Ciudad Juárez, Chihuahua.— Como ciudadanas y ciudadanos nos toca vivir de primera mano todas las problemáticas de nuestra ciudad, desde las más graves y urgentes, hasta aquellas que con los años se han convertido en parte del entorno. En materia de infraestructura, Ciudad Juárez sobresale por la malas condiciones de sus calles, lo inaccesible de sus banquetas, obras públicas de mala calidad y una pobre planeación urbana. Al transitar por la ciudad es común ver baches y hundimientos, banquetas quebradas, muy estrechas o bloqueadas por vehículos, infraestructura obsoleta, y sin las condiciones necesarias para el paso de personas con discapacidad. Todos estos obstáculos nos impiden disfrutar de nuestra ciudad, desarrollarnos de manera plena y acceder a bienes y servicios que pueden mejorar nuestra calidad vida. En concreto: todos estos obstáculos violentan nuestro derecho a la ciudad.
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El derecho a la ciudad es un concepto relativamente reciente, pero no por eso menos importante. Y, de hecho, va de la mano con el resto de nuestros derechos. En términos generales, se refiere a la facultad que tienen todas las personas a disfrutar y hacer uso de manera equitativa de las ciudades. Esto contempla que se respeten y se reconozcan nuestras garantías civiles, políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales. Entre los principios que engloba el derecho a la ciudad se encuentra, en primer lugar, el garantizar que las personas puedan ejercer su ciudadanía. Es decir, todas las personas deben contar con una ciudad que les dé las condiciones necesarias para desarrollarse tanto individual como colectivamente, y de participar en las decisiones que impacten en su comunidad. En segundo está el reconocer que la ciudad y las viviendas tienen una función social. La ciudad es producida por las personas, no por las empresas ni el sector inmobiliario, por lo que los esfuerzos del gobierno y de la sociedad deben enfocarse en evitar que la tierra sea de unos pocos. Se necesitan leyes y sanciones para promover la tenencia de la tierra y su aprovechamiento; para evitar que haya terrenos enormes baldíos, esperando la plusvalía y la especulación; para buscar que todas las personas tengan oportunidades de acceder a espacios públicos y viviendas dignas. Todo esto, desde luego, dentro de criterios de equidad y sostenibilidad.
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En tercer lugar, se contempla la igualdad y no-discriminación. Esto quiere decir que ninguna persona, por ningún motivo, puede ser excluida de ejercer su derecho a la ciudad. Todas las personas deben gozar de las mismas oportunidades para desarrollarse, sin excepción. En cuarto lugar está la protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Estos grupos son conformados por personas que la sociedad y sus representantes han ido relegado históricamente, porque se considera que están fuera del estado “común” de las cosas: personas en situación pobreza, víctimas de violencia, con discapacidad, víctimas de migración forzada, que buscan refugio, con neurodivergencia, de la comunidad LGBT+, adultas mayores, y niñas, niños y adolescentes. Este principio establece que las ciudades deben poner el piso parejo para todas las personas, estén o no en esos grupos.
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El quinto aborda el compromiso social de los sectores empresarial y productivo. Es decir, se debe involucrar al sector privado dentro de la dinámica de las ciudades para que se comprometan a participar de ellas, desde un enfoque de solidaridad e igualdad. En sexto y último lugar, se tiene el impulso de la economía solidaria y las políticas impositivas progresivas. Esto se refiere a que las ciudades deben promover y garantizar los medios para una distribución justa de los recursos, y puede ayudarse de políticas sociales. A todo esto tenemos derecho como personas habitantes de una ciudad, como ciudadanía. Para ejercer este derecho se necesita de otros, que, a grandes rasgos, son aquellos que garantizan el involucramiento ciudadano en los asuntos públicos y los que promueven el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la ciudad mediante servicios y espacios públicos de calidad, además de viviendas y trabajos dignos.
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En nuestro país, solo la Ciudad de México tiene una Carta por el Derecho a la Ciudad, que incluso forma parte de su Constitución local. Sin embargo, el Estado Mexicano está obligado a acatar las disposiciones que deba para garantizar este derecho. Las ciudades son las unidades políticas mínimas que conforman un país, y son el nivel más cercano que tienen las personas para desarrollarse. Se necesita de confianza entre sectores y de sensibilidad de cada uno de ellos para llevar a cabo la tarea de garantizar este derecho. Los tiempos en que vivimos demandan actuar de una manera distinta a como se ha hecho todos estos años, y la exigencia por la garantía del Derecho a la Ciudad es un gran comienzo. Al final de cuentas, todo lo que nos une, se vincula a nuestra ciudad: se vincula a nuestro hogar. https://www.youtube.com/watch?v=8fiZ6qctdIo
