febrero 27, 2024

Conoce la iniciativa de Ley para el Fomento de Organizaciones

Ciudad Juárez, Chihuahua.— El pasado 14 de julio el grupo ImpulOSC, conformado por redes y organizaciones de la sociedad civil de diversos municipios del estado, presentó ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado una propuesta ciudadana para la creación de la Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones, Agrupaciones y Redes de la Sociedad Civil de Chihuahua. Con esa iniciativa de ley, respaldada por 246 asociaciones de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Jiménez, Camargo, Ojinaga y la Sierra, buscan que se reconozca el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), agrupaciones y redes como actores en el progreso del Estado. Asimismo promover la cooperación y responsabilidad entre el gobierno y las OSC para que resulte en una mejor coordinación y efectividad en las actividades que realizan de manera conjunta en beneficio a la ciudadanía. Marisa Colmenero, quien se desempeña como enlace de ImpulOSC, indicó que con el porcentaje del financiamiento que las OSC reciben en México proveniente de los recursos públicos —tan solo 9 por ciento— se puede realizar una lectura de cuál es la percepción del gobierno sobre las asociaciones civiles.

“En países desarrollados el gobierno les asigna el 48 por ciento a las OSC, esto es para nosotros una lectura de cómo nos ve el gobierno, de la relevancia que el gobierno le da al trabajo que hacemos las OSC; con un porcentaje tan pequeño es claro que no somos considerados como unos colaboradores para el progreso”, recalcó.

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Por ello, esta iniciativa de Ley también pretende generar un marco legislativo donde el estado reconozca a las organizaciones de la sociedad, agrupaciones y redes; favorezca con recursos públicos a las agrupaciones que no están legalmente constituidas; que brinde el apoyo financiero y jurídico que requieran; que otorgue estímulos fiscales y que además fomente el crecimiento de las OSC. Con este artículo pretendemos explicar de una manera más sencilla el contenido de la iniciativa de Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones, Agrupaciones y Redes de la Sociedad Civil de Chihuahua. Para comenzar es esencial conocer y explicar las definiciones que propone la iniciativa sobre algunos términos específicos. El primero es ‘actividades de fomento’, que consiste en las acciones, programas y apoyos de carácter económico, jurídico, social, de capacitación técnica, adiestramiento y apoyo tecnológico que favorezca a la formalización, fomento y fortalecimiento de las OSC, agrupaciones y redes. A las agrupaciones las define como los colectivos ciudadanos sin fines de lucro que no se encuentran legalmente constituidos y que trabajan a favor de la población en temas sociales, económicos, jurídicos, académicos, culturales, artísticos y otros. Mientras que las OSC son aquellas personas morales legalmente constituidas, sin fines de lucro, proselitismo partidista, político-electoral o religioso, que tengan autonomía interna, que sean independientes del gobierno y también trabajen en pro de la ciudadanía. Con redes se refiere al grupo conformado por OSC y/o agrupaciones que pueden, mediante un convenio, establecer un objetivo o un plan de trabajo conjunto para poder ser inscritas en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua, que es el instrumento en el que las OSC, agrupaciones y redes deberán inscribirse para ser objetos de fomento. Dentro de la iniciativa especifican que las OSC y agrupaciones, para que sean objetos de fomento, deberán dedicarse a algunas de las siguientes actividades: atención a las personas con discapacidad, a las personas en situación de vulnerabilidad, a la promoción de la participación ciudadana, de la defensa de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y recursos naturales, al deporte, salud, cultura, educación, cultura, arte, ciencia, tecnología. Además deben abordar temas como la asistencia social, alimentaria, jurídica, psicológica, el fortalecimiento de la seguridad pública y el tejido social, el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural, de las comunidades y pueblos indígenas, de la economía, acciones de protección civil y apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que trabajen para el fomento de esta ley, entre otras. En la iniciativa de Ley se establece que las autoridades encargadas de aplicar la misma y coordinar la implementación de políticas y programas para mejorar el funcionamiento de las OSC corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua (JASP), a los Gobiernos Municipales. Una de las tareas del gobierno para apoyar y fomentar a estos tres tipos de organizaciones consistirá en la instalación de una Ventanilla Única Estatal en la JASP para agilizar y simplificar los procesos administrativos y que concentre datos provenientes de las distintas entidades de gobierno, información sobre los apoyos asignados a las OSC, la normatividad para la asignación de recursos, convocatorias vigentes y otros asuntos. Sobre la entrega de recursos públicos a las OSC y Redes, Colmenero explicó que otro de los beneficios de esta iniciativa es que las agrupaciones podrán acceder a dinero público a pesar de no estar constituidas legalmente.

“Las agrupaciones podrán hacer un convenio con una organización que sí esté legalmente constituida para que a través de esta última se pueda bajar el recurso público. Esto favorecerá a las que no están legalmente organizadas pues hay colectivos que no tienen esta figura legal por X o Y, o porque esto también implica un gasto, sin embargo, realizan un gran trabajo”, agregó.

El gobierno deberá aplicar los criterios para otorgar el recurso que aseguren condiciones de acceso equitativo, imparcial y transparente. También tendrán que darle difusión a las convocatorias, fomentar un proceso de selección transparente y mostrar claridad en los criterios técnicos de selección. Por su parte, las agrupaciones y redes deberán tener un convenio de colaboración por lo menos con una OSC y estar inscritas en el Registro Estatal. Mientras que las OSC, tendrán que estar legalmente constituidas, no perseguir fines de proselitismo político-electoral, sindical, partidista o religioso, entre otras disposiciones. Otros temas abordados en la iniciativa son la creación de un Comité para el Fomento que tendrá el objetivo de garantizar el fomento, así como la elaboración del Registro Estatal que estará a cargo de la JASP. Además se incluye un apartado sobre infracciones, sanciones y la cancelación del Registro Estatal.

Antecedentes de una iniciativa de Ley 

Colmenero recordó que desde el 2018 existe una iniciativa de Ley para el Fomento de las Actividades de la OSC “congelada en el Congreso del Estado”.

“Nosotros nos dimos a la tarea de revisar esa propuesta y no nos parece que cubra todos los requerimientos que las OSC necesitamos, además, esa propuesta del 2018 fue elaborada sin la participación de las OSC”, dijo.

Como ya existe un referente de esta Ley, la Comisión de Participación Ciudadana retomó la propuesta del 2018 para revisarla e incorporar algunos puntos de la nueva iniciativa presentada este año; esto con la intención de que el proceso de dictaminación y votación sea más rápido. De acuerdo con Colmenero, esta semana la Comisión de Participación Ciudadana revisará la iniciativa y posteriormente procederá a dictaminarla para finalmente subirla al pleno del Congreso y que sea aprobada o rechazada. Para las organizaciones de la sociedad civil y otros colectivos ciudadanos, es importante que, ahora más que nunca, se apruebe la iniciativa pues el contexto de la pandemia mundial ha dejado a varias organizaciones sin recursos para seguir trabajando a favor de cierto sector poblacional.

“En los distintos estudios que se han hecho nos pintan un panorama bastante complicado por la contingencia, entonces que exista una ley que proteja el trabajo que hacemos es muy necesario. OSC que tienen años trabajando ciertos temas podrían desaparecer, entonces le correspondería al gobierno hacerle frente a la atención de dichas problemáticas, temas o grupos, y eso representaría nuevas inversiones para el gobierno”, puntualizó.