Un juez federal cambió la medida cautelar impuesta al exfiscal Francisco González Arredondo, acusado de presunta tortura psicológica a exfuncionarios del gobierno de César Duarte.
Por Mauricio Torres / Animal Político
Un juez federal determinó este miércoles que Francisco González Arredondo, exfiscal anticorrupción de Chihuahua, pueda enfrentar en libertad el proceso penal en su contra por presunta tortura psicológica a exfuncionarios de la administración del priista César Duarte (2010-2016).
El cambio de medida cautelar se dio a conocer esta tarde. Desde noviembre pasado, González Arredondo se encontraba en prisión preventiva.
Ahora, el exfiscal deberá presentarse ante las autoridades correspondientes para firmar cada 15 días, tendrá prohibido salir del país, deberá entregar su pasaporte y su visa, tendrá prohibido acercarse a la parte denunciante y acudir a ciertos lugares y deberá cubrir una garantía económica, informó a Animal Político el abogado Iker Ibarreche, defensor del exfuncionario.
La decisión en favor de González Arredondo la tomó el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal ubicado en Chihuahua, luego de que la semana pasada un Tribunal Colegiado determinara que esa instancia y no una jueza local es la competente para encargarse del caso.
González Arredondo fue el fiscal que, durante la administración del panista Javier Corral (2016-2021), investigó presuntos actos de corrupción como los desvíos de recursos públicos a campañas del PRI y la llamada “nómina secreta” de César Duarte.
En noviembre pasado, fue detenido acusado en el fuero local de presunta tortura psicológica a exfuncionarios de Duarte, quien a su vez está en prisión preventiva acusado de peculado por 96.6 millones de pesos. Días después del arresto, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió atraer el caso al ámbito federal.
La defensa de González Arredondo sostiene que las acusaciones en su contra no tienen fundamento. En tanto, el exgobernador Corral y otros políticos afirman que los cargos son “una venganza política” de la actual gobernadora, María Eugenia Campos, también militante del PAN, por las investigaciones que el exfiscal encabezó y en las cuales ella e integrantes de su equipo eran personas indagadas.
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