Ni ‘polleritos’ ni ‘coyotitos’: Niños, niñas y adolescentes de circuito frente a la vulnerabilidad en la frontera

Integrantes de instituciones públicas y organizaciones civiles enfocadas a la migración, así como académicos e investigadores han pedido por varios años que se les deje de llamar “coyotitos”, “polleritos”, “muleritos” o “mochileros”, a niñas, niños y adolescentes de circuito, población vulnerable que participa en el cruce ilegal de personas o de drogas por la frontera norte del país.

De acuerdo con especialistas en esta materia, al utilizar estos apodos se le resta importancia a esta problemática que necesita ser analizada, combatida y prevenida.

La agencia informativa Conacyt publicó, el primero de febrero de este año, una nota del periodista Ricardo Capilla sobre el tema, en la que aclara que el término “menores de circuito” (otra forma de llamarle a las niñas, niños y adolescentes de circuito), es “relativamente nuevo”.

Sin embargo, el coordinador del albergue del DIF México Mi Hogar, Gilberto Solís Sánchez, precisó que lo correcto es llamarles niñas, niños y adolescentes de circuito, debido a “la corriente fuerte de no llamarlos menores de edad”.

Mónica González Contró, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la introducción de su texto “¿Menores o niñas, niños y adolescentes? Reflexiones en el contexto del debate en América Latina”, explica que “el vocablo menor refleja una situación relacional en la que siempre habrá un mayor, por la que a primera vista parece desaconsejable su uso, y es precisamente ésta la primera de una serie de razones que motivan la argumentación a favor de cambiar esta denominación fuertemente arraigada en el léxico jurídico”.

Desde el año 2001 el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, institución que también se encarga de niñas, niños y adolescentes migrantes, identificó que la forma de cruzar ilícitamente a migrantes por la frontera de México y Estados Unidos había cambiando.

Los ‘coyotes’ o ‘polleros’, como eran llamadas las personas que a cambio de una paga trasladaban por el desierto de la frontera a migrantes que deseaban llegar a Estados Unidos, comenzaron a ser remplazados por niñas, niños y adolescentes.

Según el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Jesús Peña, el motivo por el que surgió este cambio se debe a dos factores: “los cambios en la política migratoria en Estados Unidos y la presencia del crimen organizado del lado mexicano”.

“En los últimos 15 años la seguridad ha aumentado en la frontera y esto hizo que las personas que pasaban a los migrantes buscaran formas más innovadores para cruzar personas”, explicó Peña.

Además, las personas que se dedican a esta actividad ilícita, comenzaron a notar que las autoridades migratorias del lado estadounidense le daban un mejor trato a niñas, niños y adolescentes que capturaban cruzando a migrantes y que el proceso de deportación era más rápido a comparación del de un adulto.

Lo anterior permitía que se reincorporaran lo más pronto posible a las actividades ilícitas y comenzaran a generar nuevamente ganancias. Esta dinámica cíclica o circular, propició que instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Migración (INM) y algunos sistemas de protección a la infancia en México, como el DIF, nombraran a este grupo “menores de circuito”, según lo explica el documento ‘Ni delincuentes ni ilegales: el trabajo de niños, niñas y adolescentes fronterizos en los proceso de movilidad humana en el corredor’, realizado en el 2017 por la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

En lo que respecta al segundo factor, el investigador del Colef, mencionó que “el crimen organizado ya tomó completo control de la economía y la migración en México”, pues anteriormente eran los ‘coyotes’ o los ‘polleros’ quienes realizaban este trabajo ilícito y “ahora es una red de tráfico de drogas y personas”.

Prueba de esto, dijo Peña, es el aumento en la tarifa que tienen que pagar los migrantes para cruzar a Estados Unidos, quienes a principios de los años 90 pagaban alrededor de 150 dólares. Actualmente, se les cobra un promedio de cuatro mil 500 dólares y aun así, son transportados en condiciones riesgosas.

“Antes un coyote era alguien de tu barrio que sabía donde estaba el hoyo en la malla y les cobraba 100 dólares, pero eso desapareció”, comentó Peña. Por eso, es incorrecto seguirles llamando ‘coyotes’ o ‘polleros’, al igual que ‘coyotitos’ o ‘polleritos’ para referirse a los menores de edad.

Este fenómeno pasó mucho tiempo sin ser detectado, según el investigador, pues el que utilizaran niñas, niños y adolescentes para guiar a los migrantes era difícil de creer por las autoridades de ambos países. Fue hasta que comenzaron a detener al mismo menor repetidas veces en la misma semana que notaron que no buscaba llegar a Estados Unidos para reunirse con su familia.

Gilberto Solís, quien coordina el único albergue del DIF que recibe niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados, compartió las cifras que han ido recopilando desde el 2007, año en el que comenzaron el programa Rescate de Menores de Circuito, el cual estaba dirigido a esta población.

“De toda la población que llega al albergue, alrededor del 25 por ciento son originarios de Ciudad Juárez y de ese porcentaje, un poco más del 20 por ciento son niñas, niños y adolescentes que por lo menos una vez han manifestado haber cruzado la frontera con intención de guiar a personas y dejarlas en Estados Unidos”, dijo.

El año pasado, según las estadísticas del albergue, de los 560 que ingresaron a México Mi Hogar, 120 eran de Ciudad Juárez y 107 habían realizado un cruce ilegal de migrantes, mientras que los 13 restantes lo hicieron dos o más veces.

Los bajos niveles de reincidencia en este grupo etario se deben a que las autoridades migratorias estadounidenses han optado por detenerlos hasta por 18 meses en albergues para niñas, niños y adolescentes extranjeros o en centros correccionales; el tiempo y el lugar al que los manden dependerá de cómo se declaren, de las veces que han reincidido o de que alguien los acuse, agregó Solís.

No obstante, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en esta actividad siempre ha rondado entre el 21 o 25 por ciento, con excepción del 2008 al 2010, años con indices altos de violencia en la ciudad.

“Por ejemplo, en el 2008, 2009 y 2010 el aumento de participación de niños fue mayor. Si tu vas hacia esos años y te das cuenta qué sucedía en la ciudad, fueron los años donde más violencia había. Eso significa que tal vez, involucraron a más menores de edad en esas actividades. Ya en los siguientes años baja, y el año pasado que aumentó la delincuencia, aumentó la participación. Tiene que ver con otras cuestiones y no tanto que los niños por si solos aumenten y aumenten”, explicó Solís.

Menores de circuito provienen de zonas de bajo desarrollo social

La mayoría de niñas, niños y adolescentes de circuito, quienes rondan entre los 15 y 16 años de edad, viven en zonas colindantes con la franja fronteriza y de bajo desarrollo social, como Rancho Anapra, Puerto Anapra, la colonia Felipe Angeles, Lomas de Poleo, Ladrillera de Juárez y Siglo XXI, al norponiente de Riveras del Braco, Tierra Nueva y Portal del Roble del lado.

En el texto realizado por DHIA y UTEP identifican la deserción escolar, mayor presencia de hombres y el uso temprano de drogas y alcohol como otras de sus características.

A veces se les ofrece este tipo de sustancias nocivas a los menores para crearles adicción y así forzarlos a que continúen trabajando para el crimen organizado, aunque también existen casos en los que los menores de circuito recurren a esta actividad para apoyar a su economía familiar.

Solís Sánchez señaló que esta población puede realizar entre dos a cinco viajes a la semana y recibir de 50 a 100 dólares por cada persona que cruzan. Suponiendo que obtuvieran un pago de 100 dólares a la semana, estas niñas, niños y adolescentes estarían ganando más de siete mil 200 pesos al mes.

Al ser una actividad común en las colonias ubicadas en la franja fronteriza, puede que los familiares de los menores también estén involucrados con el tráfico irregular de personas y que sean ellos quienes los inciten a realizar el trabajo.

Otra de las situaciones por las que deciden involucrarse en esta actividad es “por la aventura, por hacer algo diferente, como un proceso de madurez y por ver que otros niños también lo hacen, muchos no lo ven como algo ilegal”, puntualizó el investigador.

Son muchos los riesgos físicos y psicológicos a los que ellos se exponen diariamente. La investigación realizada por la Asociación Civil y por la Universidad de Texas explica que deben cruzar corrientes de agua, saltar mallas metálicas y soportar climas extremos durante el traslado de los migrantes.

De la misma forma, se exponen a malos tratos por parte de las autoridades migratorias de ambos países o de sus empleadores. Es por ello, que el DIF Municipal ha realizado programas de atención y prevención a este grupo vulnerable.

Uno de los proyectos principales se llama Centro de Seguimiento y Monitoreo de Niñas, Niños y Adolescentes de Circuito, con el cual abordan a niños en situación de vulnerabilidad y a sus familias.

“Les hacemos un plan de trabajo que debe tener un proceso psicológico, un proceso educativo, un proceso de participación comunitaria y un proceso en donde pueda desarrollar habilidades de cultura, arte y deporte”, mencionó Solís.

Además, realizan trabajo de prevención en las zonas cercanas a la línea divisoria de mayor incidencia, principalmente en dos primarias con los grupos de quinto y sexto grado, ya que a partir de las entrevistas que le realizan a los menores de circuito, identificaron que desde sexto primaria comienzan a desertar de la escuela para dedicarse a cruzar personas.

Del lado estadounidense también han logrado identificar este fenómeno y una de sus soluciones es mantener a esta población vulnerable dentro de los centros correccionales o albergues por varios meses para impedir que sigan con dicha actividad ilegal.

En la opinión del investigador del Colef, este es un problema económico, de desarrollo social y de seguridad. “No es coincidencia que estos niños vengan de lugares donde no hay desarrollo social”, comentó.

El fenómeno, también entra en la categoría de los problemas de seguridad, pues “la presencia del crimen organizado en la actividad económica en la frontera hace que surjan este tipo de empleos”, señaló.

En Ciudad Juárez, agregó Peña, este es el tema principal en la agenda de las instituciones que se dedican a la migración, debido a que este problema ya es del conocimiento de autoridades, investigadores y activistas.

“Es un tema muy complejo de resolver, no es nada más que los niños vayan a escuelas o darles apoyos de otros tipos. Hay que resolver tantas necesidades anteriores hasta llegar al tema migratorio. Es muy difícil de encontrar una solución a corto plazo”, puntualizó.