Desde hace dos años, asociaciones y centros que trabajan con personas con discapacidad impulsan la creación de un Instituto que homologue un modelo de atención que pase del enfoque asistencialista al de derechos humanos. Hasta el momento, su propuesta ha sido rechazada por el gobierno estatal, que argumenta falta de presupuesto y que ya existen instancias encargadas de prestar ese servicio.
Por Elizabeth Ramos / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua. – Desde hace dos años, asociaciones civiles del estado impulsan la creación del Instituto Chihuahuense para las Personas con Discapacidad, con el que buscan articular acciones y homologar un modelo de atención entre instancias y órdenes de gobierno.
Sin embargo, la propuesta ha quedado relegada de la agenda política con la justificación de que el gobierno estatal no cuenta con presupuesto para un nuevo organismo descentralizado y que ya existen instituciones suficientes para atender el tema en toda la entidad.
La iniciativa comenzó a gestarse en mesas de trabajo, análisis, visitas a otros estados que ya cuentan con un Instituto, y la realización de tres foros en los municipios de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc.
La directora del Centro de Estudios para Invidentes (CEIAC), Otilia Hefter Rivera, explica que la propuesta busca crear un Instituto que sea “vigilante y promotor de la atención y desarrollo de las personas con discapacidad, pero con un enfoque de derechos y no de asistencialismo”, que además garantice y genere las condiciones para que se ejerzan los derechos que ya están estipulados en las leyes.
Hasta el momento sólo 11 estados cuentan con un Instituto encargado de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad firmada por el Estado Mexicano en 2008.
Hefter Rivera señala que la política para atender a las personas con discapacidad impulsada desde los gobiernos se ha centrado en programas médicos y de asistencialismo, que si bien no deben desaparecer, por sí solos no garantizan de manera integral el ejercicio de los derechos humanos.
Explica que para que las herramientas y recursos que se les proveen a las personas con discapacidad —como sillas de ruedas, bastones, becas escolares o apoyos económicos— sean realmente útiles, es necesario crear las condiciones materiales y sociales para que se puedan aprovechar.
“No es que se tenga que quitar lo asistencial, en muchos casos es necesario, pero no es lo que debe de predominar, sino garantizar el pleno ejercicio de los derechos (…) te dono una silla, muy padre, pero ¿cómo la usas si las banquetas no tienen las condiciones? No es nada más una silla de ruedas, es que tú puedas usar esa silla sin ningún obstáculo en la ciudad y en el transporte”, puntualiza.
Una ciudad inaccesible
Eduardo Torres tiene 30 años. Se describe como “una persona normal que trata de llevar una vida normal”. Hace dos años perdió totalmente la vista a causa de la diabetes, enfermedad que tiene desde los 13. Su diagnóstico puso en pausa otras áreas de su vida, como el trabajo, sus estudios y proyectos.
La vida de Eduardo cambió de un día para otro. Lo más difícil, relata, ha sido enfrentarse a la falta de empatía de la sociedad y de las instituciones, y pese a esto llevar su proceso de adaptación.
“Es un proceso muy difícil, tener una pérdida física y de salud conlleva muchos problemas psicológicos, sociales, personales y familiares. Creo que tu vida cambia de manera radical”.
En busca de recuperar su independencia, Eduardo ha encontrado en instituciones como CEIAC las herramientas para adaptarse a las nuevas condiciones de su vida. Aprendió a usar un bastón que le ayuda a palpar la superficie sobre la que va caminando y a prevenir los muchos riesgos y obstáculos que encuentra en su camino.
Las herramientas tecnológicas también han sido un gran apoyo para recuperar su autonomía en actividades cotidianas. Incluso asegura sentirse listo para retomar su trabajo como especialista aduanal en una empresa maquiladora.
Eduardo advierte que una de las situaciones más complejas para las personas con discapacidad es que diariamente se enfrentan a una ciudad inaccesible.
“La ciudad cuenta con una infraestructura pobre, deficiente para todas las personas con discapacidad, y no se hable de leyes, de reglamentos que no se cumplen”, señala.
Eduardo relata que en su colonia son pocas las calles pavimentadas y en su tránsito se ha encontrado con registros de agua destapados y tuberías de gas, y las pocas banquetas que hay están obstruidas por basureros, árboles y carros.
También la infraestructura diseñada especialmente para el tránsito de personas con discapacidad, como rampas, guías podotáctiles y semáforos sonoros, está en malas condiciones o es insuficiente.
El equipo de YoCiudadano acompañó a Eduardo en un recorrido por el Centro Histórico y pudo constatar el avanzado estado de deterioro y abandono de la guía podotáctil, que luce dañada e incompleta en varios tramos, y en otros está obstruida por comerciantes que desconocen para qué sirve.
El recorrido con Eduardo comenzó en las letras ‘Ciudad Juárez’, sobre el corredor peatonal de la avenida 16 de septiembre, y a poco metros de caminar la guía se cortó para continuar metros más adelante. Eduardo explica que los mosaicos que le faltan pueden provocar confusión y accidentes.
“La guía no tiene muy buena secuencia, y a nosotros con el bastón nos ayuda el sonido, la textura y los brincos que da la guía. Desde que yo la conozco tiene estos mismos detalles y nunca se le ha dado continuidad”, recalcó Eduardo.
Apunta que al abandono de las autoridades respecto del mantenimiento de las guías se suma la falta de empatía e interés de las personas por aprender sobre estas herramientas y respetarlas.
“Este proceso de vivencia me ha ayudado mucho a entender las necesidades que tenemos. Tal vez antes de que me pasara esto no lo veía, no lo vivía, no lo sentía, y ahora es muy impotente vivirlo, porque no es muy fácil salir a una calle a transitarla porque no están pavimentadas, no está bien estructurado, a veces las personas son groseras y muchas situaciones con las que te topas a diario”, comenta Eduardo.
Eduardo ha participado en iniciativas como la creación del Consejo Consultivo de Movilidad y Seguridad Vial en el municipio de Juárez, y opina que un Instituto para personas con discapacidad podría ayudar a visibilizar y atender las problemáticas, a homologar los procesos burocráticos y a abordar la movilidad en la ciudad desde un enfoque universal.
“Si necesitamos meter un poco más de presión a las autoridades para que volteen a vernos, que sepan que estamos aquí, que no somos invisibles”, concluye.
Un modelo basado en el reconocimiento
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el estado de Chihuahua hay 167 mil 788 personas con alguna discapacidad —es decir, que no pueden o tienen mucha dificultad para ver, oír, caminar, recordar, concentrarse, bañarse, comer, hablar o comunicarse—.
Tan solo en el municipio de Juárez, las personas con discapacidad son 64 mil 510. De acuerdo con el INEGI, en 2020 las principales discapacidades presentes en la población de Juárez eran discapacidad visual (30 mil 210 personas), física (28 mil 426), motriz (12 mil 594), para recordar (11 mil 365), auditiva (10 mil 723) y para comunicarse (10 mil 133), aunque una persona puede tener más de una discapacidad y aparecer contabilizada en más de una categoría.
El informe Así Estamos Juárez 2023 destaca que 10 de cada 100 juarenses han sufrido algún tipo de discriminación. Las estadísticas demuestran que el principal motivo de discriminación o maltrato es por tener una discapacidad (13.6%), seguido por obesidad (11.7%) y edad (9.9%). Otro 7.4 por ciento fue discriminado por su clase social o nivel económico y otro 6.2% por sus tatuajes.
Para Laura Antillón, representante legal de Fundación Juárez Integra, la ciudad no tiene la infraestructura para asegurar la movilidad de todas personas porque no se respetan los criterios de accesibilidad universal en las obras públicas, se siguen instalando puentes peatonales y las construcciones privadas suelen extenderse hasta el arroyo vehicular.
Antillón señala que aún existe mucha discriminación hacía las personas con discapacidad en todos los niveles, desde las instituciones públicas hasta el en trabajo, y que la creación de un Instituto especializado, transversal e integral, permitiría pasar del modelo médico y asistencialista a uno basado en el reconocimiento.
A finales de enero, más de 40 asociaciones y centros de atención pidieron una audiencia pública a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, para proponerle la creación del Instituto y explicarle su importancia. Pero el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la rechazó.
A través de un oficio firmado por Carla Yamileth Rivas Martínez, entonces titular de la Secretaría, el gobierno estatal respondió a las organizaciones que no era necesario llevar a cabo una audiencia pública, toda vez que las autoridades ya conocían la propuesta.
En su respuesta las autoridades estatales consideraron inviable la propuesta porque “no se cuenta con el presupuesto para la creación de un nuevo organismo descentralizado”.
En este sentido, Rivas Martínez agregó que las funciones y atribuciones propuestas para el Instituto “ya están a cargo de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación (perteneciente a la misma Secretaría) y del Consejo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua”.
Pese a la negativa de audiencia pública y los constantes cambios de titulares en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la representante de Fundación Integra asegura que las organizaciones no darán un paso atrás y seguirán impulsando la propuesta en la agenda legislativa del estado.
