Fue de una de sus primeras propuestas de campaña, pero que se quede sin fuero implica un cambio constitucional que tiene que pasar tanto por el Congreso de la Unión como por una mayoría de las legislaturas estatales.
José Antonio Meade, candidato por la coalición Todos por México, aseguró en el arranque de su campaña que, de ser electo, eliminará el fuero y será el primer presidente de México en no tener inmunidad, tras renunciar a ese privilegio.
“Frente a la nación me comprometo: encabezaré un gobierno de gente decente, como lo somos la enorme mayoría de los mexicanos, un gobierno en el que el único privilegio sea ser mexicano. No habrá fuero para nadie, seré el primer presidente sin fuero”, declaró Meade este 1 de abril, en su discurso de arranque de campaña en Mérida, Yucatán.
Sin embargo, eliminar el fuero y renunciar a la inmunidad no es proceso simple, ni que recaiga únicamente en la voluntad del Ejecutivo. Luis Felipe Nava Gomar, experto en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, explicó a Verificado 2018: “Esto de renunciar al fuero no se puede”.
Para que el Presidente no tenga fuero, se debe hacer una reforma constitucional -como indica el artículo 135 de la Constitución Política-, la cual debe ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso de la Unión, además de 17 de las 32 legislaturas de las entidades.
En caso de que la reforma fuera aprobada, el siguiente paso sería establecer su entrada en vigor y así determinar si el desafuero se aplicaría en la administración de Meade o en la siguiente.
En la jurisprudencia con registro 192346 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se detalla que el presidente de la República Mexicana no goza de una inmunidad absoluta, sino que puede ser acusado ante la Cámara de Senadores por delitos graves, como homicidio, genocidio, espionaje o traición a la patria.
En resumen, hubiera sido más preciso decir que se propondrá una reforma constitucional que elimine el fuero, pues esta decisión recae en el Congreso.
Recientemente, ha sido la bancada del PRI en la Cámara de Diputados la que ha obstaculizado la eliminación del fuero de legisladores que están siendo investigados por presuntos delitos.
En octubre pasado, los diputados priistas impulsaron no retirar el fuero al diputado Tarek Abdalá, señalado por presuntamente desviar recursos del gobierno de Javier Duarte en Veracruz, cuando fue Tesorero en la entidad.