Este texto fue publicado originalmente en La Verdad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua.— Por invadir el terreno de un particular en 2006 para construir un tramo del periférico Camino Real, el Municipio de Juárez fue condenado este año a pagar 83.6 millones de pesos al propietario del inmueble localizado en el poniente de la ciudad. La sentencia condenatoria se dictó después de un juicio que inició en 2016, en el cual el Municipio estuvo representado por el gobierno encabezado por el alcalde Armando Cabada Alvídrez, que perdió el caso después de agotar todas las instancias. 
Acusa Municipio ‘abuso de poder’ en el juicio
A pesar de que el Gobierno local concedió que el terreno donde se construyó una parte del Camino Real se ocupó de manera irregular por parte de administraciones pasadas, consideró que en este caso hay “un claro abuso de poder”. Argumentó que la sentencia interlocutoria en la que se determinó el valor del predio “se fundamentó en dictámenes fraudulentos de personas sin escrúpulos, pero la misma jamás causó ejecutoria, es decir, no adquirió firmeza y por consecuencia no era ejecutable”. No osbtante, agrega, la jueza “absurdamente pretende ejecutar” la condena que fue sustituida por un convenio que celebró una apoderada del Municipio para terminar con el conflicto, a través del cual se pactó pagar al quejoso solo 30 millones de pesos y entregar un predio como indemnización. “Para defender el patrimonio del municipio, se estarán gestionando acciones de defensa, y se interpondrán las quejas administrativas y denuncias correspondientes, pues no es justo que se trate de afectar las finanzas públicas con base a condenas que aún están en litigio y, por eso, no tienen firmeza legal”, afirmó el Gobierno en el comunicado.
Invasión se realizó durante gobierno de Héctor Murguía
El abogado en Ciudad Juárez de la empresa Construcciones Changmol SA de CV, David Gómez, explicó que fue en el 2006, mientras gobernaba el alcalde Héctor Murguía Lardizábal, cuando el Municipio invadió una de sus propiedades para construir un tramo del Camino Real, uno de los proyectos insignia del exmandatario priista. El inmueble con una superficie total de 104 hectáreas se localiza dentro del predio denominado “Los Ojitos”, a la altura de las calle Pavorreal, y se extiende hasta el cerro Del Águila.
De ese terreno, detalló el abogado, se realizó una invasión de 84 mil 329.27 metros cuadrados para construir la tercera etapa de la obra vial. Ante la afectación, la constructora representada por Nancy Rascón Macías, esposa de Óscar Manuel Toledo Félix, promovió el 26 de septiembre de 2016 una demanda ordinaria civil denominada acción reivindicatoria. Gómez Salazar argumentó que la demanda se promovió 10 años después de la invasión porque el dueño reside en Sinaloa y no se había percatado de lo ocurrido, en el 2006 solo había detectado que el Gobierno Municipal sacaba tierra de su propiedad y entonces buscó que le pagaran por dicha extracción 16.5 millones de pesos, lo cual no se concretó a pesar de haber celebrado un convenio. El 4 de marzo de 2019, el Juzgado Cuarto Civil dictó sentencia en la que absolvió al Municipio con el argumento de que esas tierras se habían destinado a una vialidad y esta era de uso común, por lo que era un bien del dominio público y no prosperaba la acción reivindicatoria. El quejoso apeló la sentencia y el caso se envió a la Sexta Sala Civil con sede en la ciudad de Chihuahua, que confirmó la sentencia al decir que el argumento del Juzgado Cuarto era correcto. Inconformes con la sentencia, promovieron el juicio de amparo que se presentó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito en Chihuahua, con el número de expediente 671/2019, donde por unanimidad de votos los magistrados finalmente les concedieron la razón el 5 de marzo de 2020. “En ese juicio de amparo el Tribunal consideró que teníamos razón porque los bienes de dominio público se constituyen así cuando existe un decreto expropiatorio, si no lo hay, el solo hecho de invadir las tierras y construir en ellas cualquier obra, aunque la obra sea de evidente beneficio colectivo, no convierte esas tierras en bienes del dominio público, por lo que ordenó a la Sexta Sala modificar la resolución y ordenar la reivindicación”, dijo. La Sala dictó la nueva resolución en la que condenó al Municipio al pago del inmueble, por lo que el quejoso promovió el 25 de junio de 2020 el incidente de ejecución de sentencia, para reclamar el valor de la superficie afectada. Después de tres peritajes para fijar el valor del terreno, uno de ellos ordenado por el propio Municipio, el 26 de febrero del 2021 la juez resuelve que corresponde un pago de 83 millones 675 mil 774.55 pesos. El Gobierno local apeló el recurso que al final se desechó, por lo que el demandante continuó con la ejecución de la sentencia y ordenó el embargo de varias cuentas bancarias a nombre del Municipio para garantizar el pago que le correspondía por los daños ocasionados.
Gobierno de Cabada logra acuerdo de indemnización y defrauda
El 22 de abril de este año, el Municipio celebró un convenio para terminar el conflicto, en el que se acuerda el pago de 30 millones de pesos y entregar un predio con valor de 23 millones como indemnización. Dicho convenio ordenaba el pago inmediato de 10 millones de pesos que se cubrieron con un cheque firmado por el tesorero y el Oficial Mayor del Municipio, Gerardo Ronquillo Chávez y Víctor Manuel Ortega Aguilar, respectivamente, que no se pudo hacer efectivo porque el banco les informó que el titular reportó que había sido sustraído del talonario principal y se ordenó no pagarlo.
