La Fiscalía General del Estado no cuenta con traductores para asistir a las personas de origen indígena que enfrenten algún proceso legal; tampoco ha capacitado a los servidores públicos adscritos a la misma, para tratar los casos de las personas indígenas
Ciudad Juárez, Chihuahua.— En febrero de 2018, mujeres rarámuris de los asentamientos “Carlos Díaz Infante” y “Carlos Arroyo”, de la ciudad de Chihuahua, solicitaron audiencia con los diputados de la Junta de Coordinación Política para señalar su inacceso a la justicia en igualdad de condiciones ante la inexistencia de traductores en la Fiscalía General del Estado (FGE), tras experimentar dificultades al denunciar que sus fueron víctimas de despojo de vivienda.
Actualmente, la Fiscalía no cuenta con un solo traductor o intérprete a disposición de las personas indígenas en Chihuahua. De acuerdo con información oficial, la Fiscalía no cuenta con traductores o intérpretes a lenguas indígenas. En su lugar, piden ayuda a los albergues indígenas o a la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi).
Según la Coepi, cada instancia debe tener adscritos traductores, con el propósito de asistir a las personas indígenas en los procesos legales en los que se vean involucrados.
Por su parte, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que todos los mexicanos tienen derecho a comunicarse en la lengua de la que sea hablantes sin restricción alguna, según el artículo 9.
Asimismo, el artículo 10 establece que el Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes.
De acuerdo con información de la FGE de Chihuahua, en todo el estado, de 2016 al mes de marzo de 2018, 96 personas de origen indígena fueron vinculadas a procesos, de las cuales 92 fueron sentenciadas a alguna condena.
Durante ese mismo periodo, 268 personas de origen indígena denunciaron ser víctimas de algún delito. Los procesos legales anteriormente citados se llevaron a cabo pese a que la FGE de Chihuahua no cuenta con un solo traductor y su personal no ha recibido capacitación para tratar los casos de personas de origen indígena.
La Coepi cuenta con 29 personas que colaboran como traductores o intérpretes: 23 hablantes del rarámuri; 5 de ódami y 1 de o’oba, todos pertenecientes a pueblos indígenas del estado de Chihuahua.
Estos intérpretes se encuentran a disposición para el trabajo interno de la comisión y en ocasiones asisten a las personas indígenas en procesos externos, sin embargo “la Coepi no cuenta con un cuerpo de traductores para otorgar servicio a otras instituciones”.
A pesar de que la Fiscalía reportó no contar con algún traductor adscrito a esa instancia y que la Coepi no cuenta con un cuerpo de traductores para otorgar servicios a otras instituciones, la misma instancia encargada de impartir justicia reportó que varias personas de origen indígena tuvieron acceso a un traductor cuando enfrentaron algún proceso legal. Sin embargo, no especifica el origen de estos traductores o si cuentan con alguna capacitación.
