julio 5, 2024

Descontarán mitad del sueldo a empleados municipales que no entregaron declaración patrimonial

De los mil 620 servidores públicos a los cuales se les solicitó su declaración patrimonial anual, 43 serán sancionados económicamente por incumplir con este requisito

Ayer, la Contralora Municipal, Patricia Salinas Vega, dio a conocer que 43 burócratas que no cumplieron con la obligación de presentar su declaración patrimonial, misma que le fue solicitada a mil 620 servidores públicos en los meses de septiembre y octubre, serán sancionados con una multa del 50 por ciento de su suelo de un mes.

Salinas Vega explicó que estos 43 servidores públicos recibirán la multa esta misma semana y, una vez notificados, contarán con 30 días naturales adicionales para acudir a la Dirección de Contraloría Fiscal y Auditoría Interna, donde deberán presentar su declaración anual de manera urgente o de lo contrario causarán baja del Municipio.

La Contralora indicó que el Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, así como todos los funcionarios de primer nivel, cumplieron la obligación, en la cual también fueron requeridos los jefes de departamento, coordinadores, cajeros y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros.

La funcionaria explicó que a través de la Dirección de Contraloría Fiscal y Auditoría Interna, notificaron a mil 620 sujetos obligados para que presentarán su declaración del 1 al 30 de septiembre; de ellos, 185 no acudieron a tiempo.

Salinas dijo que durante los primeros 10 días de octubre, enviaron 185 amonestaciones a los servidores públicos que no atendieron esta solicitud, dándoles a conocer la urgencia de presentarse a rendir el informe patrimonial en los siguientes 30 días naturales a partir de la amonestación.

Al finalizar el plazo, la Contraloría detectó a los 43 servidores públicos que no han presentado el informe.

Justificado en los artículos del 92 al 98 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, una vez al año los servidores públicos que manejan recursos públicos y humanos deben declarar sus bienes, con la intención de detectar y sancionar posibles actos de corrupción o enriquecimiento ilícito.