Ciudad Juárez, Chihuahua.— El pasado miércoles 27 de abril, el Senado de la República la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), algo considerado como un paso importante para combatir la crisis forense, pero que despierta escepticismo en la forma en la que empezará a operar en colaboración con los estados. A mediados de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hizo un llamado al gobierno mexicano a abandonar la militarización de la seguridad pública ante la gravedad del fenómeno de las desapariciones forzadas, que representa de forma generalizada y acumula casi 100 mil personas desaparecidas en dicho contexto. La abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), Carla Palacios Flores, aseguró que las organizaciones ven con gusto la creación del CNIH, debido a que ha sido un tema nacional prioritario que se ha venido trabajando y se da en el marco de dicho informe. No obstante, la especialista sostuvo que “es insuficiente que se creen (los mecanismos) en el papel y que no tengan un funcionamiento adecuado y eficiente”. Sin embargo, reconoció que los mecanismos tardan mucho tiempo en iniciar. Palacios Flores señaló que uno de los mayores retos para el CNIH será la colaboración con las fiscalías estatales, porque deberá buscar formas de que los estados pasen información eficiente o se les obligue a que las compartan. La abogada del CDHPN destacó que el Gobierno de Chihuahua debe crear un grupo especializado en identificación dentro del servicio forense, pues la forma en la que recopilan la información de los cuerpos solo se enfoca en identificar la causa de muerte y no en elementos de identificación forense, sobre todo cuando se trata de personas que no son de la ciudad. Palacios agregó que las diligencias para la identificación de restos o cuerpos humanos dependen de la aprobación del Ministerio Público y no se permite que las familias vayan con el servicio forense para que este pueda realizarlas: “es por eso por lo que tantas personas permanecen sin identificar y no se ha establecido un cuerpo específico que se encargue de ello”. Las observaciones de la abogada del CDHPN se suman al hecho de que el CNIH nacerá sin un presupuesto asegurado, dependiente de un subsidio federal ya autorizado que se destina a las Comisiones de Búsqueda Estatales, de acuerdo con Animal Político. “Son 1 mil 729 millones 815 mil 554 pesos de recursos federales otorgados a las comisiones locales de búsqueda entre 2019 y 2022, de los cuales, además, se contempla canalizar dinero al laboratorio de genética, al centro de resguardo de cuerpos, al laboratorio móvil forense, al Sistema de Administración y Control de Panteón Forense y Cadáveres, al sistema de reconstrucción facial, al software de medidas antropométricas, al vehículo refrigerante y a la cámara de conservación para segmentos anatómicos”, menciona el medio.
Una respuesta a la crisis forense
En México, de acuerdo con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, existen “decenas de miles de cuerpos sin identificar y centenas de kilos de restos óseos calcinados”. El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos documentó 52 mil cuerpos sin identificar, de los cuales el 80 por ciento (41 mil 115) de los cuerpos se concentran en 10 estados: Chihuahua es el quinto estado con más casos. En este contexto se aprobó el pasado miércoles en el Senado la creación del Centro de Nacional de Identificación Humana –adscrito al CNB–, el cual tendrá el objetivo la búsqueda generalizada de personas desde un enfoque masivo. El Centro capacitará expertos en la identificación y recuperación de cuerpos resguardados por fiscalías y servicios médicos forenses locales; buscará aplicar un enfoque híbrido para identificar restos o cuerpos humanos en fosas comunes; estará encargado de coordinar y ejecutar las estrategias de búsqueda, y crear un sistema forense multidisciplinario. El CNIH tomará en cuenta en sus tareas a familiares de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones civiles. El documento también indica de forma general que una de las pretensiones es garantizar el derecho a la búsqueda, la identificación, la verdad e incidir en el derecho a la justicia.
