Norma Andrade informó que el Estado mexicano será juzgado ante el órgano internacional por la deficiente actuación de las autoridades en la investigación del feminicidio de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en 2001. La resolución podría sentar precedentes en torno a la atención de la violencia en contra de las mujeres en México.
Por Abraham Rubio / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Tras más de 20 años de lucha, el caso de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de desaparición y feminicidio en 2001, será juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Norma Andrade, madre de la joven de 17 años, y la asociación Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social informaron este miércoles que el pasado 9 de febrero fueron formalmente notificados por la Secretaría de la Corte IDH, con lo que se dará inicio a un nuevo litigio ante el órgano internacional por la actuación de las autoridades en un caso de feminicidio en Ciudad Juárez.
En conferencia de prensa, Andrade destacó la importancia de que el Estado mexicano sea juzgado y se le exija resolver la violencia en contra de las mujeres, pero también expresó que la posibilidad de obtener una sentencia a su favor tiene una carga simbólica importante para ella y su familia.
“El hecho de que en esa sentencia se mencione a los funcionarios que de alguna u otra manera han sido negligentes y algunos hasta corruptos para proteger a los asesinos de mujeres en Ciudad Juárez (…) el puro hecho de que sean mencionados como funcionarios que no hicieron su trabajo para detener a los asesinos, que no hicieron su trabajo, antes, al contrario, permitieron que esto se siga reproduciendo, para nosotros va a tener mucho peso”.
La directora de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas Ramírez, señaló que “cuando hablamos de Lilia Alejandra no lo podemos remitir a un caso, sino que se ha convertido en una causa; Norma (Andrade) tiene ya 23 años luchando por la justicia. Tratando de que los responsables sean llevados a juicio, que tanto Lilia como otras mujeres como niñas que han sido asesinadas en Ciudad Juárez, logren tener justicia”.
Explicó que el proceso internacional ante la Corte IDH “no es un fin en sí mismo”, sino que es una puerta que abre un camino hacia la justicia:
“El Estado mexicano volverá a ser condenado por asesinatos de mujeres: no solamente es Campo Algodonero, Digna Ochoa, y seguramente lo será Lilia Alejandra García Andrade. Sin embargo, también sabemos que la Corte podrá emitir criterios que permitan redireccionar la política pública para generar acciones realmente eficaces que permitan prevenir la violencia en contra de las mujeres y las niñas, que todavía cobra la vida de 11 mujeres todos los días”.
Karla Micheel Salas prevé que la audiencia oral pueda llevarse a cabo a inicios del 2025, etapa en la que las partes involucradas expondrán sus argumentos, pruebas y donde la propia Norma Andrade podrá testificar ante el tribunal.
“Por la experiencia que tenemos en otros casos, esperamos que este proceso ante la Corte durará aproximadamente dos años, pero considerando que llevamos 23 años (buscando justicia), finalmente es muy poco”.
23 años de impunidad
Lilia Alejandra tenía 17 años cuando desapareció el 14 de febrero del año 2001, tras salir de su trabajo de la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles S.A. de C.V. Pidió prestado dinero para tomar el transporte público y partió al atardecer por un lote baldío cercano a la zona.
Una semana después, su cuerpo sin vida, torturado y abusado sexualmente fue abandonado enredado en una cobija en un terreno baldío entre dos de las avenidas más importantes de la ciudad, la Tecnológico y la Ejército Nacional.
El caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade permanece impune debido a deficiencias en la investigación y en el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, que tras una investigación de tres meses en 2018 detuvo al presunto asesino serial, Manuel N., y dio por resuelto un caso que llevaba más 15 años sin respuestas.
Ese mismo año, durante la comparecencia del “Caso 12.853 – Lilia García Andrade, México” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano aceptó su “responsabilidad internacional” por la ineficacia de sus instituciones para prevenir, investigar diligentemente y sancionar a los responsables del secuestro, tortura sexual y feminicidio de la adolescente Lilia Alejandra.
El coordinador jurídico Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, David Peña, señaló que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lleva detenida durante seis años a una persona, Manuel N., cuya participación en el feminicidio de Lilia Alejandra no ha sido demostrada científicamente a través del cotejo de una muestra genética del acusado con las muestras obtenidas del cuerpo de la víctima.
“Lo que nosotros estamos viendo es que la Fiscalía de Chihuahua, de nueva cuenta, le está apostando, como lo ha hecho en todos los casos, a la fabricación de una responsabilidad de una persona, que no tiene pruebas o datos científicos para corroborar esa responsabilidad”.
Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social señaló que el Estado mexicano se dedicó a solicitar prórrogas a la CIDH desde 2018 hasta 2023, asegurando que las recomendaciones emitidas en aquel informe de fondo serían cumplidas, pero no las cumplió a pesar de la ampliación del plazo.
Finalmente, el caso fue remitido a la Corte IDH el pasado 28 de diciembre de 2023 y la organización fue notificada formalmente por la Secretaría de la Corte IDH el pasado 9 de febrero.
