Organizaciones han señalado que la Ley de Seguridad Interior, que faculta al Presidente para ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, abriría las puertas a la militarización del país
Ayer, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Seguridad Interior, que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas (Ejército) en las labores de seguridad pública de estados y municipios.
La Ley fue avalada por los diputados de la mayoría priista, el Partido Nueva Alianza, el Partido Verde y el Partido Encuentro Social con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, mientras que las bancadas de Morena y del PRD presentaron tres mociones suspensivas que fueron rechazadas.
La aprobación de la Ley se dio en medio del rechazo de las bancadas de oposición y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales enfocadas a la defensa de los derechos humanos, al considerar que la legislación abriría las puertas a la militarización del país.
La Ley de Seguridad Interior estipula el procedimiento mediante el cual el Presidente de la República tendrá las facultades para ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier lugar del país, toda vez que sean identificadas “amenazas a la seguridad interior”.
Aunque la Ley indica que el Presidente deberá someter la intervención de la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública a consideración del Consejo de Seguridad Nacional, se estipula también que “en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro para la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno“, el Presidente podrá, “bajo su estricta responsabilidad”, ordenar acciones inmediatas del Ejército.
Además, la legislación permite que las Fuerzas Armadas hagan uso de “cualquier método lícito de recolección de información” para desarrollar labores de inteligencia, y que su presencia en zonas de conflicto no podrá durar más de un año.
Al respecto, la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señaló que “la vaguedad y amplitud en la redacción de la Ley de Seguridad Interior abre la puerta para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas como la intervención de comunicaciones y la recolección de información privada de cualquier individuo a través de cualquier método, sin que existan límites claros ni se establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas”.
Asimismo, las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Causa Común, México Evalúa y Mexicanos Primero, señalaron que la situación de violencia en el país podría agravarse al normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública local.
Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, la legislación fue enviada al Senado.
