Carmen pasa hasta 15 horas a la semana en ruteras para llegar a su trabajo desde el suroriente de Juárez: viejos camiones con sobrecupo, en malas condiciones, que circulan a exceso de velocidad.
Por Jonathan Álvarez / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Carmen Torres sale a diario de su casa en la colonia María Martínez, al suroriente de Ciudad Juárez, con la esperanza de abordar un camión de transporte colectivo a las 7 de la mañana. Al tiempo que a la semana tiene para trabajar, dormir, comer, descansar y divertirse, tiene que restarle las 15 horas que pasa dentro de un camión.
Con su mano derecha indica la parada a un camión de la línea Valle de Juárez que se aproxima a toda velocidad, pero es en vano. El camión sobrepasa el cupo máximo de pasajeros, algunos de ellos amontonados en los escalones de ascenso de la unidad.
Aunque Carmen asegura que esto es constante, la Dirección de Transporte solo ha puesto 554 multas por traer a personas en los estribos en los últimos cinco años, y no reporta multas por sobrepasar el cupo máximo de pasajeros.
Carmen no tiene más remedio que caminar al centro comercial más cercano, sobre la avenida Talamás Camandari, para esperar otra unidad que aparece 20 minutos después.
Esta vez tiene suerte y alcanza lugar, pero alcanzar lugar no significa alcanzar asiento. Significa alcanzar un espacio para agarrarse del tubo de metal que cuelga destartalado del techo de la ‘ruta’, como coloquialmente se conocen a las unidades de transporte colectivo.
Actualmente son pocas las unidades de transporte colectivo que cumplen con la disposición legal de contar con una antigüedad máxima de 10 años. Del total de las unidades que circulan por toda la ciudad, solo el 15 por ciento cumple con la norma.
En entrevista para YoCiudadano, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, (SEDUE) Gabriel Valdez Juárez, dice que hacer cumplir la ley (en cuanto al año y modelo de las unidades) crearía un problema mayor a la ciudad.
“Efectivamente, la ley establece esta condición, pero si en este momento la administración aplicara a rajatabla la disposición, nos quedamos con solo el 15 por ciento de las unidades para prestar el servicio (…) estamos siendo de alguna manera permisivos de que haya unidades de mayor antigüedad a la que establece la ley (…) sería una problemática más compleja (aplicar la ley) de lo que intentamos regular”, argumenta.
De las cinco líneas de transporte que brindan servicio a los habitantes del suroriente (1A, 1B, Juárez-Zaragoza, Valle de Juárez y Universitaria) solo Valle de Juárez cuenta con una pequeña flotilla de autobuses que no superan la antiguedad de 10 años; el resto sigue operando con unidades viejas.
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Carmen se resigna y sabe que irá de pie la mayor parte de su trayecto en una ruta con los asientos desgarrados, ventanas rotas y piso inestable, aproximadamente 20 kilómetros hasta llegar a la zona norte de Ciudad Juárez, donde trabajar como empleada doméstica.
Decenas de personas hacinadas en la ruta acompañan a Carmen, también de pie, quienes hacen grandes esfuerzos por no caerse con los movimientos intempestivos de la unidad. Y no es para menos, pues tan solo de 2016 a la fecha, la SEDUE ha impuesto 447 multas en Ciudad Juárez a los concesionarios por provocar la caída de pasajeros dentro de sus unidades.
El conductor que maneja la ruta en la que viaja Carmen sube a decenas de personas más; para lograr tal hazaña, se indica a los pasajeros que aborden por la puerta que debería tener la única función de ser una salida de emergencia.
“Batallamos mucho, porque van demasiado llenas y vamos apretadas (Carmen y su hermana, quien la acompaña); hay veces que nos toca irnos casi en la mera puerta, el chiste es subirse para llegar al trabajo”, lamenta.
A Carmen le dan las 7:40 de la mañana cuando encuentra un lugar desocupado. Eso la alivia, pues aún le quedan varios kilómetros por recorrer. Voltea al suelo de la ruta y puede ver el pavimento que va recorriendo. Hay un agujero que la hace sentir temor.
La ruta llega a la intersección de Francisco Torres Villarreal y Manuel Gómez Morín. El conductor decide pasarse la luz roja; se permite tal audacia, pues no hay ninguna autoridad de transporte público ni de seguridad vial a la vista.
Cruzando, el camino de Carmen se encuentra con una fila kilométrica de vehículos que llega hasta la avenida Antonio J. Bermúdez; de su lado izquierdo puede ver una serie de estaciones de autobuses a medio construir. Llevan varios meses en esas condiciones. Esas estaciones forman parte de la segunda ruta troncal del Sistema Integrado de Transporte Público, que promete mejorar las condiciones de las unidades, eficientizar los tiempos de traslado y abonar a la movilidad de personas como Carmen.
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El proyecto de la segunda ruta troncal en Ciudad Juárez ha derivado en una pugna por el espacio de distintos grupos sociales, algunos en favor del sistema y otros en contra de que exista un carril confinado de transporte para personas que no tienen otra alternativa de movilidad. Pero para Carmen no está del todo claro si este sistema la beneficiará a ella y los miles de habitantes del suroriente de Ciudad Juárez.
La primera ruta troncal (construida en 2013 durante la gestión de César Duarte Jáquez) tiene un recorrido limitado en el suroriente y actualmente presenta un déficit de 34 camiones, según la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
El camión en el que va Carmen llega a la avenida Tecnológico y se incorpora a Paseo Triunfo de la República, donde hay más estaciones de la segunda ruta troncal. Está a punto de llegar a su destino, siente que tuvo suerte de hacer poco más de una hora de camino y de que, al menos esta vez, no se descompuso el camión.
“Por lo regular todos los días chocan o se descomponen, están pésimos los camiones, en malas condiciones. En la mañana iba un agujero en medio (…) en una ocasión frenó muy feo y me lastimé el brazo, me dio un estirón y duré tiempo mala. Los choferes ni caso te hacen”, narra.
De las limitadas estadísticas disponibles por parte de la Dirección de Transporte a través de la SEDUE, se conoce que del 2016 a la fecha se han aplicado 602 multas a unidades por traer la tapicería en malas condiciones; 558 multas por traer la unidad en malas condiciones generales y hasta 4 mil 888 multas por tener los camiones en malas condiciones mecánicas.
Del total de las multas reportadas por la secretaría, las malas condiciones mecánicas de los camiones lideran la lista de multas. Carmen considera que la tarifa actual en camiones colectivos de 8 pesos es alta para el servicio que brindan; sin embargo, los concesionarios han intentado elevar la tarifa en los últimos meses.
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El tema del aumento de la tarifa provocó un desencuentro entre la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, y quien hasta el 08 de noviembre era director de Transporte, Eduardo Fernández Sigala.
Actualmente la Dirección de Transporte no cuenta con titular oficial, por lo que el secretario de la SEDUE se ha hecho cargo de los asuntos de la dirección.
Por lo pronto, el director de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología aseguró que no habrá aumento en la tarifa hasta que “el servicio mejore”. Aseguró que esta mejora de servicio implica mayor número de unidades, camiones que cumplan con año y modelo, aumento de la frecuencia con la que pasan las unidades.
“Solo si eso sucede, estaríamos hablando de revisar la tarifa. Tenemos que mejorar el servicio para evaluar un aumento”, aseguró.
La vida pasa en la ruta: trayectos largos y su impacto en la salud mental
“Ay, ¿qué haría yo si tuviera más tiempo libre por no pasar tantas horas en la ruta?”, se pregunta Carmen, “llegar temprano a mi casa, descansar un rato, lavar, recoger mi casa”, enlista.
Semanalmente, Carmen pasa en camiones casi el mismo tiempo que duran dos jornadas laborales. Su recorrido de más de 20 kilómetros implica traslados de 1 hora y media de ida y el mismo tiempo de regreso a casa. Esto sin mencionar las veces que se traslada a otros destinos que sean su trabajo.
La investigadora y urbanista Marina Contreras Saldaña documentó los niveles de accesibilidad al transporte en el suroriente en Juárez y encontró que, en general, a los habitantes de esta zona cuesta 10 veces más en tiempo y dinero.
“El ingreso promedio (en el suroriente) es 10 veces peor que lo que su capacidad adquisitiva y su posibilidad de tiempo les permiten invertir. Es 10 veces más caro de lo que pueden pagar y 10 veces más caro del tiempo que pueden invertir. Por esta razón mucha gente no sale de sus casas, debido al costo y lo que representa para su rutina diaria”, explica.
La urbanista indicó que los habitantes del suroriente invierten 5.4 horas en el trayecto de ida a diversos destinos a la semana. Esto en el caso de que puedan acceder al transporte público, pues hay casos en los que simplemente no les es posible.
“Hay que tomar en cuenta que ellos, aún dejando de acudir a ciertos lugares, están invirtiendo 5.4 horas en sus trayectos de ida a la semana y de regreso son otras 5.4 horas. Hablamos de casi 11 horas a la semana, más de una jornada laboral. Esto es sinónimo de ingresos perdidos, porque es tiempo que podrían dedicar para trabajar, dedicar a sus familias, descansar, recrearse, pero encontramos que lo están invirtiendo en transporte por la mala articulación de estas líneas de transporte”, explica en entrevista.
Por su parte, la psicóloga y docente Solange Bertrand Huerta, especializada en diseño e implementación de políticas públicas enfocadas a los derechos humanos, ha abordado la intersección de los tiempos que pasan las personas en el transporte público y sus impactos en la salud mental.
En entrevista, la especialista en salud mental explica que pasar largas horas en el transporte público en condiciones de hacinamiento, sin posibilidad de elegir otros medios de transporte, puede provocar efectos en la salud mental, principalmente trastornos de ansiedad y angustia.
“Se incluye ansiedad generalizada y, eventualmente, crisis de pánico. Asimismo, estrés con toda su repercusión a nivel de salud física y emocional”, detalla.
A su vez, estos efectos en la salud mental afectan en todos los ámbitos de la vida; a nivel laboral, pueden existir mermas en la calidad del trabajo y la capacidad de mantener la atención y concentración junto a una disminución de la productividad, explica.
A Carmen subirse a la ruta le provoca distintas emociones, la mayoría desagradables. Siente miedo cuando los conductores van a exceso de velocidad por “jugar carreras” y estrés cuando los camiones van lentos, pues podría llegar tarde a su trabajo.
“Vienen exponiendo a los pasajeros y cuando van lentos vas estresada porque vas tarde (…) nomás nos queda aguantar hasta llegar a nuestro destino”, lamenta.
Para Solange Bertrand es importante que las personas busquen estrategias de autocuidado durante estos trayectos. Como recomendaciones prácticas, la especialista en salud mental recomienda escuchar audios con música relajante, y cuando el contexto lo permita, ejercicios de meditación y relajación que disminuyan la tensión durante el trayecto, “se puede buscar que se constituya como un espacio para sí mismo”, comenta.
Si las condiciones lo permiten, Solange también recomienda escuchar audiolibros o leer; “esto puede permitir la focalización de la persona en otra cosa que no sea el trayecto”, explica.
“Por otra parte, también buscar en la medida de lo posible horarios menos congestionados, aunque ello implique, por ejemplo, movilizarse más temprano o más tarde; esto puede ser una inversión en términos de salud mental durante el trayecto”, indica.
En opinión de la especialista, los gobiernos locales deberían desarrollar estrategias de prevención en salud mental que aborden diversos aspectos, entre ellos, todos los factores que pueden aumentar notablemente el estrés en la población, como en el caso de los traslados prolongados.
Añadió que las investigaciones en el área de salud mental y el transporte público aún son insuficientes, debiéndose establecer como una línea de trabajo.
Habitantes del suroriente, víctimas de un transporte precario
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y su Dirección de Transporte no cuentan con las estadísticas ni seguimiento de los casos en los que los concesionarios han tenido que resarcir un daño físico, la pérdida de patrimonio y la pérdida de vidas humanas a raíz de un accidente de tráfico en el transporte público.
Al cuestionar a la SEDUE, por medio de solicitudes de información, sobre el tipo de seguimiento y multas que se dan en los casos en los que una persona ha tenido daños físicos, en su patrimonio o de aquellas personas que han perdido la vida en un accidente, la secretaría respondió no contar con dicha información.
De acuerdo con reportes periodísticos, en el último año se presentaron dos accidentes relacionados con líneas de transporte que brindan servicio desde el suroriente hasta el centro de Ciudad Juárez.
El 13 de noviembre una unidad de transporte de la Línea Universitaria circulaba desde el suroriente de Ciudad Juárez sobre la avenida de Las Torres. Al tomar una curva, se provocó la caída de un pasajero por las puertas de acceso, las cuales se abrieron, según reportes periodísticos.
Al respecto, la vocera de la Coordinación de Seguridad Vial, Arlyn Vargas, informó que el pasajero falleció al instante debido al golpe. Meses atrás, el 11 de agosto de 2021, otra línea de transporte que brinda servicio al suroriente de la línea 1A ‘Express’, sufrió un accidente en el que salieron heridas más de 20 personas, quienes tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales.
Este caso se registró cuando el camión circulaba desde el suroriente sobre el Paseo de la Victoria, cuando chocó contra un semáforo en la intersección con la calle Morelia, según las notas periodísticas.
Ese mismo día, Seguridad Vial confirmó que el accidente se debió a que el chofer conducía a exceso de velocidad. En ambos casos, se informó que los conductores de las unidades quedaron detenidos.
Gabriel Valdez, titular de la SEDUE, dijo que la responsabilidad de la secretaría es únicamente verificar si las unidades involucradas en accidentes cuentan con los permisos vigentes para dar parte a las autoridades correspondientes.
De acuerdo con Iván Muñoz, especialista técnico, se citó al concesionario de la línea Universitaria para dar cuenta de las omisiones con las que contaba la unidad. Dicha unidad no cumplía con el año y modelo de antigüedad marcado por la ley, por lo que se restringió que siguiera circulando “hasta que cumpliese con las condiciones necesarias”.
No obstante, el resto de las unidades de transporte de la línea Universitaria tampoco cumplen con las disposiciones de ley en cuanto a la antigüedad que deben de tener, sin que hasta el momento se hayan aplicado multas por este concepto.
“La labor del departamento de inspección es aplicar las disposiciones, primero tienen que resolver los daños (el concesionario), tienen que aplicar la responsabilidad que tiene con los pasajeros, y debemos garantizar que si esa unidad va a volver a prestar el servicio, cumpla con las disposiciones. Al estar nosotros enterados del hecho, hay una revisión detallada de la unidad; esta no podrá circular hasta que cumpla las condiciones necesarias de seguridad para los usuarios”, aseguró Gabriel Valdez.
Una primera ruta troncal deficiente para el suroriente
Actualmente, los habitantes del suroriente tienen acceso limitado a las estaciones de autobuses de la primera ruta troncal del sistema de Transporte Rápido de Autobuses (BRT por sus siglas en inglés), ya que su recorrido en el suroriente solo contempla el bulevar Zaragoza.
Lo que debería ser un sistema de transporte rápido, hasta hace un mes implicaba una espera de más de una hora en las estaciones, así lo confirmó el titular de la SEDUE.
Lo anterior se debe a un déficit en el número de unidades que deberían de prestar el servicio, pues la primera ruta troncal operaba con sólo 8 unidades de las 60 con las que debería tener. Para tratar de enfrentar ese déficit, se permitió la circulación de 20 unidades por parte del operador, pero por el carril de extrema derecha, ya que no están acondicionados para circular por el carril confinado de la primera ruta troncal.
“Las unidades tienen puerta derecha, por esa razón, los usuarios están abordando en la banqueta. Estamos tratando de mejorar el sistema de recaudo en las 73 máquinas que están en las estaciones. Resolviendo eso, las unidades van a regresar al carril confinado”, aseguró.
Hoy, el Gobierno del Estado de Chihuahua continúa la construcción de una segunda ruta troncal del BRT, entre polémicas en distintos sectores de la sociedad e irregularidades en su construcción detectadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
La segunda ruta troncal fue una obra iniciada durante el gobierno estatal anterior, de Javier Corral Jurado, quien el 12 de julio, un par de meses antes de que termina su gestión, “inauguró las obras” sin terminar la construcción de las estaciones; esto como parte de una serie de inauguraciones llamada “Maratón de Obras”.
El proyecto de la segunda ruta troncal contempla la conexión con la primera ruta troncal, entre el bulevar Zaragoza con la avenida Tecnológico. De acuerdo con declaraciones anteriores del secretario de Obras Públicas del Estado, la segunda ruta troncal podría comenzar a funcionar entre febrero y marzo de 2022.
Dispersión urbana y mal servicio de transporte, dos piezas del mismo rompecabezas
Las periferias de la ciudad son las que presentan más problemas de accesibilidad al transporte público, considera la urbanista Marina Contreras. Dicha inaccesibilidad es el costo de una ciudad poco planeada en donde la mancha urbana ha crecido de forma desmedida, sin pensar cómo será conectada con el resto de la ciudad.
Por el crecimiento de la ciudad, las líneas de transporte público se han expandido sin planificar recorridos adecuados, dejando estas decisiones a discreción de los concesionarios.
“Primero la mancha urbana crece y solo después de que creció, es que se conecta con el resto de la ciudad. Esto no tienen una lógica de planificación, es alarmante la falta de regulación del Estado, ya que son los concesionarios quienes se autorregulan los tiempos de recorrido, así como el número de unidades que brindan servicio cada día. No hay una gestión adecuada”, consideró.
La investigadora considera que el problema esencial no es el transporte público, sino la dispersión urbana y la ubicación de las viviendas.
Ambos problemas, el mal servicio del transporte y la dispersión, son producto de una falta de planeación en donde se busca la maximización de ganancias de los productores de vivienda.
“Al no regular la localización de los fraccionamientos, se permite una ubicación cada vez más periférica. De la misma forma, al no regular las líneas de transporte, simplemente se van expandiendo alargando los recorridos, alargando el tiempo que las personas tienen que invertir en transporte público y no hablamos de un sistema articulado”, explica.
El transporte público como catalizador de la justicia espacial
La inaccesibilidad del transporte público, la mala calidad en el servicio y los tiempos prolongados de traslados a los que se enfrentan los habitantes del suroriente, fomentan la violación a distintos derechos humanos.
Un mal transporte inhibe el acceso a una vida plena, el ejercicio del derecho a la ciudad y sus consecuencias inhiben otros derechos, como acceder a un trabajo digno, acceder a la educación, entre otros derechos económicos y sociales relacionados a la espacialidad de la ciudad, considera Marina Contreras.
Para la investigadora, el servicio de transporte público tiene el potencial de ser un mecanismo de justicia espacial para quienes menos posibilidades de acceso tienen. Por ello, de cara a la construcción de la segunda ruta troncal del BRT, señala que se debe de pensar como un sistema articulado y no como líneas independientes.
No obstante, considera que la primera ruta troncal no demostró un ejercicio eficiente. Por su parte el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) considera que el derecho al transporte apenas se encuentra esbozado en el ámbito internacional de los derechos humanos, sin embargo, apunta a que debe considerarse como un bien social y cultural y no como un bien económico.
El instituto agrega que se deben de considerar elementos esenciales como la disponibilidad, la accesibilidad, asequibilidad, calidad, seguridad, equidad, sostenibilidad y no discriminación.
“Me gustaría que pensar en un buen transporte público, es pensar en mecanismos de acceso y de servicio del derecho a la ciudad. Si bien no todos necesitamos el transporte, lo que sí es cierto es que las personas más empobrecidas son las que más dependen de él”, puntualiza Contreras.
Personas como Carmen continúan a la espera de tener un transporte público digno y eficiente; una espera que se ha prolongado décadas.
Carmen, quien llegó hace 25 años a Ciudad Juárez, recuerda que el transporte público que usa a diario no ha sufrido grandes cambios, al contrario, considera que se encuentra en peores condiciones que hace dos décadas.
“Desearía un camión que esté con los asientos en condiciones, que no lleven demasiados pasajeros para que las personas mayores puedan tener comodidad al sentarse, simplemente un transporte en buenas condiciones”, dice.
