El Tribunal responsabilizó también al Estado por no prevenir la violación a derechos humanos, afectar de manera negativa el derecho de acceso a la justicia y la reparación integral de las víctimas indirectas, por lo que también deberá reparar el daño de manera complementaria
Por Patricia Mayorga / Raíchali
Chihuahua.— Un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 25 años de prisión a Víctor N. por la desaparición de ocho integrantes de la familia Muñoz, registrada el 19 de junio de 2011 en Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc.
Los jueces determinaron que como parte de la reparación del daño, el Estado deberán pagar el daño material e inmaterial por su corresponsabilidad para prevenir la violación a derechos humanos y afectar de manera negativa el derecho de acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas indirectas.
“Teníamos la esperanza de que (el sentenciado) dijera algo de nuestra gente, de dónde están, pero no quiso decir nada”, expresó después de la resolución del Tibunal, Fernando Romo Salas, padre del más joven de los hombres desaparecidos aquella tarde, Luis Fernando Romo Muñoz.
Han pasado trece años de que un grupo de hombres armados se llevó por la fuerza a Toribio Muñoz González, el patriarca de la familia, así como a sus cuatro hijos Jaime, Óscar, Hugo y Guadalupe Muñoz Veleta; a su nieto Óscar Guadalupe Cruz Muñoz; a su sobrino Luis Romo Muñoz y a su yerno, Nemesio Solís González.
Las familias de las víctimas de desaparición celebraban en esa ocasión el día del padre con una convivencia en la casa de Toribio Muñoz y su esposa Emma Veleta, quien estuvo también presente durante el mes que duró el juicio oral, como lo ha estado los trece años en la búsqueda de sus cuatro hijos, de su esposo y sus otros familiares.
Foto: Patricia Mayorga
En el juicio oral presentaron más de 25 testigos, entre estos, integrantes de la familia, policías investigadores y peritos, quienes aportaron pruebas para acreditar su responsabilidad en la desaparición de ocho personas.
Emma Veleta, quien ha recorrido miles de kilómetros en el país para exigir justicia y sobre todo para conocer la verdad, para encontrar a su familia, dijo en entrevista para Raíchali que la sentencia es un avance pero esperaban una sentencia mayor:
“A la vez no crea que fue de mucha conformidad porque, si se da cuenta que son 8 (hombres desaparecidos) y sólo le dieron 25 años y contando desde que cayó por robo, le quedan como 20. Pensamos que iba a ser más tiempo. Fue poco tiempo, él está detenido desde 2020”.
Foto: Cedehm
La matriarca de la familia adelantó que apelarán el fallo de los jueces, porque además, trasladaron al sentenciado a Cuauhtémoc cuando había permanecido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 con mayor seguridad.
“Lo vimos (al sentenciado), se siente una bien feo. Luego, yo como le dijeron los jueces, fue algo muy fuerte y triste porque la familia se parten en llanto, no se vale lo que hizo. El imputado lloró cuando declaró y vio a la familia.
La entrevistada dijo que Víctor N. negó haber participado en las desapariciones, pero las pruebas eran muchas y él mismo les llamaba para que le depositaran dinero con la condición de regresarles un vehículo que se llevaron cuando sometieron a los ocho hombres de la familia. “Nunca estuvimos de acuerdo (…) Fue algo muy pesado que nos toca, estar frente a él es algo pesado, no crea, con el hecho de que empiezan a nombrar a cada uno de los que ya no tenemos con nosotros”, compartió Emma Veleta.
Fernando Romo dice que durante el juicio no obtuvieron datos nuevos, aunque el juez que dio la resolución les dijo que van a continuar con la búsqueda de otros responsables y del paradero de sus familiares.
“Ya está sentenciado, ahora la esperanza es que busquen a alguien más, que se busque a los culpables. Nos queda seguir en la lucha pero eso es todo”, afirmó convencido de que no cesarán hasta encontrar a su hijo, a los otros familiares y a otras personas desaparecidas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), como parte de las medidas de reparación del daño integral, el Tribunal ordenó de manera complementaria que el Estado deberá otorgar las siguientes medidas integrales:
Otorgó como medidas integrales: proyecto de vida, daño material e inmaterial con cargo al fondo del Estado; terapias individuales, familiares y psicosociales, así como la búsqueda permanente, sistemática y rigurosa con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos.
“Este fallo no sólo representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de que los casos de desaparición no queden en la impunidad. En el contexto mexicano, donde la crisis de desapariciones afecta a miles de familias, garantizar investigaciones eficaces y sanciones ejemplares es fundamental para reconstruir la confianza en las instituciones y evitar la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos”, concluye el Cedehem.
Como parte de las medidas de reparación del daño integral de manera complementaria, por su corresponsabilidad de prevenir la violación a derechos humanos, y afectar de manera negativa el derecho de acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas indirectas, se ordenó:
Otorgó como medidas integrales:
– Proyecto de vida
- Daño materia e inmaterial (a cargo del Fondo del Estado)
- Atención Psicológica (terapia individual, familiar y psicosocial)
- Búsqueda permanente, sistemática, rigurosa con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos.
Este fallo no solo representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de que los casos de desaparición no queden en la impunidad.
En el contexto mexicano, donde la crisis de desapariciones afecta a miles de familias, garantizar investigaciones eficaces y sanciones ejemplares es fundamental para reconstruir la confianza en las instituciones y evitar la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos, precisó el Cedehm.
