay casos en los que las audiencias públicas han servido para resolver conflictos en comunidades.
En junio de este año se efectuó en el municipio de Chihuahua una audiencia pública con habitantes de la colonia Revolución que se oponían a la privatización del Parque Corredor Homero.
Rodríguez Varela contó que las vecinas habían solicitado una audiencia en 2019, pero en aquel entonces las autoridades municipales acordaron una reunión en “corto” y no se respetaron los acuerdos.
En esta ocasión, el Municipio aceptó la solicitud de audiencia pública y, de acuerdo con el consejero, esta solicitud fue particularmente importante porque no se solicitó a través de activistas y organizaciones de la sociedad civil, sino por la misma ciudadanía.
“Están defendiendo su parte, su territorio y eso cambia mucho la lógica de que se tiene a veces sobre las audiencias públicas, porque se piensa que por parte de la sociedad civil organizada se va a terminar dando una cátedra (…) aquí era un tema muy politizado, pero muy sencillo en donde toda la gente de la colonia Revolución con alrededor de 400 personas sabían cómo están las problemáticas del parque, qué es lo que le faltaba, y las exigencias eran muy claras”, explicó.
En los videos de la audiencia pública se puede ver a las y los vecinos de la colonia Revolución exhibiendo sus puntos de vista, expresar su indignación y escuchar a los tomadores de decisión.
Finalmente, se alcanzaron acuerdos con el Municipio de Chihuahua para respetar el territorio y establecer compromisos para las partes interesadas.
