Tener esta nueva fiscalía no da mayor esperanzas a colectivos como el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), que se ha enfocado en acompañar casos de personas víctimas de tortura, al considerar que resultará nulo el cambio sistemático si la misma dependencia que investigará esos delitos es la misma que no ha actuado.
Por Jaime Armendáriz / Raíchali
Fotografía de archivo: sesión del 01 de marzo del 2025 / tomada de Facebook del Congreso del Estado
Chihuahua.— El Congreso local aprobó la creación de una Fiscalía Especializada para atender delitos de tortura. Quedará subordinada a la Fiscalía General del Estado (FGE), la misma que acumula más quejas en contra de sus elementos por ese mismo delito y la que es señalada principalmente por no atenderlos.
La iniciativa para ese nueva dependencia de investigación fue enviada por la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, al Congreso del Estado el 25 de enero de este 2025. En cuestión un par de reuniones de comisiones legislativas fue avalada sin oposición alguna y aprobada por unanimidad ante el pleno en la sesión del pasado 11 de marzo. Aquí puedes consultar el decreto aprobado.
“La creación de esta fiscalía representa un compromiso firme con los derechos humanos y el Estado de Derecho”, expresó en esa sesión Nancy Frías, diputada local del PAN y presidenta de la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, por donde pasó la iniciativa.
Dijo que “Chihuahua está enviando un mensaje claro y contundente: aquí no hay cabida para la tortura. Aquí se investigará y se castigará con firmeza”.
Sin embargo esa iniciativa, aunque fue enviada por la gobernadora, es producto de un mandato jurídico federal que obligó a la entidad a crear esa fiscalía especializada.
Desde el año 2017, tras la creación de la “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, se obligó a los gobiernos estatales a crear su propia fiscalía para atender esos delitos, pero Chihuahua no lo había hecho.
El propio fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, reconoció públicamente, ante medios de comunicación, que ese nuevo ente se tenía que generar tras una resolución de amparo que les obligó a pedir la iniciativa a la gobernadora.
La diputada Frías también lo expuso así en tribuna: No es un tema de voluntad politica sino de un cumplimiento normativo. Bajo ese argumento es que esa nueva dependencia no se sometió a revisión previa de organizaciones de la sociedad civil que han insistido con el tema de la impunidad en la tortura.
Sospechoso e incongruente la creación de esa nueva Fiscalía: CDHPN
Tener esta nueva fiscalía no da mayor esperanzas a colectivos como el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), que se ha enfocado en acompañar casos de personas víctimas de tortura, al considerar que resultará nulo el cambio sistemático si la misma dependencia que investigará esos delitos es la misma que no ha actuado.
“Resulta sospechoso que se esté planteando una fiscalía especializada para atender los delitos de tortura cuando históricamente no ha habido un interés por atender este fenómeno”, señaló Carla Palacios, abogada del CDHPN, en entrevista con Raíchali.
Las estadísticas oficiales respaldan lo que ella dice. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tiene a la Fiscalía General del Estado (FGE) a la cabeza entre las dependencias con mayor número de quejas por tortura.
En el 2024 hubo 27 quejas en total por ese delito: 18 son en contra de la FGE, 6 a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ambas dependencias estatales; y 3 más en contra de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez.
“Como organización hemos hecho supervisión a carpetas de tortura abiertas de manera histórica y ha habido un aumento a partir del Operativo Conjunto Chihuahua, entre 2011 y 2012, y desde entonces, los principales perpetradores han sido las autoridades de investigación de la propia Fiscalía”, subrayó Carla Palacios, del CDHPN.
En todo ese tiempo, con el gobierno de César Duarte Jáquez, luego el de Javier Corral Jurado y hoy con el de María Eugenia Campos, se ha denunciado que la tortura existen de manera sistemática, hemos exigido políticas públicas, pero se sigue permitiendo por las autoridades sin una adecuada investigación, añadió la jurista.
Desde las autoridades siempre ha habido un discurso oficial, precisa Palacios, de acusar a las víctimas de denunciar tortura de manera falsa para obtener un beneficio procesal. “Nada de eso ha cambiado en lo absoluto. Se mantiene eso, desde las cabezas de la fiscalía hasta las instancias que atienden los casos”, acotó.
Otro detalle que genera suspicacia es que existen casos documentados por organismos internacionales, y aún así no han sido atendidas por la propia Fiscalía, de la que dependerá la nueva fiscalía especializada.
Uno de los casos seguidos por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte es el de los hermanos Luis Adrián, Jesús Iván y Juan Antonio Figueroa, así como de Misael Sánchez, detenidos con violencia, sin órdenes de cateo ni de aprehensión de sus respectivas viviendas (salvo Luis Adrián que fue detenido en la vía pública) por parte de elementos ministeriales de la Fiscalía del Estado en enero del 2012.
Los jóvenes tardaron 2 años en recuperar su libertad, en 2014, luego de haberse comprobado que los elementos estatales actuaron de manera ilegal, desde la detención hasta la exhibición ante medios de comunicación de los detenidos como una presunta banda de extorsionadores. Pero todavía en el año 2021 la autoridad no les había cumplido la reparación del daño.
En ese caso, recuerda la abogada Carla Palacios, se solicitó en el año 2017 la atracción del asunto por la entonces nueva Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, pero no ocurrió, porque la dependencia estatal argumentó que no había elementos suficientes para atender esa denuncia.
El problema radica en que la Unidad de Tortura contempla unos criterios de priorización que, de no cumplirse, se rechaza la atracción de cualquier caso.
Esto ha llevado a que como tal, esa fiscalía y su unidad que investiga delitos de tortura, no haya atraído ningún caso, y por ende no hay personas especializado para atenderlos, puntualizó la abogada Palacios.
A solicitud expresa de Raíchali, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, mediante su área de comunicación social, reconoció que actualmente se tienen 7 asuntos por tortura en trámite, pero no se ha ejercido atracción en ninguno, todos han llegado por otro lado, “en todos los casos se dio vista por parte del Tribunal y/o alguna otra área competente y por eso están en esta unidad”, informó esa dependencia.
Una fiscalía ‘antitortura’ sin autonomía y presupuesto incierto
Una de las exigencias que más se ha hecho desde las personas víctimas del delito de tortura, es que el área que haga la investigación no dependa de la misma Fiscalía, pues es de donde más casos se originan.
Pero en Chihuahua, ni la FGE es autónoma ni las fiscalías especializadas. Todas dependen del Gobierno del Estado y sus titulares los elige el Congreso local a propuesta de la persona que encabece la gubernatura.
Además, la fiscalía especializada que atiende hoy en día la tortura mantiene los llamados criterios de priorización, que a decir de la abogada Carla Palacios, del CDHPN, incumplen con la normativa nacional, un destino que tendría de igual forma la nueva área investigadora.
Y aunque es poca la esperanza de que la nueva fiscalía funcione, desde organizaciones como CDHPN se exigirá que los lineamientos cumplan con el mecanismo nacional de tortura y que sea supervisada por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Otro de los obstáculos, además del posible incumplimiento con la ley nacional, es el poco presupuesto que tendría la nueva fiscalía.
Según el decreto aprobado por el Congreso local, se trasladarán los recursos económicos, materiales y personal que hoy ocupa la unidad que investiga la tortura.
La Ficalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, de la que depende la unidad “antitortura”, tiene un presupuesto de 39 millones 220 mil pesos para el 2025, pero no lo tiene desagregado por unidades, indicó la propia dependencia a solicitud de este medio de comunicación. Además informó que en esa unidad hay 5 personas: un coordinador y 4 agentes del Ministerio Público (MP), pero no está claro si esas mismas personas comenzarán la nueva fiscalía.
La diputada Nancy Frías (PAN), presidenta de la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, aseguró que no habrá una nueva carga adicional presupuestaria ni se está creando una estructura desde cero. “Se van a optimizar los recursos para fortalecer la investigación, y en caso que se requieran ajustes, será con disponibilidad presupuestal entre la Secretaría de Hacienda y Fiscalía”.
Aseguró que existe un plan para que la operación de la fiscalía “antitortura” sea de manera escalonada. Esa dependencia quedará creada oficialmente cuando el decreto aprobado el 11 de marzo pasado sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.
“La unidad actual tiene personal asignado, tiene recurso, pero ¿por qué no atiende los casos de tortura? Porque estamos viendo que no está siendo sancionada la tortura en Chihuahua. No hay un trabajo real de la institución y mucho menos para prevenirlo”, insistió la abogada Palacios.
