La pugna que actualmente mantienen el Municipio y el SUTM comenzó en agosto de este año, con la negociación del contrato colectivo
El 17 de agosto comenzaron formalmente las negociaciones del contrato colectivo —que se realizan cada dos años— entre la administración municipal encabezada por Javier González Mocken y el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM). Previamente, el hoy ex-Alcalde había asegurado que no existían condiciones financieras para otorgar un nuevo aumento a los sindicalizados, y que éstos podrían “pedir y pedir, ya que pedir no empobrece”.
El 22 de septiembre, la administración de González Mocken llegó a un acuerdo con los sindicalizados del SUTM: la Tesorería y la Oficialía Mayor —encabezadas en ese momento por Juan Miguel Orta Vélez y Hugo Venzor Arvizo, respectivamente— informaron que los afiliados al Sindicato recibirían una alza salarial del 4 por ciento. El incremento se dio toda vez que se aceptó la sindicalización de 95 empelados municipales.
El 30 de septiembre —10 días antes de concluir la administración de Javier González Mocken— entró en vigor el acuerdo entre el Municipio y el SUTM.
Entre los 95 empleados municipales que serían sindicalizados a cambio del alza salarial, se encontraba Daniela González Lara, sobrina de González Mocken, quien desde 2015 se encontraba en Barcelona realizando estudios de posgrado con goce de sueldo como empleada de la Dirección General de Desarrollo Social.
El pasado jueves 10 de noviembre, Armando Cabada Alvídrez, ya con un mes en la Presidencia Municipal de Juárez, anunció la cancelación de los procesos de sindicalización de 97 empleados municipales, entre los cuales se encuentran los afiliados al SUTM por las negociaciones del contrato colectivo en septiembre, durante la administración de González Mocken.
El 15 de noviembre, Héctor Cano Villela, secretario del SUTM, anunció la interposición de una queja por parte del Sindicato ante el Tribunal Municipal de Arbitraje, en contra del desconocimiento de las 97 sindicalizaciones.
Al día siguiente, el 16 de noviembre, Cabada Alvídrez anunció el recorte de 59 de los 97 empleados cuyos procesos de sindicalización fueron desconocidos por la autoridad. De acuerdo con el Presidente Municipal, los 59 fueron despedidos por no cumplir correctamente con sus funciones, en tanto que se dijo que 38 de ellos sí cumplían con su trabajo, por lo que pudieron conservarlo.
Durante la sesión ordinaria de Cabildo de la noche del 17 de noviembre, la Regidora priista Laura Tapia Martínez se pronunció en contra de la cancelación de los trámites de sindicalización de 97 empleados municipales y el posterior cese de 59 de ellos.
Tapia Martínez dijo que “todos los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse” y que al negarles ese proceso se está violentando la ley, pues “únicamente el Sindicato puede expulsar a dichos trabajadores”.
También el 17 de noviembre, Armando Cabada aseguró que los proceso de sindicalización de los 97 empelados municipales no se llevaron a cabo de manera adecuada, ya que fueron afiliaciones “de palabra”. Asimismo, dijo que las acciones de la autoridad municipal no se llevaron a cabo en contra del Sindicato, “sino en contra de la ilegalidad”.
el 18 de noviembre, el secretario del SUTM, Héctor Cano Villela, informó sobre la interposición de una queja por parte del Sindicato ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por la presunta violación a los derechos de los trabajadores por parte del Municipio. Cano Villela, aseguró que buscarán revertir la decisión de Armando Cabada Alvídrez al respecto del cese de 59 empleados municipales y que agotarán las instancias legales para ello.
El jueves 24 de noviembre es suspendida la reunión de advenimiento entre el Municipio y el SUTM, debido a que la administración municipal apeló al Tribunal de Arbitraje como la instancia competente para resolver la pugna.
Al día siguiente, el viernes 25 de noviembre, el SUTM solicitó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, en contra de la decisión del Municipio de cancelar la sindicalización de 97 trabajadores y de despedir a 59 de ellos.
Al inicio de este semana, el 28 de noviembre, el Municipio anunció su intención de revisar si los dirigentes del SUTM son los representantes legítimos del Sindicato, y si fueron elegidos durante la asamblea general que debió realizarse en el mes de septiembre.
Ese mismo día, Héctor Cano Villela denunció que el Municipio retuvo 21 millones de pesos a empleados sindicalizados en conceptos de pago de cuotas, fondo de ahorro, préstamos y apoyo funerario.
Hoy, 30 de noviembre, se anunció que el Juzgado de Distrito al que acudieron los líderes del SUTM desechó el recurso de amparo, al no ser la autoridad competente para resolver la disputa entre el Municipio y el Sindicato. Por esta razón, anunciaron que interpondrán demandas individuales ante el Tribunal Municipal de Arbitraje.
