Colectivos ambientales de ambos lados de la frontera piden activar mecanismos binacionales ante el alto consumo de agua y energía de los megaproyectos impulsados por OpenAI, Oracle y Meta en Santa Teresa, Nuevo México, y El Paso, Texas; advierten que los centros de datos sobreexplotarán acuíferos compartidos y podrían agravar la contaminación atmosférica y sonora en la región
Por Miguel Silerio / Fotos: Favia Lucero / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez— Activistas de la Coalición Binacional para la Protección Ambiental acudieron este miércoles a la Presidencia Municipal de Juárez para entregar un documento dirigido a los tres órdenes de gobierno mexicano, en el que exigen activar los protocolos necesarios para auditar y vigilar la construcción de dos centros de datos en el lado estadounidense de la frontera.
Se refirieron en particular al Proyecto Júpiter, en Santa Teresa (Nuevo México), impulsado por OpenAI y Oracle, y al centro de datos que Meta —empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— planea construir en el noreste de El Paso. Ambos megadesarrollos, grandes almacenes de infraestructura para entrenamiento de Inteligencia Artificial, requieren grandes cantidades de agua para su enfriamiento y una alta demanda de energía eléctrica.
Las personas manifestantes —académicas, investigadoras y activistas de ambos lados de la frontera— reiteraron que no se oponen al desarrollo tecnológico, pero señalaron que este no puede anteponerse a la protección del medioambiente ni a la preservación de recursos naturales como el agua, especialmente en una región desértica que ya enfrenta estrés hídrico.
También llamaron a las autoridades mexicanas a involucrarse en la exigencia de medidas de protección ambiental, tomando en cuenta el entorno natural y los recursos hídricos compartidos entre ambos países. Advirtieron, además, sobre impactos potenciales como la contaminación atmosférica y sonora, así como el posible desplazamiento de especies locales.
“No estamos en contra de la tecnología, eso es un hecho, todo mundo la utiliza, y no estamos en contra de la inteligencia artificial de forma general; estamos en contra de la instalación de centros de datos sobre nuestros acuíferos transfronterizos, porque están siendo sobreexplotados desde hace décadas (…) además, no hay una legislación binacional sobre esta agua subterránea; hay una legislación nada más por las aguas del río Bravo, que son superficiales”, señaló Damián López, integrante de la Coalición.
López añadió que ambos proyectos ya se encuentran en proceso de desmonte de las áreas donde se instalarán y calificó su aprobación como ilegal, al señalar que no hubo análisis de impacto ambiental ni socialización adecuada. También afirmó que serán financiados con recursos públicos estadounidenses.
“Aunque (los centros de datos) están instalados en los Estados Unidos, recordemos que los acuíferos no respetan fronteras políticas. Los acuíferos se extienden de uno y del otro lado de los países y, cuando ellos extraen agua, entonces aquí también se van abatiendo los niveles freáticos”, explicó el doctor Jorge Salas Plata Mendoza, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y especialista en temas hídricos.
El doctor Salas Plata alertó sobre la sobreexplotación que ya afecta a los bolsones del Hueco y de Mesilla (Conejos Médanos), principales fuentes de agua subterránea en la región. Señaló que presentan “serios problemas en la calidad del agua, porque se nos está diluyendo de manera acelerada metales pesados como el arsénico, que son cancerígenos y representan una gran amenaza para la salud pública”, e hizo un llamado a la población a sumarse a esta lucha “a través de sus organizaciones, a través de sus redes sociales”.
Además, el investigador atribuyó la llegada de estas empresas a la región a la escasa representatividad ciudadana y a la limitada resistencia que podrían enfrentar por parte de los gobiernos locales.
“Estamos ante una situación en la que ellos vienen a instalarse en comunidades vulnerables, no solo en cuanto a sus recursos naturales por estar en el desierto de Chihuahua, sino porque no están bien representadas (…) están aprovechando la desorganización, la falta de planeación, la baja representación que los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso de Ciudad Juárez, tenemos desde los ayuntamientos hasta el Congreso local y el Congreso nacional”.
El oficio, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, cita el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza (1984), particularmente sus apartados 2 y 7.
Estos señalan que ambas partes deben “adoptar las medidas apropiadas para prevenir, reducir y eliminar fuentes de contaminación en su territorio respectivo que afecten la zona fronteriza de la otra” y “evaluar, según sea apropiado […] proyectos que puedan tener impactos significativos en el medio ambiente de la zona fronteriza”.
Asimismo, el documento cita el capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que obliga a las partes a mantener altos niveles de protección ambiental y a no dejar de aplicar su legislación ambiental para incentivar el comercio o la inversión.
El escrito también cuestiona la participación de funcionarios municipales (la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado, y el representante del gobierno municipal de Juárez en El Paso, Juan Acereto) en una sesión de la Junta de Comisionados del Condado de Doña Ana, en septiembre de 2022, donde intervinieron a favor del Proyecto Júpiter y destacaron supuestos beneficios económicos.
“En contraste a las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Juárez, la construcción de estos dos proyectos de gran magnitud presenta una fuerte oposición de comunidades de Nuevo México, Texas y Chihuahua, a tal grado que actualmente existe una Coalición Binacional contra ambos megaproyectos”, expone el oficio.
Por lo anterior, en su oficio la Coalición Binacional para la Protección Ambiental, que se conformó tras el anuncio de la instalación de los centros en la frontera de Estados Unidos con México, exige a los tres órdenes de gobierno:
- Cumplir el convenio binacional publicado en el DOF el 22 de marzo de 1984.
- Instruir a las instituciones competentes —CILA, Conagua y otras— para considerar los efectos sobre los acuíferos Conejos-Médanos/Bolsón de Mesilla y Bolsón del Hueco, así como la contaminación atmosférica derivada de estos megaproyectos.
- Que, en el marco del T-MEC y del Acuerdo de Cooperación Ambiental, el Gobierno de México active los mecanismos disponibles (Comisión para la Cooperación Ambiental y Comité de Medio Ambiente) para presentar ante sus contrapartes estadounidenses una preocupación formal por el uso insustentable del agua, la contaminación asociada y la omisión de los impactos sobre comunidades mexicanas.
Tras su visita a la Presidencia Municipal, el colectivo entregó el oficio en la representación del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el Pueblito Mexicano, y en el módulo de atención de la Secretaría de Bienestar en la plaza comercial El Paseo.
Pese a las alertas, gobiernos fronterizos avalan megaproyectos
El 18 de septiembre de este año, la Junta de Comisionados de Doña Ana aprobó la emisión de bonos para financiar el Proyecto Júpiter, un complejo de cuatro centros de datos para IA cerca de Santa Teresa. La inversión, valuada en 165 mil millones de dólares y promovida por BorderPlex Digital Assets y Stack Infrastructure para Oracle y OpenAI, provocó un amplio debate sobre su impacto en agua y energía.
El acuerdo, vigente por 30 años, incluye incentivos fiscales que reducen el pago de impuestos a la propiedad, y a cambio la empresa aportará 12 millones de dólares anuales, sumando 360 millones en tres décadas.
Durante la sesión, representantes del proyecto expusieron que este prevé la creación de 750 empleos de tiempo completo, 50 de medio tiempo y 2,500 temporales durante la construcción. Afirmaron que tendrá un consumo de 20 mil galones diarios de agua, equivalente al gasto promedio de 50 hogares.
La ciudadanía, por su parte, cuestionó la rapidez de la votación y las repercusiones ambientales:
“Los 2 mil 500 empleos de construcción suenan muy impresionantes, pero esos trabajos desaparecerán en dos años y medio. Lo que quedará serán varios centros de datos masivos consumiendo nuestra agua y una planta de gas natural que también consumirá nuestra agua y contaminará nuestro aire. Lo que quedará será una comunidad sacrificada otra vez”, dijo Daisy Maldonado, directora del Congreso de Empoderamiento de Doña Ana.
Casi un mes después, el 15 de octubre, Meta confirmó la instalación de su centro de datos número 25 en Estados Unidos, en la ciudad de El Paso. El campus, de 1.2 millones de pies cuadrados, estará dedicado a operaciones de inteligencia artificial y representará una inversión superior a 1.5 mil millones de dólares.
Según la empresa, el proyecto generará alrededor de 100 empleos permanentes y requerirá hasta 1,800 trabajadores durante la etapa de construcción. Meta justificó su ubicación por la “red eléctrica sólida” y la fuerza laboral del área, y aseguró que trabajará para igualar el consumo eléctrico con energía “100% limpia y renovable”.
En materia hídrica, la compañía declaró tener como objetivo ser “positiva en agua” para 2030 y prometió restaurar el 200 por ciento del agua consumida por el centro de datos en las cuencas locales. También anunció alianzas con organizaciones y otros actores para proyectos de acceso y restauración de recursos hídricos en El Paso.
