Ciudad Juárez, Chihuahua.— La tercera palabra que más repitió Javier Corral durante su primer informe de gobierno fue “corrupción”. El mandatario estatal estaba el 2 de febrero de 2018 leyendo un discurso frente a decenas de asistentes, entre ellos el exsecretario de salud, José Narro, así como los panistas Ricardo Anaya y Diego Fernández de Cevallos. “En el combate frontal a la corrupción, puedo decir que también vamos a la vanguardia”, dijo Corral con aquella dicción y modulación de voz que lo destacaba años atrás entre otros legisladores cuando subía a tribuna en el Senado. Luego dijo que con motivo de ese combate se dio vida al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Chihuahua: “Es por ello que también creamos la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC)”, remató mientras una pantalla detrás de él proyectaba la leyenda “#Unidos con valor”. Las cámaras hacían todo tipo de tomas, sobre todo acercamientos cada que enfatizaba alguna advertencia a los corruptos. La grabación duró dos horas con un par de conductores narrando con voz en off lo que sucedía. Lo que no se sabía en ese entonces es que detrás de esas cámaras estaba toda una trama de corrupción, dentro del gobierno recién electo. La empresa Xtreme Sports, a cargo de grabar su primer informe, fue creada en 2002 para dar servicios de entretenimiento a través de paredes escaladoras. Sin embargo, su objeto social cambió ocho días después de que Corral tomara posesión en octubre de 2016, con el fin de prestar servicios de comunicación al gobierno del estado. Xtreme Sports, vinculada a la familia del titular de Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal, Antonio Pinedo Cornejo, recibió contratos por adjudicación directa que ascendían a los 4.9 millones de pesos. Por ese presunto conflicto de interés, la Auditoría Superior del Estado (ASE) interpuso una denuncia el 17 de septiembre de 2018. Parecía una acción congruente, sobre todo cuando se dio impulso al SEA de Chihuahua, el cual se coordina entre diferentes actores. La punta de lanza son la Fiscalía Anticorrupción, la ASE y el Poder Judicial, pero también se apoyan de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua (TJACH), el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y el Acceso a la Información (ICHITAIP), así como la Secretaría Ejecutiva (SE) y el Comité de Participación Ciudadana (CPC). Pero lo que siguió fue un caso sin sentencia ni reparación por daños al erario. Toda esa máquina llamada SEA se vio rebasada y, como en otros casos, esta ha sido la constante: las sanciones administrativas y denuncias penales judicializadas en contra de funcionarios de la actual administración son prácticamente irrelevantes cuantitativamente. De acuerdo con datos de la Secretaría Ejecutiva del SEA, solo el 2% de las denuncias por corrupción terminan en sentencias. Los principales tropiezos —según integrantes del Sistema y organizaciones de la sociedad civil— se deben a que tienen un débil proceso de denuncia, donde no se protege la identidad de los denunciantes y, finalmente, no se llega a una resolución. Ethos Laboratorio de Políticas Públicas buscó entrevistas con la SFP, Mónica Vagas Ruiz, sin que al momento accediera a la misma. La fiscal Anticorrupción, Gema Chávez Durán, también rechazó hablar sobre el tema. El titular del TJACH, Gregorio Morales Luévano, al cierre de esta edición no regresaba a trabajar por motivos de la contingencia sanitaria.
Denunciante termina denunciado
La Fiscalía Anticorrupción comenzó funciones sin depender de ningún organismo institucional, según el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, a partir de la reforma constitucional que la dotó de autonomía técnica y presupuestal. Finalmente, esto llevó a su instalación el pasado 4 de febrero de 2020. De acuerdo con una solicitud de información realizada a la Fiscalía Anticorrupción, el saldo de las denuncias sólo tiene un registro, del pasado 10 de enero, la cual derivó en una sentencia condenatoria a través de un procedimiento abreviado, cuya función es terminar el proceso de manera anticipada —sin llegar a un juicio oral— mediante un acuerdo donde la víctima no se oponga y el acusado reconozca la culpabilidad. Es decir, todo el aparato del Sistema Estatal Anticorrupción ha logrado en un año con siete meses solo una resolución contra un funcionario de la actual administración. A pesar de lo anterior, Corral ha insistido en los últimos meses en que Chihuahua es ejemplo en el combate a la corrupción por la detención en Estados Unidos de su antecesor, el exgobernador César Duarte, por un presunto desvío de 6 mil millones de pesos. Él se basa en el porcentaje de empresas socias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que han reportado corrupción en el último año, dato que pone a Chihuahua en el primer lugar a nivel nacional en la carrera contra la corrupción. Pero los discursos triunfalistas y las cifras de la Coparmex no parecen ajustarse a la realidad. Si un civil o funcionario público —dice René Moreno, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC)— interpone una denuncia, se topa con que no hay plazos mínimos ni máximos de resolución. Además, se puede tardar o estancar más el proceso, dependiendo del organismo en el que se denuncie el caso, lo cual delata la descoordinación. Un elemento más a la inhibición de las denuncias son los mínimos protocolos para proteger a quienes acuden al ministerio público a denunciar actos de corrupción. Félix Romo, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA, explica que hay “una alarmante cifra negra en el país y en Chihuahua”. La falta de medidas preventivas y precautorias para los denunciantes —abona el secretario técnico— puede arriesgar a que se cometan daños en contra de los denunciantes, ya sea de manera laboral, física o psicológica. “De repente el denunciante siente que es el denunciado”, añade. Leonardo Rodríguez, integrante de la Red por la Participación Ciudadana, dice por su parte que los mecanismos de denuncia no son seguros para los que quieren denunciar anónimamente. “No hay una vía de internet para denuncia anónima, más que el de Sindicatura, y puede haber rastreadores para saber quién fue el que denunció. Y los mecanismos de denuncia del OIC son presenciales, tienes que llegar ahí a denunciar. Después te das cuenta de que de 700 expedientes que tienen, no resuelven uno solo”, ejemplifica Rodríguez.
ASE y denuncias penales
La ASE de Chihuahua es el organismo más activo en las denuncias contra servidores públicos; la mayoría han sido faltas administrativas y se encuentran en progreso en la SFP o en el TJACH, pero hay otras en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntos delitos, de las cuales se desconoce cómo van avanzando, como en el caso de Xtreme Sports. Hasta antes de que entrara en vigor la nueva Ley de Fiscalización, la Auditoría aparecía como un ente sin poder de denuncia, es decir, presentaba los resultados de sus auditorías y era el Congreso del Estado quien revisaba las cuentas y decidía si era necesario presentar una denuncia administrativa o penal. Sin embargo, en enero de este 2020 se le dieron nuevas atribuciones a la ASE y puede presentar las denuncias correspondientes. Según el auditor superior del estado, Héctor Acosta Félix, entre 2007 y 2018 se presentaron un total de ocho denuncias administrativas, mientras que, de diciembre de 2018 a julio de 2020, se interpusieron 200 denuncias administrativas. En los mismos 18 meses fueron 39 denuncias penales contra 30 que se suscitaron desde que se creó la ASE en el año 2000. No obstante, de las denuncias administrativas, poco más de 180 se encuentran en investigación en la SFP, otras en los Órganos Internos de Control (OIC) y el resto en espera de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, todas aún sin resolución. En la parte penal, la ASE ha logrado tres sentencias condenatorias y ha recuperado a las cuentas públicas cerca de 40 millones de pesos en 18 meses, de acuerdo con Acosta Félix. En todos los casos fueron contra funcionarios de la administración del exgobernador César Duarte. Para Acosta Félix, las atribuciones otorgadas a la Auditoría —sin la aprobación del Congreso estatal— le han permitido más efectividad y menos burocracia para conseguir un objetivo latente en el SEA Chihuahua.
Funcionarios duartistas sancionados
De acuerdo con el Informe 2019 del Comité Coordinador del SEA de Chihuahua, la SFP emitió 33 resoluciones con 48 servidores públicos administrativamente responsables; se determinaron 23 inhabilitaciones para ejercer cargos públicos; y de igual manera, hay cuatro destituciones de puesto, siete sanciones económicas, una suspensión del servicio y 20 amonestaciones por escrito. Por otra parte, 37 resoluciones se efectuaron. Sin embargo, es importante mencionar que estos resultados son contra funcionarios de la administración de Duarte Jáquez. El informe anual 2019 detalla que de las 211 “potenciales investigaciones” del gobierno actual, “no hay una sola que haya sido cerrada con un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa o en su caso de Archivo de Conclusión y Archivo del Expediente”. En contraparte, basados en información obtenida a través de la plataforma de transparencia, solo en la Dirección de Procesos e Investigación de la SFP se acumulan 381 denuncias entre 2019 y 2020, mientras que los OIC, de 2019 a lo que va de 2020, han recibido 917 denuncias por posibles actos de corrupción. Ahora bien, en los Informes de Presunta Responsabilidad de la SFP se detalla que en 2019 se iniciaron 83 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, de los cuales hubo como resultado un 0% de efectividad. Ese mismo año, la Secretaría contó con un presupuesto de 91 millones 739 mil 187 pesos, siendo esta la segunda secretaria de estado que menos dinero recibe Por otra parte, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa respondió a una solicitud de información realizada vía la Ley de Transparencia que, desde su constitución, el 2 de septiembre de 2019, “no se ha ingresado expediente alguno que dé origen a un juicio de responsabilidad administrativa (…) Por lo anterior, puede aducirse que no se ha emitido ninguna resolución que contenga imposición de sanciones por parte de este Tribunal”. O sea, ninguna falta grave ha sido sancionada en Chihuahua en su historia.
