Ciudad Juárez, Chihuahua.— De acuerdo con el Informe Individual de Cumplimiento Financiero a la cuenta pública de 2020, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) determinó iniciar un proceso de ‘informe de presunta responsabilidad administrativa’ en contra de los servidores públicos que resulten responsables por el pago de cerca de 18 millones de pesos a una empresa que no demostró contar con la infraestructura necesaria para prestar el servicio. Este mes de diciembre, la ASE publicó los informes de auditoría realizados a los distintos entes fiscalizables del estado de Chihuahua; la auditoría correspondiente al Municipio de Juárez derivó en siete recomendaciones, dos informes de presunta responsabilidad administrativa y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. De acuerdo con los hallazgos de la ASE, durante el año 2020 el Municipio de Juárez pagó 17 millones 931 mil 577 pesos a la empresa Castro Villarreal Asociados, sin que se lograra demostrar que dicha empresa contaba con la infraestructura necesaria para brindar los servicios para los que fue contratada.
“ (…) una vez analizada la información y documentación proporcionada, este órgano considera que persiste la observación, en virtud de que la Entidad fiscalizada no presentó, evidencia documental que acredite contar con una infraestructura necesaria para prestar el servicio (…) que habla que el prestador debe contar con un sistema de localización de personas, con respecto al informe de actividades no acreditan haber realizado: elaboración, seguimiento y liquidación de cuentas de cobro, gestión de cobro persuasivo por medio de llamadas telefónicas y envío de correspondencia (…)”, refiere el documento.
Castro Villarreal Asociados es una empresa que fue contratada por el Municipio de Juárez desde el año 2018, bajo el contrato DCA/TM/006/2018. Esta contratación derivó en una denuncia de hechos promovida por la misma ASE a inicios de 2021, por diversas anomalías encontradas en la cuenta pública del año 2019 en contra de la empresa que hasta entonces ya había recibido 38 millones 544 mil 365 pesos. La empresa había sido contratada para recuperar los adeudos del impuesto predial y sus accesorios de los años anteriores y posteriores a 2013; así como para recuperar adeudos de multas federales, estatales y municipales de años anteriores y subsecuentes. Según la ASE, con base en el contrato, la empresa debería de contar con un sistema de localización de personas; sin embargo la compañía contratada representada por Martín Castro Villarreal informó que el sistema de búsqueda de personas contemplaba la utilización de redes sociales como Facebook, búsquedas generales de Google, portales del IMSS, SAT, INFONAVIT y el Registro Público de la Propiedad. La empresa también debía de contar con un Call Center según las especificaciones del contrato, sin embargo la ASE documentó que la empresa no acreditó tener dicha infraestructura. La empresa, por conducto de Martín Castro, respondió que el call center no se aplicaba, puesto que carecen de una base de datos de los contribuyentes. Según la definición de la ASE, el ‘informe de presunta responsabilidad administrativa’ se promueve cuando la falta administrativa es considerada como grave, enmarcada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo anterior, la ASE determinó promover un informe de presunta responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron los pagos al proveedor Castro Villarreal Asociados S.C. https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/Material/InformeIndividual2020/Informe%20Individual%20Ju%C3%A1rez.pdf
