Legisladores locales señalan omisiones de autoridades estatales y denuncian lentitud en el proceso de identificación de 386 cuerpos hallados en Crematorio en Ciudad Juárez por parte de FGE; Fiscal de la Zona Norte aseguró que Federación pudo atraer el caso “desde el primer momento”.
Por Miguel Silerio / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.— La bancada de Morena en el Congreso de Chihuahua anunció que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que analice la posibilidad de atraer el caso del Crematorio Plenitud, donde fueron hallados 386 cuerpos en condiciones irregulares, anunció este lunes el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo.
Además, Morena pedirá a la Fiscalía General del Estado (FGE) que agilice la identificación de las víctimas y la investigación del caso, y propondrá un convenio de colaboración entre ambas instancias.
“El tema en lo local va lento, y sería más sano que si hay responsabilidades de funcionarios estatales, los investigue un ente distinto al propio gobierno estatal”, justificó Estrada.
La solicitud por escrito será presentada a finales de esta semana o mediados de la siguiente, se dio a conocer. El legislador explicó que el fundamento legal está en el artículo 202 del Código Penal estatal, el 280 del federal, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la FGR y el 24 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
“Quien debe determinar si puede o no atender un asunto de esta naturaleza debe ser la Fiscalía General de la República, no nosotros. No podemos decidir por ella. Por eso planteamos que la FGR analice si considera atraer el asunto o no, porque elementos jurídicos para atraerlo existen”, señaló.
El coordinador de la bancada también anunció que se brindará acompañamiento técnico y jurídico a las familias que así lo soliciten y aseguró que ya se han recibido peticiones de apoyo por parte de personas afectadas. Asimismo, informó que ya se trabaja en comisiones una iniciativa (presentada por Movimiento Ciudadano) para aumentar las sanciones penales en este tipo de casos.
“La investigación nos debe decir cuáles fueron los funcionarios que tuvieron omisiones según las facultades y obligaciones que le determina la ley. (…) La investigación no solo puede ir encaminada, como hasta ahorita, a ver si el dueño del crematorio fue omiso, negligente, etc. Por supuesto que lo fue, lo tiene que declarar un juicio, pero también nos tiene que decir qué autoridades permitieron eso”, afirmó.
Por su parte, la diputada María Antonieta Pérez Reyes señaló que el caso refleja corrupción e ineficacia de las autoridades: “Ni en nuestros más fuertes temores como ciudadanos podríamos habernos imaginado el escenario que estamos viviendo, en donde por negligencia, por corrupción, por indiferencia, por ineficacia de las autoridades correspondientes, hoy hay casi 400 familias viviendo el horror que ya todos conocemos”.
La diputada Elizabeth Guzmán Argueta advirtió que lo ocurrido “no es un accidente, tiene que ver con omisiones y/o complicidades”. Aseguró que las familias viven con preocupación y desesperación ante la falta de respuestas, a un mes del hallazgo.
La diputada Jael Argüelles señaló que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) es la instancia responsable de supervisar la infraestructura, operatividad y salubridad de negocios como los crematorios y denunció que el hermano de uno de los detenidos tiene contratos con la Secretaría de Salud estatal y con la de Desarrollo Humano y Bien Común, lo cual consideró indicio de posibles compadrazgos.
“En el momento que quiera, lo puede atraer”: FGE de Chihuahua
El pasado 19 de julio, durante un diálogo con familiares, el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, abordó la posibilidad de que la FGR atraiga el caso. Aseguró que desde el inicio se preparó un expediente para facilitar su transferencia a la instancia federal.
“Tenemos preparado el expediente porque la Federación, en el momento que quiera, lo puede atraer. ¿Por qué? Porque estamos aplicando también una ley federal, la Ley General de Salud, que es federal”, explicó.
Añadió que el Código Penal estatal contempla sanciones menores, por lo que se optó por judicializar con base en el artículo 422 de la Ley General de Salud, que prevé penas de 6 a 17 años de cárcel.
“Nosotros nos preparamos una vez que se concluyó la primera etapa de vinculación para tener todo en orden para que lo atrajera la Federación, pero no nos han pedido absolutamente nada”, señaló.
Salas coincidió en que la intervención federal podría acelerar el proceso: “Si nos ayuda la Federación será más rápido (el proceso de identificación), mucho más rápido. ¿Por qué? Porque hay una serie de peritos y laboratorios de ciencias forenses en todo el país que nos podrían ayudar, y los protocolos son los mismos para identificar”.
“Este delito pudo atraerlo la Federación desde el primer momento. Pero si no lo atrae, nosotros no nos vamos a cruzar de brazos; tenemos que seguir adelante con los pocos recursos que tenemos”, dijo Salas.
Hasta este sábado la Fiscalía De la Zona Norte había confirmado la identificación de 27 de las 386 personas localizadas en el crematorio, de las cuales 13 ya fueron entregadas a sus familiares, dos están pendientes de entrega, y 12 más están en proceso de notificación a sus familias.
