Ciudad Juárez, Chihuahua.— Hoy durante la Comisión de Ecología y Protección Civil, trabajadores de la empresa Samalayuca Cobre, S.A. de C.V. expusieron ante regidores, académicos, activistas y pobladores de Samalayuca, las características del proyecto minero Gloria, el cual pretende instalarse en dicha zona. La presentación, realizada por Luis Javier Corrales Lerma, apoderado legal de la empresa, inició con los antecedentes de este proyecto que se viene gestando desde el 2006. Y es que el 31 de marzo del año mencionado, la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía emitió una concesión minera, cuya vigencia es de 50 años. Fue hasta el 5 de octubre del 2009 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto del área natural protegida de la zona conocida como Médanos de Samalayuca.
“Al momento de establecerse un área natural protegida, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), deben de hacer una revisión ante las diversas secretarías que son homólogas en cuanto a nivel jerárquico que estas tienen, para que se establezca o se prevea previo al establecimiento del área natural protegida las condiciones que existen dentro del sitio. Esto es porque dentro del área natural protegida se debe establecer un programa de manejo que sea acorde a las circunstancias de la zona”, explicó Corrales Lerma.
Cuatro años más tarde, específicamente el 2 de abril, se emitió el acuerdo del programa de manejo del área natural protegida en el Diario Oficial de la Federación. Del 28 de agosto del 2015 al 8 de septiembre del mismo año, se llevó a cabo una consulta pública para la modificación de dicho programa de manejo.
“Cuando se emite el programa de manejo del área natural protegida, posterior a ello se lleva una consulta pública para revisar el programa de manejo. Esto no solo se refiere al tema de carácter industrial sino al tema de la cuestión turística, de la agricultura, la industria; se consideraba por la comunidad en general que el programa de manejo no atendía las necesidades de la realidad del sitio”, aclaró.
El apoderado legal mencionó que, aunque ellos contaban con una concesión minera que les permitía realizar algunas actividades en la zona, el establecimiento del área natural protegida los limitaba.