*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Por Jonathan Álvarez y Favia Lucero Ciudad Juárez, Chihuahua.— El Municipio de Juárez pagó más de 41 millones de pesos a las empresas Castro Villarreal Asociados, y Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret, propiedades de Martín Carlos Castro Villarreal y Agustín González Cabrera, respectivamente; sin embargo, estas no demostraron tener capacidad operativa para prestar los servicios y no presentaron evidencia del trabajo realizado de acuerdo con los hallazgos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por lo que actualmente se encuentra abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía Estatal Anticorrupción de Chihuahua por posible desvío de recursos. Durante el proceso de investigación se encontró que la empresa Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret pertenece a dos exfuncionarios del Estado de México. Se trata de Agustín González Cabrera y Pedro Alberto Bouret, ambos trabajaron en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER), el primero como titular de la dependencia y el segundo como subdirector de vinculación interinstitucional. Durante el proceso de investigación se buscó en reiteradas ocasiones la voz del tesorero, Gerardo Ronquillo Chávez, quien contrató a las empresas. Se negó a hablar del caso argumentando que hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía Estatal Anticorrupción. 
350 mil cuentas por cobrar con solo dos líneas telefónicas: el caso Castro Villarreal
El 21 de septiembre de 2018, el tesorero del Municipio de Juárez, Gerardo Ronquillo Chávez, solicitó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizar la contratación por adjudicación directa de la empresa Castro Villarreal y Asociados, S.C. El propósito de dicha contratación fue la de prestar servicios para recuperación de adeudos del impuesto predial del año 2013 y años anteriores, del monto recuperado la empresa podría quedarse con el 22 por ciento como pago; otro rubro contemplaba recuperar los adeudos del impuesto predial de los años 2014 y subsecuentes a cambio del 9 por ciento de lo recuperado; por último, esta empresa tendría que recuperar los adeudos por multas federales, estatales y municipales de años anteriores y subsecuentes, por dicha operación la empresa se quedaría con un 20 por ciento. Dichas operaciones tendrían que haberse realizado entre el 01 de octubre de 2018 al 09 de septiembre de 2021, esta solicitud de contratación para casi tres años, fue autorizada por unanimidad por el Comité de Adquisiciones. De dicha autorización se hizo el contrato DCA/TM/006/2018 por el que se pagó 38 millones 544 mil 365 pesos a Castro Villarreal Asociados. Sin embargo, una de las primeras observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, es que dicho monto se pagó sin siquiera estar contemplado en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019. Una segunda observación fue que nunca se presentó evidencia del trabajo realizado. De acuerdo con el contrato, la empresa debió de haber presentado mensualmente reportes de las actividades realizadas; sin embargo no cumplió con este requisito. Así mismo, la empresa debía de contar con un sistema de localización de personas, pero esto tampoco fue validado. El anexo del contrato especifica que la empresa debía de contar con un “call center” para realizar la gestiones de cobro de un universo de 350 mil 387 cuentas de acuerdo con el auditor superior, sin embargo, al momento de la firma del contrato la empresa solo contaba con dos líneas telefónicas. De manera similar, la empresa debía realizar gestiones y notificaciones presenciales para el mismo universo de deudores, sin embargo para esta tarea, la empresa solo contaba con dos vehículos para realizar visitas domiciliarias. A pesar de que la empresa debió reportar mensualmente los avances en la recuperación de la cartera vencida, la tesorería municipal ni si quiera se los había solicitado hasta el día de la auditoría, “nos llama mucho la atención de que cuando solicitamos el soporte que justifica los pagos realizados, en lugar de entregarnos los reportes, la tesorería fue a solicitarlos al despacho, cuando en la práctica debería de haber obrado desde antes de la auditoría lo que nos indica que no hay evidencia de que el servicio se haya realizado”, indicó el Acosta Félix.
Una contratación innecesaria: caso Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret
En agosto de 2019, el Municipio a través de Tesorería Municipal contrató por medio de licitación pública a la Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret, su único competidor era el despacho Garbar y Asociados al cual rechazaron por no comprobar que contaba con un software especializado. El contrato finalmente fue adjudicado a la Consultoría Fiscal. De acuerdo con el contrato DCA/TM/151/2019 el objeto era recuperar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del Municipio. Al igual que la empresa anterior, esta tampoco logró comprobar que los trabajos fueron realizados. La consultoría, propiedad de Agustín González Cabrera y Pedro Alberto Bouret Jiménez, recibió 2 millones 923 mil 464 de pesos por servicios que no logró acreditar. De acuerdo con el auditor superior, Acosta Félix, la Ley de Coordinación Fiscal establece que cuando los gobiernos municipales y estatales pagan el impuesto sobre la renta tienen derecho a que la federación se los reintegre, por lo que no hay que realizar ninguna gestión externa a través de la contratación de despachos, ya que es “una devolución prácticamente automática”, por lo tanto, la contratación de este despacho se considera improcedente e innecesaria. Por estas observaciones, la ASE también presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción por posible desvío de recursos.
Un esquema de contratación que se repite
A pesar de que la Secretaría de Hacienda giró un oficio a todos los municipios de Chihuahua para que no contrataran despachos externos para la recuperación del ISR, por lo menos tres municipios del estado de Chihuahua omitieron la instrucción de la Secretaría y contrataron a empresas para realizar esta gestión. Además del Municipio de Juárez, otro municipio que contrató a la Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret fue Guachochi. Este municipio pagó 1 millón 272 mil 578 pesos a dicha empresa, la cual tampoco acreditó el trabajo realizado en este municipio. Con ese caso, el despacho contable de Pedro Alberto Bouret Jiménez y Agustín González Cabrera suma dos denuncias de hechos en los municipios de Juárez y Guachochi. Otros municipios que contrataron despachos contables de manera innecesaria y por lo cual la ASE inició denuncias de hechos fueron: Cuauhtémoc, que pagó 2 millones 632 mil 937 pesos al particular Arturo Díaz Zamudio, quien además no acreditó el trabajo realizado; y el municipio de Manuel Benavides el cual contrató a Manuel Servando Salcido Treviño por un monto de 343 mil 634 pesos.
Ex funcionarios públicos mexiquenses, los dueños de la empresa
La información sobre Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret en la internet es escasa, si bien se pueden encontrar documentos publicados por los gobiernos de otros estados en donde esta empresa está registrada como proveedora, la información institucional de la empresa permanece en las sombras. De acuerdo con una revisión exhaustiva, se logró encontrar la página de la empresa la cual luce desactualizada. Nadie atiende a la línea telefónica proporcionada en la página de la empresa, únicamente se activa un buzón de voz. En ella, se afirma que la empresa fue creada en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México por el contador Agustín González Cabrera y el contador Pedro Alberto Bouret Jiménez. Ambos, fueron funcionarios públicos en el gobierno estatal del Estado de México. Además, durante este proceso electoral, Agustín González fue candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena y Partido del Trabajo) a la presidencia del municipio de Lerma, Estado de México, elección que perdió ante el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Ramírez Ponce. Actualmente, Agustín González, mantiene una pugna por el resultado de la elección a presidente municipal, pues el pasado 13 de junio inició un juicio de inconformidad ante la Junta Municipal del Instituto Electoral del Estado de México. Agustín González fue alcalde del municipio de Lerma entre 2006 y 2009; y desde 2013 hasta 2017 fue el titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) del Estado de México. A su lado, se encontraba Pedro Alberto Bouret Jiménez, este último como Subdirector de Vinculación Interinstitucional de la CEMER. Ambos fundadores de la Consultoría Fiscal y Gubernamental, se desempeñaron como servidores públicos dentro de esta dependencia. 
Todo queda en el gremio
El tesorero municipal, Gerardo Ronquillo Chávez, quien solicitó la contratación de las empresas Castro Villarreal y Asociados, S.C. y Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret, S.C., pertenece al gremio nacional de contadores públicos que encabezan un despacho contable. A pesar de que en su currículum vitae el Municipio informa que Ronquillo Chávez tiene una carrera trunca, él ha estado al frente de despachos contables como Roch Asesores, S.C. de la cual fue director general, y de Ronquillo y Asociados del cual es fundador. El tesorero del Municipio de Juárez es originario de la Ciudad de México y asumió la tesorería municipal el 15 de marzo de 2018, luego de que Óscar Pérez Pérez renunciara al cargo. En su cuenta de Facebook, el tesorero quien no respondió a las distintas solicitudes de entrevista, mantiene una relación de amistad con Pedro Alberto Bouret Jiménez, dueño de la Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret. Ambos estudiaron en la Ciudad de México; Ronquillo Chávez estudió en la Escuela Superior Bancaria y Comercial, mientras que Bouret Jiménez estudió en la Universidad ICEL, ambas ubicadas en la Ciudad de México. La Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret se encuentra registrada ante la Notaría Pública número 123 del Estado de México y tiene su domicilio en San Miguel Totoltepec, Toluca, Estado de México. Esta empresa ha prestado servicios de contaduría a distintas instituciones en el Estado de México, entre las que se encuentran la Universidad Autónoma de Coahuila, El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, por servicios también relacionados con la gestión y recuperación del Impuesto Sobre la Renta. Por su parte Castro Villarreal Asociados, propiedad de Martín Carlos Castro Villarreal tiene operaciones en Ciudad Juárez, la Ciudad de México y en el Estado de México, de acuerdo con su página web. En Chihuahua fue contratado por el Municipio de Juárez y está inscrito en el padrón de proveedores del gobierno del estado de Chihuahua. En 2019, concursó en una licitación pública de la Ciudad de México para prestar servicios de apoyo en materia fiscal, sin embargo, el despacho no fue contratado por no contar con la documentación legal y administrativa. De acuerdo con su página web, este despacho tiene su sede en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y en 2014 crearon una unidad especializada en la recuperación de cartera vencida, fecha en la que se comenzó a vincular con otros despachos y gobiernos del país de acuerdo con la información vertida por la misma empresa. Para Sergio Meza de Anda, director de Plan Estratégico de Juárez A.C., este tipo de actos se hacen con dolo, con el propósito de desfalcar las arcas municipales y no se trata de simples omisiones, “son decisiones que están tomadas desde lo más alto de la pirámide del gobierno municipal”. El director de la organización, que esta administración municipal encabezada por Armando Cabada Alvídrez, ha simulado la legalidad en muchas de sus operaciones “Son actos con la intencionalidad profunda de desfalcar a la ciudad, esta administración ha resultado ser una maestra en el acto de simular la legalidad (…) es una intencionalidad clara de no querer recuperar la cartera vencida y de ver todas las circunstancias como oportunidad para sacar algo”, puntualizó.
