febrero 27, 2024

Defender la tierra, CNDH y ONU condenan asesinato del activista rarámuri Julián Carrillo

Debido al asesinato del defensor indígena de derechos humanos, Julián Carrillo Martínez, el pasado 24 de octubre en el poblado Coloradas de la Virgen, del municipio Guadalupe y Calvo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitieron un posicionamiento condenando el hecho violento. Además, ambas instancias exhortaron a las autoridades correspondientes a “adoptar medidas efectivas e inmediatas de prevención y protección para quienes defienden derechos humanos en la Sierra Tarahumara”, pues en esta zona las personas activistas corren un riesgo constante, de acuerdo con el informe del Relator Especial de la ONU, Michel Frost, realizado en 2017 durante su visita a Chihuahua. En el documento, Frost comenta que: “Al visitar el estado de Chihuahua, fui testigo de los riesgos que corrían los defensores de los derechos humanos que protegían los derechos del pueblo indígena Rarámuri, una comunidad amenazada por grupos de delincuencia organizada y carente de la protección del Estado”. A pesar de que Carrillo Martínez contaba con las medidas de protección del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de que logró avisar un día antes de su asesinato que sus agresores lo vigilaban, un grupo de hombres armados lo atacó con armas de alto calibre. El derechohumanista ya había sido víctima de amenazas y agresiones por su labor como defensor del bosque ante la tala masiva de árboles en la Sierra; por pertenecer a la A.C. Alianza Sierra Madre (ASMAC), la cual es reconocida por defender los derechos de los pueblos indígenas y por impulsar la nulidad del permiso de aprovechamiento de recursos forestales otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a actores locales. Incluso, cuatro de sus familiares, entre ellos su hijo, fueron asesinados desde el 2016 hasta el presente año, por ello la CNDH solicitó al gobierno y a la Fiscalía de Chihuahua que se le implementaran medidas cautelares para salvaguardad la vida de los familiares de la víctima. El Representante de la ONU-DH, Jan Jarab, mencionó que “este caso debe ser una prioridad absoluta para el recién nombrado Fiscal Especializado en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, ya que la justicia es innegablemente la principal medida de prevención”. Por su parte, el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, destacó que los defensores continúan enfrentándose a graves dificultades al pretender inhibir con actos de violencia e intimidación sus tareas, así como la creciente tendencia a estigmatizar y criminalizar su labor. Un día antes del homicidio de Carrillo Martínez, el Tribunal Superior Agrario adoptó una sentencia que reconoce los derechos territoriales de la comunidad de Choreachi, así como del municipio de Guadalupe y Calvo.  

Plan de Contingencia de Chihuahua, sin implementarse

  Con el fin de combatir estos hechos, el Gobierno Federal y Estatal, a través de la Secretaría de Gobernación, pusieron en marcha el Plan de Contingencia de Chihuahua para reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, combatir las causas que las producen y diseñar medidas de no repetición. En el año pasado, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, y el Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la libertad de expresión, Edison Lanza, concordaron en que dicho Plan “tiene el potencial para convertirse en una de las mejores prácticas de la región en materia de medidas de prevención para periodistas y defensores de derechos humanos. No obstante, después de un año, el Plan de Contingencia no ha sido implementado plenamente, a pesar de que exista una “gran expectativa” por parte de las víctimas y sociedad civil, explicó el Representante de la ONU-DH. “Es fundamental que se encuentren soluciones estructurales que brinden medidas de seguridad integral a los pueblos indígenas para que asesinatos de defensores como el del señor Carrillo o los ocurridos el año pasado contra Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros no vuelvan a repetirse”, expresó Jarab.