Chihuahua, Chihuahua.— El Congreso del Estado bajó a comisiones un exhorto para que la gobernadora María Eugenia Campos Galván atienda la exigencia de comunidades y organizaciones que defienden los derechos de los pueblos originarios para destituir al titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), Enrique Alonso Rascón Carrillo. Con 12 votos en contra, 8 a favor y 8 abstenciones, los y las diputadas votaron que el proyecto presentado por la diputada de Morena Leticia Ortega Máynez no es considerado de carácter urgente, por lo cual fue remitido a la Comisión de Asuntos Indígenas. De acuerdo con la propuesta de Ortega Máynez, el exhorto busca que las comunidades indígenas sean escuchadas debido a que desde el nombramiento de Enrique Rascón Carrillo, activistas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que no cuenta con un perfil idóneo para los objetivos de la COEPI. El titular de la dependencia es diputado suplente del diputado priista Omar Bazán Flores, quien actualmente tiene una demanda por presunto despojo agravado en contra comunidad rarámuri de Mogótavo, en la zona serrana del municipio Urique.
“Aunque la comunidad (indígena) ha alegado en reiteradas ocasiones su posesión ancestral, dichas personas (Omar Bazán Flores y otros empresarios ligados al PRI), han objetado en los últimos años la personalidad de la comunidad indígena, la existencia de la misma y han alegado estar siendo despojados de sus derechos como propietarios. Lo que ha impedido, por ejemplo, la construcción de un proyecto de abastecimiento de agua potable para la comunidad indígena y ha desencadenado un proceso de criminalización y hostigamiento contra los indígenas de Mogótavo”, desarrolla la propuesta de la diputada.
Leticia Ortega Máynez reconoció que la designación de los miembros del gabinete es facultad exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua, sin embargo, señaló que la propuesta se hace en atención a los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos indígenas, así como al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los pueblos indígenas deben participar en las decisiones que les afectan directamente. “Es necesario que el nombramiento sea sometido a consulta a los integrantes de los pueblos originarios o, por lo menos, se establezca un diálogo que logre investir de legitimidad a quien sea titular de la COEPI, para así garantizar que los actos del Gobierno del Estado se realicen en beneficio de las comunidades originarias”, manifestó la diputada.
