El Gobernador de Chihuahua señaló que la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso en diciembre de 2017, permitiría una invasión a la soberanía de los estados por parte del Gobierno Federal
Hoy, el gobernador Javier Corral Jurado presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la Ley de Seguridad Interior, “por considerarla una invasión a la soberanía estatal y una vulneración de los principios fundamentales de justicia y derechos humanos“, informó el Gobierno del Estado a través de un comunicado de prensa.
La Ley, aprobada en el mes de diciembre del año pasado por las Cámaras alta y baja del Congreso del Unión, no ha entrado en vigor tras ser remitida a la SCJN, que admitió por lo menos otras 15 acciones y controversias de inconstitucionalidad.
El recurso legal firmado por el Gobernador señala que la Ley de Seguridad Interior permitiría una invasión a la soberanía del estado por parte de las autoridades federales, así como la vulneración de la autonomía presupuestaria y financiera de las entidades.
Asimismo, se acusa que la legislación estaría violentando los derechos humanos reconocidos por la Constitución y Tratados Internacionales, limitaría las facultades de las autoridades civiles en materia de seguridad pública y violaría los derechos al acceso a la información, la privacidad y protección de datos personales, la libertad de reunión, el principio pro-persona, el derecho a la libertad personal y el principio de progresividad.
La controversia interpuesta por el mandatario estatal señala también una posible vulneraciones al Artículo 21 constitucional, al otorgar facultades a las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública.
“Resulta particularmente preocupante para el estado de Chihuahua la vaguedad en cuanto a la definición de lo que pudieran constituir las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas, incluyendo obligaciones de carácter financiero para solventar acciones de seguridad interior que el Ejecutivo Federal pudiera determinar de manera unilateral y sin haber recibido la petición expresa de la entidad correspondiente”, señala Corral en el documento presentado.
La Ley de Seguridad Interior estipula el procedimiento mediante el cual el Presidente de la República tendrá las facultades para ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier lugar del país, toda vez que sean identificadas “amenazas a la seguridad interior”.
Aunque la Ley indica que el Presidente deberá someter la intervención de la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública a consideración del Consejo de Seguridad Nacional, se estipula también que “en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro para la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno“, el Presidente podrá, “bajo su estricta responsabilidad”, ordenar acciones inmediatas del Ejército.
Además, la legislación permite que las Fuerzas Armadas hagan uso de “cualquier método lícito de recolección de información” para desarrollar labores de inteligencia, y que su presencia en zonas de conflicto no podrá durar más de un año.
Organizaciones civiles nacionales e internacionales se han pronunciado en contra de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que “abriría las puertas“ a la militarización del país.
