Con cinco votos a favor y dos en contra del proyecto de resolución, el Consejo del IEE rechazó someter a consulta pública la reforma promovida por diputados del PAN y el PRI para duplicar el número de firmas necesario para revocar el mandato de la gobernadora.
Por Miguel Silerio / Fotos: Alonso Ruiz
Chihuahua.— El Consejo del Instituto Estatal Electoral rechazó ayer la realización de un referéndum para someter a consulta pública el endurecimiento de los requisitos para solicitar la revocación de mandato contra la gubernatura de Chihuahua.
Con cinco votos a favor y dos en contra, el Consejo aprobó el proyecto de resolución que declara improcedente el referéndum, al considerar que el endurecimiento de los requisitos deriva de la armonización de una reforma a nivel federal.
El Congreso de Chihuahua aprobó el pasado 29 de agosto una reforma a la Ley de Participación Ciudadana estatal para elevar el número de firmas y votos requeridos para solicitar la revocación de mandato de la gubernatura e incorporar condicionantes de tipo geográfico.
En concreto, la reforma eleva el número de firmas necesario para solicitar la revocación, de 150 mil a 300 mil; el número de votos para que el resultado sea vinculante, del 35 al 40 por ciento de la lista nominal del estado; y condiciona a que las firmas de respaldo ciudadano sean de habitantes de al menos 35 municipios (la mitad más uno).
La reforma fue aprobada con los votos de las y los diputados del PRI y el PAN en la pasada legislatura —que terminó dos días después, el 1 de septiembre—, con la justificación de que se trata de un armonización con los parámetros de mecanismo de revocación estipulado en la Constitución Federal.
La medida fue calificada como regresiva y antidemocrática por parte de organizaciones de la sociedad civil, activistas y por el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana Estatal, que el 5 de septiembre anunciaron la solicitud de un referéndum —un instrumento contemplado en la misma Ley— para someter la reforma a consulta pública.
Progresividad de los derechos vs supremacía constitucional
Este miércoles, la consejerías que votaron a favor de rechazar el referéndum —Gerardo Macías Rodríguez, Georgina Ávila Silva, Ricardo Zenteno Fernández, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz y la consejera presidenta Yanko Durán Prieto— argumentaron la imposibilidad por parte del IEE de ejercer control sobre un medida tomada por el Congreso del Estado en relación con un armonización de carácter federal.
Asimismo, que el Artículo 19 de la propia Ley de Participación Ciudadana, en su tercera fracción, indica que “no podrán someterse a consulta mediante algún instrumento de participación política, los actos administrativos o legislativos (…) que deriven de una Reforma Constitucional Federal o una Ley General”.
“Nosotros, como un autoridad de carácter administrativo, no somos un órgano revisor de la constitucionalidad de lo que hace el Congreso del Estado ni de lo que hace el Congreso Federal”, argumentó el consejero Gerardo Macías Rodríguez.
Por su parte, la consejera Fryda Libertad Licano Ramírez y el consejero Víctor Yuri Zapata Leos, que votaron en contra de negar el referéndum, refirieron la progresividad de los derechos estipulada en la propia Constitución Mexicana y la aplicabilidad de la reforma federal a los estados que ya contaban con el mecanismo de revocación de mandato.
En su intervención, la consejera Licano Ramírez recordó que la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua es una conquista de la ciudadanía y no una “concesión graciosa de gobierno alguno, partido político o persona política”.
Además, señaló que la Ley tiene el objetivo de garantizar el derecho humano a la participación, por lo que sería un contrasentido no poder someter a consulta las restricciones a los derechos y mecanismos que contiene.
“No poder llevar a referéndum el precepto que aquí se plantea es, en sí, un duro golpe a la propia Ley de Participación y a la ciudadanía chihuahuense”, señaló Licano.
Por su parte, el consejero Zapata Leos argumentó que la reforma a la Constitución plantea dos escenarios: uno para las entidades que no contaban con el mecanismo de revocación de mandato —que deberían adaptarse a los parámetros establecidos a nivel federal— y otro para las que ya lo tenían, como es el caso de Chihuahua.
En el caso de las que ya contaban con dicho instrumento, la armonización tendría el objetivo de “poner en armonía, logrando alcanzar el mismo fin o propósito”, por lo que debería preponderarse el derecho humano a la participación ciudadana, opinó.
‘Asuman el riesgo: que la ciudadanía decida’
En la sesión, que se llevó a cabo en formato de Consejo Abierto, participaron también integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana Estatal, en su calidad de promoventes del referéndum.
La consejera ciudadanía Pamela Pérez pidió al Consejo no utilizar la literalidad de las palabras de la reforma constitucional federal para restringir los derechos conquistados por la ciudadanía chihuahuense, consagrados en la Ley de Participación Estatal.
“El Congreso (estatal) utilizó el interpretar literalmente lo que venía en esa reforma constitucional, que garantizaba más ampliamente a otras personas un derecho, para restringírnoslo aquí”, dijo.
El ciudadano Abelamar Chacón Rodríguez dijo que, tras la reforma, los parámetros para solicitar la revocación de mandato de la gubernatura son prácticamente inalcanzables y pidió al Consejo permitir que sean los habitantes de Chihuahua quienes decidan si estos deben aplicarse.
“Asuman ustedes el riesgo. Que sean las personas, las y los chihuahuenses, quienes decidan si están de acuerdo o no en hacer más difícil la aplicación de los instrumentos de participación, como es la revocación de mandato. Que sea la ciudadanía quien decida: asuman el riesgo”, pidió Chacón Rodríguez.
En su intervención final, la consejera presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto, se manifestó a favor del proyecto de resolución y, aunque reconoció que la reforma podría afectar los derechos de las y los chihuahuenses, destacó la importancia de que los órganos administrativos se limiten a atender aquello que está en el marco de sus atribuciones:
“Podemos estar o no de acuerdo con el hecho de que tal vez la reforma trastoque los derechos de la ciudadanía; sin embargo, estoy convencida de que debemos respetar el Estado de Derecho (…) Yo estoy a favor de un Estado democrático, pero en eso consiste también el Estado democrático: en que a veces podemos estar o no de acuerdo con lo que nos indica la ley o nos mandata, pero tenemos que ceñirnos al marco legal de nuestras funciones”.
