Ciudad Juárez, Chihuahua.— La diputada Leticia Ortega Máynez (Morena) presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para tipificar y sancionar en Chihuahua las denominadas ‘terapias de conversión’ o de ‘reorientación sexual’, debido a que violan los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+. La propuesta con carácter de decreto de la diputada de Morena busca reformar el Código Penal del Estado para imponer de 5 a 8 años de cárcel a quien someta a una persona a estas “terapias”, difunda o promueva sus “servicios”. Ortega Máynez destacó que Chihuahua tiene la obligación de legislar con enfoque antidiscriminatorio para prohibir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), debido a que tienen por objeto la restricción o el menoscabo de los derechos humanos, y son mayormente reprochables cuando tales prácticas se dirigen a personas con vulnerabilidad agravada, como niñas, niños y adolescentes (NNA).
“Las prácticas destinadas a lograr la conversión son inherentemente humillantes, denigrantes y discriminatorias. Los efectos que tienen la sensación de impotencia y la humillación extrema generan profundos sentimientos de vergüenza, culpabilidad, autoaversión e inutilidad que pueden menoscabar el autoconcepto y provocar cambios negativos permanentes en la personalidad”, indicó la diputada.
De acuerdo con la guía ‘Nada Que Curar’, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en México, los ECOSIG “son prácticas de diferente índole (sesiones psicológicas, psiquiátricas, consejería religiosa, entre otros métodos) con la intención de cambiar la orientación sexual de una persona específicamente de homosexual o bisexual a heterosexual (…) estos tratamientos o prácticas también pueden estar dirigidas a cambiar la identidad o la expresión de género de las personas trans”. Leticia Ortega dijo que los ECOSIG no son admisibles en una sociedad donde el faro que nos guía son los derechos humanos:
“Solamente a través de la inclusión de la diversidad sexual y de género en todos los espacios es que lograremos crear una sociedad en donde todas las personas gocen del respeto a la dignidad y libre desarrollo de la personalidad, sin violencia y discriminación”, dijo.
La iniciativa presentada busca emular a los congresos de la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California Sur, Yucatán, Colima y Tlaxcala, donde se han aprobado reformas a sus códigos penales para tipificar los ECOSIG. En 2017, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) concluyó que “dichas ‘terapias’ transgreden los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad personal y a la igualdad y no discriminación; además de que son fáctica y potencialmente dañinas al desconocer la diversidad sexual y estigmatizar la homosexualidad, contribuyendo a la persistencia de la homofobia”.
