Establecer “pisos mínimos” obligarían a los estados a homologar sus estándares para garantizar la participación ciudadana en todo el país.
Por Abraham Rubio / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.– Ante la falta de un marco jurídico, organizaciones de la sociedad civil impulsan una Ley General de Participación Ciudadana para estandarizar los mecanismos en todo México y otorgar facultades de sanción a las autoridades que obstruyan este derecho.
La propuesta de iniciativa comenzó a plantearse como una urgencia nacional desde el año pasado cuando integrantes de la sociedad civil, la academia y legislaturas dialogaron en el Senado de la República durante el conversatorio ciudadano ‘Hablemos de Democracia Participativa’.
El coordinador de Contraloría Social de Plan Estratégico de Juárez, Abelamar Chacón Rodríguez, explicó que la idea surgió a principios de 2025 cuando la organización que representa contactó al senador por Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, para plantear la necesidad de un respaldo jurídico superior a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, aprobada en 2018.
Señaló que, a pesar de que en el estado se cuenta con la posibilidad de ejercer los distintos mecanismos de participación ciudadana, las organizaciones han detectado que las autoridades municipales y estatales suelen obstruir o simular el cumplimiento de estos derechos sin enfrentar consecuencias.
Chacón Rodríguez aseguró que la ley estatal actual carece de “dientes” al no estar vinculada a autoridades con capacidad de sancionar a quienes impidan el derecho. “No podemos hablar de democracia si no se garantiza la participación”, afirmó, señalando que la falta de un órgano garante a nivel federal permite que los derechos de los habitantes se apliquen de forma desigual en el estado y en el país.
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Pisos mínimos para todo el país
Desde el sureste mexicano, Yeddelti Cupul Alonzo, directora técnica de Ciudadan@s por la Transparencia (Cancún, Quintana Roo), se ha sumado a este esfuerzo a través de la red Regidor MX. Para su organización, la Ley General representa la oportunidad de establecer “pisos mínimos” que obliguen a los estados a homologar sus estándares para garantizar la participación ciudadana.
“Sabemos que algunos estados tienen ya un listado muy grande de mecanismos de participación ciudadana, pero y otros que ni siquiera cumplen con los mínimos de participación”.
Yeddelti Cupul indicó que en el Quintana Roo existen ejercicios exitosos de participación ciudadana que permiten a las personas tener voz en las comisiones del Ayuntamiento, pero estos mecanismos solo terminan siendo reconocidos en el reglamento municipal y no en la ley estatal.
Por lo tanto, señala que al no haber una Ley General que establezca los parámetros mínimos en México muchos avances en participación dependen de la voluntad política actual.
Cupul Alonzo enfatizó que para las organizaciones esta lucha nacional es una forma de romper el “techo de cristal” que han encontrado en sus estados. “Basta de simulación… es importante regresarle a la ciudadanía que cada vez que ejerce su voz eso tiene un resultado”, concluye.
