Las organizaciones señalaron en manifestación que la disculpa no debe interpretarse como una exoneración. Además, exigieron el cumplimiento de la reparación del daño integral para los 40 migrantes fallecidos y las personas sobrevivientes
Por Abraham Rubio / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.– Previo a la disculpa pública que ofrecerá el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía protestaron a las afueras de la estancia migratoria para exigir justicia por las víctimas del incendio del 27 de marzo de 2023.
Las organizaciones señalaron que la disculpa no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento del exfuncionario. Además, exigieron el cumplimiento de la reparación del daño integral para los 40 migrantes fallecidos y las personas sobrevivientes (27 hombres y 15 mujeres, aún no reconocidas por el Estado mexicano).
Gisela Muñoz Zamora, de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), señaló que la disculpa pública no es el fin del caso y no significa una exoneración del proceso penal, puesto que todavía faltan otras condiciones que debe cumplir antes.
“No significa el fin del caso, todavía está la investigación en curso y, sobre todo, no todas las víctimas han alcanzado la reparación integral del daño, principalmente las mujeres que precisamente no han sido reconocidas como víctimas por el Estado mexicano”, enfatizó.
Sin embargo, recordó que esta es una disculpa a título personal por parte del Garduño Yáñez que no representa al Estado mexicano, quien ni siquiera ha aceptado las condiciones que establece la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El acto público está enmarcado en el proceso judicial que enfrenta el excomisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien ofrecerá una disculpa pública a los sobrevivientes, sus familias y las familias de los fallecidos en cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón para otorgar la suspensión provisional para liberarse del proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Las organizaciones que acompañan el caso han denunciado que Garduño Yáñez ha llevado en libertad este proceso, con presupuesto público, bajo graves condiciones de beneficios procesales y el uso de instituciones públicas.
Esta acción pública está enmarcada en el proceso judicial que enfrenta el excomisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien ofrecerá una disculpa pública a los sobrevivientes, sus familias y las familias de los fallecidos en cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón para otorgar la suspensión provisional para liberarse del proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Denunciaron que Garduño Yáñez ha llevado en libertad este proceso, con presupuesto del erario, bajo graves condiciones de beneficios procesales y el uso de instituciones públicas.
Durante la concentración, integrantes de organizaciones y ciudadanía en general colocaron una manta y encendieron velas con el nombre de las víctimas como un acto de memoria y exigencia de justicia.
“Nos solidarizamos con las víctimas directas e indirectas para hacerles saber que no están solas y que desde aquí alzamos la voz junto a ellas y ellos”, expresaron en un pronunciamiento.
Las organizaciones exigen al Estado mexicano:
– Que la disculpa pública no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de buena voluntad o arrepentimiento de Francisco G. Y.
– Se consolide una reparación integral que contemple a las 82 víctimas (40 migrantes fallecidos, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes) que contemple la consolidación de responsabilidad penal de los actores responsables, así como la posición del Estado mexicano sobre su responsabilidad irrenunciable de garantizar justicia, reparación y no repetición en estos hechos.
– Que dentro del proceso penal se garantice una plena intención de reparación y se permita el acceso igualitario y acorde a las necesidades de las víctimas como una digna representación legal que tome en consideración algunas vulnerabilidades como la barrera del idioma.
– Que el Estado mexicano realice las modificaciones legislativas adecuadas que eliminen la detención migratoria y garanticen un trato digno de conformidad con los derechos humanos.
