A 36 meses del incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, donde 40 migrantes perdieron la vida y 27 resultaron heridos, el proceso judicial se caracteriza por el estancamiento y la disparidad en el trato a los acusados. De las 11 personas identificadas como presuntas responsables de esta tragedia solo cuatro permanecen en la cárcel sin sentencia, el resto sigue su proceso en libertad
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.– Han pasado tres años desde el incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) donde murieron 40 migrantes extranjeros bajo custodia oficial y a la fecha, el caso aún no llega a juicio; además, seis de los funcionarios acusados por esta tragedia dejaron la cárcel para enfrentar el proceso en libertad y uno permanece prófugo.
El Estado mexicano sigue en deuda con las víctimas, afirma Marcos Edgar Zavala Cruz, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización representante de ocho sobrevivientes y nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas.
“El Estado tuvo la oportunidad de garantizar juicios justos donde se garantizaran los derechos de las víctimas, pero la justicia no ha llegado”, dice, atribuyendo el retraso a prácticas de justicia selectiva que impiden el acceso a la verdad y a la reparación integral para las víctimas.
De las 11 personas identificadas como presuntas responsables de esta tragedia solo cuatro siguen en la cárcel sin sentencia. El resto, todos funcionarios del INM al momento de la tragedia, obtuvieron libertad procesal por el cambio de medidas cautelares, entre ellas el depósito de garantías económicas de por lo menos un millón de pesos.
Aún siguen sin resolverse al menos 13 juicios de amparo, una situación que funcionarios del Poder Judicial Federal atribuyen a la implementación de la Reforma Judicial – en septiembre de 2025– y la suspensión de labores de los funcionarios judiciales –en el otoño del 2024–.
Además, las mujeres que estaban en la estancia la noche del incendio siguen sin ser reconocidas por las autoridades como víctimas; y los familiares de los sobrevivientes no han recibido un trato integral como víctimas indirectas.
El 27 de marzo del 2023, presuntamente un grupo de personas migrantes prendió fuego a las colchonetas en la celda de los hombres de la estancia migratoria, donde migrantes extranjeros encerrados bajo llave discutían enojados con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos y amagos de deportación.
Cuando las llamas se estaban propagando, los migrantes pidieron a gritos que los dejaran salir, pero quienes los tenían bajo su resguardo no les abrieron la celda.
Esta acción provocó la muerte por asfixia de 40 hombres extranjeros y lesiones graves a otros 27 varones, originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela.
Una investigación colaborativa de La Verdad Juárez, El Paso Matters y Lighthouse Reports documentó que la estancia se encontraba con sobrecupo, sin extintores, sin ventilación, sin rociadores contra incendios y con detectores de humo sin funcionamiento, omisiones graves, así como irregularidades y abusos que contribuyeron a la letalidad del incendio.
Además, el trabajo periodístico reveló que mientras el fuego se propagaba y los migrantes suplicaban que los sacaran de la celda, una funcionaria del INM dijo “a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes”. Por lo que 67 hombres migrantes quedaron atrapados en la estancia.
Acusados sin sentencia
Unas horas después del incendio, ocurrido el 27 de marzo del 2023, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) inició la carpeta de investigación FED/FEMDH/UIDPM-CHIH/0000310/2023.
De acuerdo con un seguimiento periodístico, por este hecho se han iniciado unas siete causas penales, en contra de 11 personas:
- Salvador G.G., contralmirante responsable del INM en Chihuahua, fue acusado de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público. En agosto del 2025 obtuvo el cambio de medida cautelar de prisión preventivapara llevar su proceso en libertad, entre otras cautelares como el depósito de 1.5 millones de pesos.
- Eduardo A.M. yJuan Carlos M.C, exjefes del Departamento de Recursos Materiales y del Grupo Beta, respectivamente. Ambos, acusados de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público, recuperaron su libertad en 2024.
- Daniel G.Y., quien se desempeñaba como representante local Noroeste del INM, fue acusado de los delitos de homicidio y lesiones, ylogró dejar la cárcel en junio del 2024.
- Rodolfo C. de la T., que enfrenta cargos por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, dejó la cárcelel septiembre del 2025 por el cambio de medida cautelar.
- Gloria Liliana R.G. agente migratorio, y Alan Omar P.V., guardía de seguridad privada, siguen en prisión.
- Jeison D.C.R., y Carlos Eduardo C.R., siguen recluidos por los delitos de homicidio y lesiones en comisión por acción, porque presuntamente iniciaron el fuego.
- Antonio Molina Díaz, quien se desempeñaba como director de Control y Verificación Migratoria del INM, se encuentra evadido desde mayo del 2023.
- Francisco Garduño Yáñez, quien era el comisionado del INM cuando ocurrió la tragedia, solo fue acusado por ejercicio ilícito del servicio público -delito no grave-, lo que le permitió evitar la cárcel y solicitar la suspensión condicional del proceso. El 1 de mayo del 2025 dejó el cargo y en septiembre de ese mismo año ofreció una disculpa pública a las familias de los 40 migrantes que murieron encerrados, y a los 27 más lesionados de por vida. Desde enero de este año ocupa un nuevo cargo en el SEP.
El abogado Zavala informó que el próximo primero de septiembre, un juez federal revisará si Garduño ha cumplido con las condiciones impuestas en la suspensión condicional de su proceso.
La ley establece que, en caso de cumplimiento la causa penal será sobreseída con efectos de una sentencia absolutoria y sin que quede un antecedente penal.
Sin embargo, Zavala explicó que la Fundación para la Justicia interpuso dos juicios de amparo en relación a la causa penal 237/23 seguida en contra de Francisco Garduño. Uno de los amparos es en contra de la vinculación a proceso, específicamente porque solo le formularon cargos por un delito menor: ejercicio ilícito del servicio público, y el otro amparo es en contra de la aprobación de la suspensión condicional del proceso.
El abogado dijo que, si para esa fecha no se han resuelto los amparos, no se debe otorgar el sobreseimiento de la causa penal.
Caso exhibe justicia selectiva
En el caso del incendio se ha aplicado una justicia selectiva, indicó Zavala, al explicar que no ha habido un trato procesal igual para los 11 presuntos responsables.
Mientras que Garduño, quien ocupaba el cargo de mayor rango en el INM, y Antonio Molina Díaz, quien era el siguiente en jerarquía, se les formularon cargos por un delito menor que permite salidas alternas para evitar una sentencia condenatoria, al resto de los entonces subordinados de Garduño los acusaron de delitos graves.
“Ahí se ve una distinción y una justicia selectiva para unas personas, para unos cuantos, y a la mayoría sí se les vinculó por homicidio y lesiones”, dijo.
Gabriel García Otamendi, abogado de Alan Omar P.V., coincidió en señalar que hay un trato diferenciado para los acusados, aunque todo corresponde a un mismo hecho y se aplica la misma ley.
“Ha sido tratado de manera diferenciada, porque el encargado y jefe este de la estación Daniel G. Y., el mismo delegado en ese tiempo, el representante, el contralmirante y varios de los coimputados y detenidos, menos la señora Gloria, mi representado Alan Omar y los dos migrantes son los únicos que se encuentran compurgando una pena anticipa”, señaló en referencia a que llevan casi tres años en la cárcel.
El litigante indicó que al momento que sucedió el incendio, Alán Omar tenía 15 días trabajando en el INM, y acudió de forma voluntaria a declarar ante el Ministerio Público de la Federación, pero quedó detenido y se inició en su contra la causa penal 216/23.
“Mientras que el comisionado, como decimos nosotros, la libró. No ha pisado la cárcel”, dijo.
El entrevistado refirió que actualmente la situación jurídica de Alan Omar está en el limbo porque lleva casi tres años recluido en el Cereso 3 de Ciudad Juárez a pesar de que la Constitución Mexicana establece que la prisión preventiva no debe exceder de dos años.
Amparos e incumplimientos
La Fundación para la Justicia ha presentado 13 juicios de amparo. Uno de estos recursos, el número 955/2023, mantiene en suspensión el avance de todas las causas penales.
Marcos Zavala, abogado de Fundación para la Justicia, explicó que el recurso legal se presentó porque en las primeras cinco causas penales que se judicializaron y en la carpeta de investigación 310/2023, que integró la Fiscalía General de la República por la muerte y las lesiones de los 67 migrantes, las víctimas no fueron representadas correctamente.
Además, dijo que el objetivo de presentar los juicios de amparo no era suspender los procesos penales, sino defender a las víctimas directas e indirectas.
“Las víctimas fueron las ausentes, las víctimas no sabían que se había emitido una recomendación por parte de Comisión Nacional de Derechos Humanos, no sabían que existía una carpeta de investigación en Fiscalía General de la República, no sabían que se habían integrado cinco procesos penales federales (inicialmente) y nunca se enteraron, hasta que fueron enteradas por las organizaciones de la sociedad civil”, dijo.
Además del retraso de los procesos judiciales hay un incumplimiento a la recomendación emitida por este caso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , el 30 de junio del 2023.
La Comisión emitió una serie de recomendaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el INM.
A la SRE le recomendó impulsar el diseño de una estrategia que garantice la seguridad y el respeto pleno a los derechos humanos de las personas en el contexto de migración.
A la SEGOB que dentro del diseño de la política migratoria y de movilidad humana, refuerce la protección y seguridad de las personas en contexto de migración; establecer mecanismos confiables de supervisión, control y verificación migratoria permanentes de las estaciones migratorias; y llevar un registro nacional de los migrantes que ingresen a los establecimientos el Estado.
Al INM le pidió inscribir a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, facilitar atención médica, psicológica y tanatológica a las víctimas directas y a los núcleos familiares, colaborar ampliamente en la integración de las causas penales, coadyuve en el seguimiento del expediente administrativo iniciado por el incendio.
A Migración la CNDH también le recomendó visitar las estaciones migratorias y estancias provisionales a efecto de reportar la situación actual física e identificar las adecuaciones que sean necesarias para garantizar y cumplir con la reparación integral del daño.
Sin embargo, a dos años y nueve meses de la emisión de esa recomendación, no hay un cumplimiento integral, dijo Antonio Bejarano Ramírez abogado y enlace legal de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) organización civil que junto a otras asociaciones acompaña y representa a una parte de las víctimas del incendio.
En el caso del INM ni la recomendación fue aceptada en su totalidad, afirmó.
“Es una aceptación a medias porque, si designan responsables y dicen se va a dar seguimiento a los puntos, etcétera. También hacen como toda esta argumentación en respuesta a las recomendaciones, pareciera que es un poco como deslindarse responsabilidad o no asumir del todo”, enfatizó.
Uno de los objetivos de la recomendación emitida por la CNDH es que se generen acciones institucionales para garantizar la no repetición de otra tragedia en perjuicio de personas en situación de movilidad.
Sin embargo, no ha habido un cambio real pues la política migratoria no se ha modificado en México, continúan realizándose revisiones migratorias en base a perfilamientos raciales y siguen llevando a las personas a estaciones migratorias, explicó Bejarano Ramírez.
En lo referente a la atención a las víctimas, el abogado de Imumi dijo no se ha dado esa calidad de víctimas indirectas a los familiares de los sobrevivientes porque si bien a los heridos se les entregó una indemnización hace falta que sus seres queridos tengan esa calidad para validar los procesos que han vivido y facilitar su ingreso a México en caso de que requieran hacer algún trámite relacionado con la tragedia.
A la fecha las 15 mujeres que estaban en la estación el día del incendio no han sido reconocidas como víctimas, a pesar de los esfuerzos que han hecho las organizaciones para que sean tomadas en cuenta.
“Estuvieron muy cerca y en realidad también es una secuela a nivel psicoemocional el sobrevivir a una estación así, también muchas de ellas iban con padres, hermanos, familiares, esposos que sí estaban en el área de detención que sí resultaron heridos o que fallecieron”, agregó.
Este trabajo fue publicado originalmente en La Verdad Juárez. Aquí puedes consultar su publicación.
