febrero 27, 2024

Aumentan casos de COVID-19 en el Cereso: van 35 confirmados y dos muertes

Ciudad Juárez, Chihuahua.— En medio de la contingencia sanitaria hay población que vive bajo condiciones de vulnerabilidad y de riesgo más altas. En el surponiente de la ciudad hay 3 mil 64 hombres que conviven con un brote de COVID-19 en un lugar del que no pueden salir ni mantener distancia. El Cereso Estatal 3, cuya capacidad —3 mil 100, de acuerdo con la vocera del Sistema Penitenciario Estatal, Alexandrina Saucedo— se encuentra al tope, registra 35 casos confirmados de COVID-19 y dos defunciones relacionadas con el virus, según autoridades de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. Apenas un día antes se tenía el registro de 20 casos positivos y 20 sospechosos, que a través de una prueba de PCR que dio positivo pasaron a la lista de confirmados, y una persona más perdió la vida a causa de la enfermedad. El Cereso Estatal 3, de acuerdo con el Informe 2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es el Cereso peor calificado de Chihuahua con una calificación de 7.9. Durante sus visitas los derechohumanistas reportaron hacinamiento, ya que en celdas diseñadas para dos o tres personas, viven entre 7 u 8 personas, de acuerdo con el documento. Se determinó también que es un lugar sucio y en el que incluso la seguridad es manejada por lo propios internos. “Algunos tienen llaves de ciertas áreas”, mencionan. Apenas este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que expresa la preocupación por la alta tasa de letalidad por COVID-19, que es de 15 por ciento dentro de los centros penitenciarios del país, sobre todo en los Ceresos, que están a cargo de los Estados. De acuerdo con Salvador Salazar Gutiérrez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y autor del libro ‘La cárcel es mi vida y mi destino: Producción Sociocultural del castigo’, quien asistió a las instalaciones del Cereso Estatal 3 y de Cefereso en Ciudad Juárez, las condiciones entre uno y otro son visiblemente distintas y desfavorables para los internos del centro a cargo del Estado.

“Son lugares que dan cuenta de la creciente vulnerabilidad y crisis institucional de atención a la necesidad básica de la salud. La pandemia nos ha mostrado que históricamente vivimos en un sistema de salud muy cuestionable, con muchas carencias, pero que estas tienen un mayor impacto en grupos vulnerables, en el caso específico de los centros de reinserción sabemos que han sido lugares muy olvidados por el Estado mexicano, ha vivido una severa crisis en el que efectivamente esto se observa con mayor dureza cuando están administrados por los gobiernos estatales”, dice.

Mientras que en los Ceferesos tienen un acumulado de 86 entre casos confirmados de COVID-19 y sospechosos en el país, en los Ceresos la cifra alcanza 572 entre ambos rubros. Además las prisiones militares tienen 8 casos, de acuerdo con información de la CNDH. Chihuahua se encuentra dentro de los cuatro estados cuyas prisiones reportan más casos de contagios; mientras que en Jalisco se contaban 99 casos confirmados el 2 junio, la Ciudad de México reportaba 55 y Puebla 90, para el mismo día Chihuahua tenía 21 casos, que ahora son 35. Pero cuando hablamos de Chihuahua no nos referimos a los 9 penales que hay en el estado, sino sólo al 3 varonil de Ciudad Juárez. La CNDH, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han mostrado preocupación y señalado la condición de alta vulnerabilidad que se vive en los centros penitenciarios, por lo que exigen el respeto a los derechos humanos, la garantía de acceso a la salud, el derecho a la vida y a la integridad física, así como la protección a través de las medidas sanitarias necesarios en medio de esta contingencia. Una de las soluciones que se plantean desde organismos de derechos humanos, organizaciones civiles e incluso dependencias federales es el desahogo de las prisiones a través del beneficio de preliberación para personas vulnerables, es decir enfermas graves, con alguna discapacidad o mayores de 60 años, así como mujeres embarazadas. Documenta es una organización de la sociedad civil que trabaja a favor de reformas estructurales para el sistema penitenciario en México y que también busca evidenciar las condiciones en que se encuentra parte de la población que se considera vulnerable.

“La postura de Documenta es que se respeten los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, que no se sigan olvidando sus derechos. Estamos hablando de que las personas privadas de la libertad por su condición son un grupo muy vulnerable y hay casos en que se presentan más graves, como las personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, con situaciones de discapacidad, mujeres, mujeres embarazadas. Creemos que hay otras vías para proteger la salud de las personas en los centros penitenciarios como la preliberación y la libertad condicionada”, dijo en entrevista Nohemí Juárez, abogada de la organización.

A través de diversas estrategias la organización exige que se garantice a los internos el derecho a artículos de salud, y de higiene, así como a una alimentación adecuada, a las medidas de prevención, al contacto con el exterior y a la información, cuenta la abogada. De acuerdo con la organización hay un universo de alrededor de 200 mil personas privadas de la libertad en el país, y en general los centros tienen problemas de hacinamiento, acceso a salud, alimentación, higiene, limpieza de áreas, y sobre todo, de acceso a la información, de acuerdo con la abogada. “La falta de información agrava el estado o la angustia de las personas al interior, afecta muchísimo y puede llevar incluso manifestaciones colectivas violentas. Por otro lado, afecta a la familia al no saber cuál es la capacidad de respuesta y cuál es el estado de sus familiares”, dice la abogada. Hasta el momento se han registrado tres motines en el país, de acuerdo con la CNDH. En el tema de las preliberaciones, en el estado, durante esta crisis sanitaria se le ha otorgado el beneficio a 19 personas, de las que 4 pertenecen al Cereso Estatal 3 de Ciudad Juárez, de acuerdo con la vocera Alexandrina Saucedo.

“Referente a lo del proceso para una preliberación te comento, actualmente ya se están haciendo estudios por parte de las áreas técnicas, sin embargo, es el tribunal quien otorga o no el beneficio de una preliberación y no únicamente es por enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, se toman en cuenta casos de personas mayores de 60 años pero tienen que cumplir con ciertos requisitos, ya sea que hayan compurgado más del 50 por ciento de su sentencia, que no sean delitos graves o con dolo, y una serie de requisitos que establece la misma Ley de Ejecución Penal”, dijo.

En el estado hay al menos 105 personas de la población penitenciaria con alguna enfermedad crónico degenerativa, de acuerdo con la vocera. Y de acuerdo con la CEDH: “60 adultos mayores, 7 indígenas, 46 personas con discapacidad, 12 internos con VIH/sida, 6 sancionados y 59 sujetos a protección”, como la población más vulnerable del Cereso Estatal 3 en el 2019. Uno de los problemas a los que se enfrenta esta población vulnerable dentro del penal es que no cuentan con áreas exclusivas: están con el resto de los internos, que además no se dividen por fuero común o federal, sino de acuerdo con el grupo criminal al que pertenezcan (o simplemente el que les toque), detalla la en su informe 2019.

“Las zonas dentro del Cereso siguen estando definidas a partir de formar parte de alguno de los grupos, de las pandillas. En el área de los Aztecas no veías tan fuerte esta cuestión del hacinamiento que eran 4 o 5 por celda, pero en la zona de los Artistas Asesinos (AA) había hasta 8 o 10 internos por celda”, comenta el investigador Salvador Salazar.

Las autoridades de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado se han dicho preocupadas por el brote de COVID-19 en el Cereso 3, por lo que mantienen un operativo de atención y de vigilancia de la población. “Diariamente los especialistas de la salud realizan monitoreos a través de la toma de temperatura y oxígeno. Además, se habilitó un espacio con 50 camas, en una primera etapa, para el aislamiento de casos ya confirmados, pero que son totalmente asintomáticos. Quienes, por sus síntomas y gravedad, requieren atención médica más especializada, son trasladados al Hospital donde reciben el tratamiento por el COVID-19”, manifestaron. Otra de las medidas que tomó la administración del Cereso fue la instalación de tabletas electrónicas para que los internos realicen videollamadas. Esto a raíz de que se suspendieron las visitas presenciales para evitar que el brote de contagios crezca, de acuerdo con las autoridades de Salud. Para Salazar Gutiérrez, el problema de la vulnerabilidad con que se vive dentro de los centros penitenciarios no es nueva. Un interno que cumple una sentencia carga con un estigma al momento de reintegrarse a la sociedad. Ahora iniciar un plan de vida a mediano o largo plazo para una persona que cumple una sentencia y regresa a una sociedad en crisis social, económica, de salud, pues parece muy complicado, refiere.

Requisitos para acceder como candidato al beneficio de preliberación:

Artículo 67 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales establece que la preliberación se concede si la persona en cuestión cumple con estos requisitos:

  • Cuando haya compurgado el cincuenta por ciento de la pena privativa de libertad impuesta
  • Que acredite haber trabajado en las actividades y programas establecidos por la autoridad penitenciaria
  • Que haya observado buena conducta durante su internamiento
  • Haber participado en las actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas organizadas por la institución penitenciaria
  • Si existió condena a la reparación del daño, que haya sido cubierta
  • No estar sujeto a otro proceso penal en el que se haya decretado medida cautelar de prisión preventiva
  • Ser primodelicuente

La información de los casos que cumplen con estas características se envía a los jueces para que la analicen y sean ellos quienes tomen la decisión. Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, las personas que, por ser mayores a 60 años o tener una enfermedad, corren mayor riesgo de contagio y cumplen todos estos puntos, han sido consideradas en primer lugar para la deliberación que toman los jueces respecto a su preliberación, de acuerdo con la Dirección de Comunicación Social de Gobierno del Estado.