Más de 80 organizaciones civiles, empresariales y académicas, así como expertos y medios de comunicación, se sumaron a la exigencia de regular la publicidad oficial
Un grupo de organizaciones nacionales lanzó esta semana un comunicado en el que exige al Poder Legislativo federal que atienda “en tiempo y forma” la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), de regular las asignaciones de contratos de publicidad oficial antes del 30 de abril.
El colectivo denominado ‘Medios Libres’, que incluye a asociaciones como Article 19 (oficina para México y Centroamérica), Fundar, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Red de Periodistas de a Pie, Transparencia Mexicana y Plan Estratégico de Juárez, y a medios de comunicación como Lado B, Noroeste, SinEmbargo y YoCiudadano, está conformado por 85 organizaciones viales, académicas y empresariales.
El comunicado difundido por Medios Libres enuncia que “la aprobación de una legislación tan relevante para la vida democrática del país, no solo debe cumplir con la fecha establecida por la SCJN (30 de abril de 2018), sino con los más altos estándares internacionales en la materia y con un proceso abierto, transparente y que incluya la participación efectiva de la sociedad civil”.
Para ello, el colectivo solicita “respetuosamente” que las juntas coordinación de las dos cámaras del Congreso de la Unión (Diputados y Senadores), consideren la firma de un acuerdo legislativo en el que se defina “con claridad”la ruta de trabajo que seguirán durante los próximos 80 días, “con base en los principios de transparencia, pluralidad, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva“.
Asimismo, Medios Libres difundió una lista de 10 principios que a su consideración deberían formar parte y servir como eje de la legislación:
1. La publicidad oficial no debe desaparecer.
2. Se requiere una Ley General que atienda a los tres niveles de gobierno.
3. Definir criterios de asignación basados en la idoneidad
4. Máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial.
5. Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.
6. Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada.
7. La publicidad oficial debe ser siempre identificable.
8. Fomento a la pluralidad y a la diversidad.
9. Mecanismos de control eficaces
10. Uso racional de los recursos públicos.
Consulte el comunicado completo en el siguiente enlace: http://planjuarez.org/index.php/proyectos/noticiaspej/2287-comunicado-exigimos-al-legislativo-que-atienda-orden-de-scjn-para-regular-publicidad-oficial
Por amparo, Congreso está obligado a regular publicidad oficial
El Congreso de la Unión debe emitir una ley que regule el gasto en publicidad oficial a más tardar el 30 de abril de este año, debido a que la SCJN falló a favor del amparo interpuesto por la asociación civil ‘Article 19’, en noviembre de 2017.
A raíz del amparo, la Corte determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una falta legislativa desde abril de 2014 con la reforma político-electoral, pues los legisladores federales tenían hasta abril de ese año para emitir el cuerpo normativo que regularía los gastos en publicad oficial, que marcaba el artículo 134 de la Constitución.
La SCJN además de aprobar con 4 votos a favor el amparo de ‘Article 19’ contra la omisión legislativa del Congreso de la Unión, determinó que la ausencia de una regulación de publicidad oficial tiene un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de los medios de comunicación y los periodistas, así como que existe una afectación al derecho de la información de la sociedad.
El proyecto de sentencia aprobado por la SCJN fue presentado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien consideró que el Congreso de la Unión incumplió con su obligación de emitir la ley acorde con a la reforma político-electoral. El proyecto consiste en encomendar “transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación”.
El único ministro que votó en contra fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, mientras que la ministro Norma Lucía Piña Hernández, anunció un voto recurrente.
El artículo 134 constitucional establece que “los recursos económicos de los que disponga la federación (…) se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”; adicional el párrafo octavo adicionado en 2007 menciona que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social (…) cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.
