Ciudad Juárez, Chihuahua.— El Ayuntamiento de Juárez, en sesión extraordinaria de Cabildo, rechazó hoy la reforma aprobada por el Congreso del Estado que contiene modificaciones y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, relativas al libre desarrollo de la personalidad, con los votos de la facción Independiente, el PES, el PAN y el PVEM. Ante una sala repleta de representantes de organizaciones ‘Profamilia’ —quienes también se asentaron en el estacionamiento de la Presidencia Municipal, en donde se les instalaron sillas y una pantalla—, regidores de la fracción Independiente, del PES y del PAN se expresaron en contra de la iniciativa, al considerar que atentaría en contra del derecho de los padres a educar a sus hijos y contra la integración tradicional de la familia. La regidora Silvia Sánchez Márquez (PES) calificó el decreto como una forma de “violencia a través de una guerra cultural, cuyos tanques pretenden aplastar la institución de la familia”, que tiene la intención de “deformar” la mente de los menores, y consideró un error equiparar a las parejas heterosexuales con la homosexuales. El regidor Carlos Ponce Torres, por su parte, se pronunció en contra al opinar que el decreto “no es suficientemente claro en sus alcances y consecuencias” y dijo estar a favor de la preservación de la especie y de las características que “la naturaleza marca muy claramente”. Por su parte, los representantes de Morena en el Ayuntamiento —los regidores Magdaleno Silva y Olivia Bonilla Soto, así como la síndica Leticia Ortega Máynez— se pronunciaron a favor del decreto y argumentaron que este armonizaría a la legislación estatal con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley federal y diversas declaraciones internacionales de derechos humanos.
“La misma Corte ha resuelto que el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, por lo que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido, y encuentra sus límites en los derechos de los demás y del orden público”, acotó Ortega Máynez.
Tanto Bonilla Soto como la Síndica cuestionaron las afirmaciones contenidas en la resolución del Ayuntamiento que señala que la aprobación del decreto vulneraría las “buenas costumbres” y que dice apoyar sus argumentos en las opiniones de “especialistas”. Durante su participación, Magdaleno Silva López dijo que las reformas a la constitución del estado brindarían protección a diversos sectores de la población que se encuentran en condición de vulnerabilidad y enfatizó la necesidad de separar las decisiones públicas de concepciones religiosas. El regidor Óscar Gallegos dijo que el rechazo al decreto implicaría estar contra la libertad de expresión, de la educación y el desarrollo, y que la constitución contiene limitaciones que no permitirían la vulneración de los derechos de otras personas. Las regidoras y el regidor independientes José Ubaldo Solís, Juana Reyes Espejo, Rosario Valadez Aranda y Jacqueline Armendáriz Martínez también se pronunciaron contra los términos contenidos en el decreto y cuestionaron el actuar de los legisladores estatales que lo aprobaron. Además, el alcalde Armando Cabada se posicionó en contra al tiempo que se dijo “un hombre que cree en la vida y en la familia”, y opinó que en la reforma “se encuentran cosas buenas, como la protección a la vida desde el momento de la concepción, pero también puntos tan ambiguos como lo es el libre desarrollo de la personalidad”. El regidor Enrique Torres Valadez (PAN) dijo que los representantes de su facción se mantendrían firmes “en la lucha por la defensa de la familia“ y expuso la necesidad —en concordancia con la dirección estatal de su partido— de rechazar el decreto para que regrese al Congreso del Estado, donde habría de ser modificado en su redacción. Para la sesión se presentaron también tres participaciones ciudadanas con voz (número máximo permitido por el Cabildo), de las 14 que se registraron. La ciudadana Mónica Inés Mendoza Olivero y los ciudadanos Heliodoro Juárez González y Francisco Javier Valenzuela Casas, se pronunciaron en contra del decreto por promover la “ideología de género” y por supuestamente ir en contra de la familia, de la naturaleza y de la vida. La reforma requería de la aprobación de al menos 20 municipios que concentrarán a la mitad de la población del estado; con el rechazó de Juárez y Chihuahua quedó invalidada.
